La Cámara Federal porteña rechazó este miércoles dos planteos de los ejecutivos de la empresa Correo Argentino SA, de la familia Macri, quienes habían solicitado al tribunal que cierre la investigación penal que involucra al Presidente y a miembros de la compañía por la falta de avance en el expediente.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun descartaron que la causa no haya avanzado durante los últimos dos años y también rechazaron otra presentación que pedía anular las citaciones a indagatorias en el caso.
Para entender el alcance de la resolución, hay que retrotraerse a las indagatorias realizadas por el juez federal Ariel Lijo a los abogados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, de la firma Correo; al ex ministro de Comunicaciones Aguad –hoy a cargo de Defensa- y a Juan Manuel Mocoroa –director de asuntos jurídicos de ese ministerio-.
Las citaciones se cumplieron, pero las defensas de dos directivos de Correo Argentino había planteado una «excepción de falta de acción por inexistencia de delito», la nulidad de las indagatorias y el sobreseimiento de sus defendidos.
Aseguraron que la cifra de $70.163.910.895 utilizada por la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín para graficar la quita que representaba la propuesta aceptada por el Estado nacional era «absurda», resultado de un procedimiento «inédito», marcado por «errores conceptuales y jurídicos».
Según sostuvieron, «el valor de la deuda por cánones de Correo Argentino S.A. oscila entre $528.800.216,35 y $651.321.558,21″, según la tasa de interés que aplique, y por ello «los porcentajes de la quita rondarían el 44% y el 54,5%, pero jamás el 98,87%.
Lijo rechazó el planteo. Las apelaciones llevaron el caso a la Cámara Federal. Este miércoles, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia entendieron que había que respaldar la decisión del magistrado y dieron un paso más: solicitaron que se determine si efectivamente el monto establecido por la fiscal Boquin es correcto, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Lijo deberá orientar la investigación para determinar si hubo una «quita abusiva» de la deuda entre el Correo Argentino SA y el Estado, tal como lo afirmó la fiscal cuando se opuso al acuerdo.
Ese entendimiento finalmente no se concretó y aún está siendo debatido entre las partes. Pero la intervención de la fiscal Boquin dio origen a la investigación penal que sustancia el juez Lijo y en donde el ex fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri.
Por otro lado, los camaristas en su resolución dieron vía libre para que el magistrado pueda decidir si procesa o no al ministro de Defensa, Oscar Aguad, citado por sus decisiones durante su gestión como ministro de Comunicaciones; al subsecretario Juan Manuel Mocoroa; al presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y al abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher.
Aguad fue indagado a fines de marzo por el caso en el que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri realizó un acuerdo en detrimento del Estado con Correo, una empresa de la familia presidencial. Es el primer y único ministro en funciones de Macri en ser indagado en una causa por presunta corrupción.
