El gobierno reformulará el sistema jubilatorio. Reemplazará el sistema actual de reparto por una pensión universal a la vejez, con un haber a definir, y por encima de eso establecerá las jubilaciones de acuerdo con los aportes efectuados durante la vida laboral. De ese modo, la administración de Mauricio Macri buscará poner fin a la catarata de juicios que subsisten por falta de ajuste de los haberes en función del 82 por ciento móvil de los ingresos percibidos como activos.
El cambio irá en línea con el fin de las moratorias que habían lanzado las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, mediante las cuales la Argentina mantiene la más alta tasa de cobertura previsional de la región con más del 90 por ciento de adultos mayores alcanzados. En el gabinete económico explicaron que una vez finalizadas las moratorias vigentes, se impulsará un proyecto de ley para reemplazar el sistema actual. La clave, todavía no develada por los funcionarios, será el valor de la pensión universal que deberían percibir los que no hicieron aportes o no alcanzaron los mínimos necesarios para retirarse. De ser equivalente al actual haber mínimo, desde marzo en 4.949 pesos, y fijar por encima los valores de los haberes para los jubilados en situación regular, la medida implicará un desembolso mucho mayor que el actual por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés.
Este domingo, el ministro de Trabajo Jorge Triaca dio algunos indicios del cambio: “El sistema de reparto tiene que tener modificaciones”, le dijo a Radio Del Plata. Y explicó que a partir de las moratorias y la falta de actualización de los haberes de manera proporcional en los primeros años de la administración de los Kirchner, cuando comenzaba a sentirse con fuerza la inflación, “se fueron achatando las escalas de distribución de las jubilaciones”. Es decir, que los que habían realizado aportes empezaron a percibir jubilaciones similares a los que ingresaban al sistema por moratorias.
El funcionario descartó una vuelta del sistema privado de capitalización a través de las AFJP, pero adelantó que se apuntará a un mayor “reconocimiento de los aportes” por un criterio de proporcionalidad. “Queremos darles a los que no tuvieron la oportunidad (de un trabajo formal) el beneficio básico, pero a los que aportaron todos los años darles un reconocimiento de esos aportes”, añadió.
Para el economista Claudio Lozano, el éxito de la medida dependerá del valor que se les reconozca a los beneficiarios de la nueva pensión universal. “Si reciben el mínimo actual y después establecen una verdadera capitalización, regulada por el Estado y en la que puedan competir la banca pública con la privada, puede ser interesante. Temo en cambio que quieran poner un valor muy bajo a una población impedida de hacer juicios (por no contar con aportes) a cambio de resolver la litigiosidad de quienes hicieron aportes”, sostuvo.
