Mientras el Congreso discute la ley Bases con su correspondiente capítulo referido a la cuestión impositiva del sector tabacalero, en medio de fuertes acusaciones a diputados bonaerenses de distinto color político por presunto lobby a favor de la Tabacalera Sarandí, la Afip consiguió nuevo fallo favorable contra la operatoria de la empresa rosarina, cuyos más de 300 empleados están a punto de perder el trabajo, al cumplirse si novedad los 30 días de suspensión, prorrogables por otros 30, definidos el pasado 29 de febrero.
La Sala B de Cámara Federal de Rosario destacó, por unanimidad, que el fisco mantuvo su postura recaudatoria sin contradicciones desde que la empresa tabacalera comenzó su actividad, descartando además cualquier animosidad en la conducta desplegada por el fisco contra la contribuyente, se informó.
Los magistrados que firmaron el fallo, este 25 de abril, fueron Aníbal Pineda, Élida Vidal y Silvia Andalaf Casiello.
“Con este fallo, ya son 8 los jueces federales de la provincia que rechazaron cautelares de las tabacaleras contra la ley vigente que fija el impuesto mínimo al cigarrillo”, destacaron desde la Cámara Federal de Rosario, que ya había fallado de la misma forma con anterioridad.
En primera instancia, la jueza Sylvia Aramberri había rechazado el 13 de diciembre pasado la medida cautelar presentada por la empresa, cuya planta funciona en el barrio Nuevo Alberdi, la que alega que el llamado impuesto mínimo la obliga a dejar de producir, habida cuenta de que el valor de sus productos en el mercado es inferior al monto que establece la ley votada durante la gestión Macri como impuesto fijo para cada paquete.
El impuesto en cuestión
Precisamente es esa ley la que fue objeto de controversias en las últimas semanas, cuando el nombre del empresario bonaerense Pablo Otero se hizo frecuente en los medios nacionales, desde que el presidente Javier Milei lo llamó “el señor del Tabaco”, y que hasta gobernadores como el salteño Gustavo Sáenz apuntara contra el dueño de tabacalera Sarandí por actuar en connivencia con diputados nacionales para torcer el brazo al gobierno libertario, que busca elevar el porcentaje del impuesto y favorecer a las economías regionales, enunció este mandatario.
En síntesis: la modificación que impulsa el Ejecutivo nacional sube el impuesto a las multinacionales, y a la vez permite que las pymes funcionen pagando sus impuestos sin necesidad de que la Justicia intervenga para que puedan trabajar. Sarandí ha logrado una y otra vez cautelares, cosa que en la provincia de Santa Fe no ha sucedido: la firma For Men de la capital provincial debió cerrar y ahora va en el mismo camino Bronway, salvo que el Congreso convierta en ley el proyecto mileista.
En este contexto enrarecido, en la que el propio Otero acusa a periodistas “ensobrados” de los principales medios nacionales de hacer lobby en su contra, la Cámara Nacional del Tabaco, que aglutina a las pymes del sector, presentó una denuncia penal por el presunto pago de una coima de 4 millones dólares a legisladores para que quiten el capítulo fiscal de la ley Bases.
¿Aparecieron valijas?
Este lunes, la diputada salteña Pamela Calletti volvió a la carga contra el lobby bonaerense y fue dura con sus apreciaciones en el recinto, en pleno debate de la norma: pidió que no se suprima la modificación del impuesto al tabaco, debido a que representa una millonaria recaudación para el país: «Existen cuestiones que se pretenden suprimir en el debate y no estamos de acuerdo que se saquen y estoy hablando de la modificación del impuesto al tabaco».
«El propio presidente habló de coimeros, de valijas, de lobby y resulta que desapareció del tratamiento. ¿Aparecieron valijas? Queremos que se trate. El Congreso tiene la oportunidad de terminar con una injusticia que representa una pérdida de 1 billón de dólares. No es solamente Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Corrientes, Chaco y Catamarca, es toda la Argentina», señaló.
Y agregó de inmediato: «¿Cómo se explica que no queramos que el sistema sea justo? Queremos que se vote, que sepamos quiénes quieren que la Argentina deje de recaudar. Esperemos que podamos dar este debate, jamás vamos a convalidar medidas que perjudiquen a las provincias».
