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Cambio Climático: mucho recelo y políticas públicas

Cada vez hay más indicios de que la ciencia climática no ha exagerado los síntomas de una crisis que por mucho excede a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y al calentamiento global.

Cada vez hay más indicios de que la ciencia climática no ha exagerado los síntomas de una crisis que por mucho excede a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y al calentamiento global.

Por tal motivo, asumimos que nos encontramos frente a un cambio ambiental global que pone en evidencia las transformaciones ocurridas y potenciales en distintos ecosistemas que componen la tierra y que tienen al hombre como origen.

Este cambio ambiental global aglutina no sólo al cambio climático sino también a otros dilemas con efectos sinérgicos que integran la agenda ambiental como la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la contaminación de las aguas y suelos y la afectación a la capa de ozono, entre otros.

El cambio climático desafía los modos de vida sobre el planeta tal como los conocemos en la actualidad. El incremento de los fenómenos extremos como tormentas, inundaciones y las olas de calor, son sólo algunos ejemplos de un proceso generalizado.

Tal como afirman los científicos que componen el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (Ipcc), en su informe AR5 de 2014, responder a los riesgos conexos al clima implica tomar decisiones en un mundo cambiante, con una incertidumbre creciente en lo relativo a los impactos de este fenómeno y los límites que encontramos en las políticas de adaptación.

Límites en términos de conocimiento, en materia tecnológica, de reconocimiento y oportunidad política y límites presupuestarios, entre otros.

La última encuesta mundial realizada por el Pew Research Center muestra que el 61 por ciento de los participantes consideran que el cambio climático y sus efectos devastadores son la amenaza más significativa en la actualidad.

De los 38 países que participaron de la encuesta, el cambio climático figura como principal amenaza. Entre los mismos destacan Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Canadá, España, Suecia, Kenia, Senegal, Sudáfrica y Tanzania. Cabe notar que, a su vez, se trata del tema de mayor preocupación en la región de América Latina, donde otros temas como el terrorismo y la situación del Estado Islámico, se perciben más lejanos.

En paralelo a la búsqueda de respuestas multilaterales y cooperativas a nivel internacional para enfrentar esta problemática, se ha generado durante los últimos años una ola de escepticismo respecto de estas transformaciones climáticas globales y sus efectos adversos. Dicha ola de escepticismo tiene en Estados Unidos su epicentro, y a su presidente como uno de sus principales referentes. La asunción de Donald Trump no sólo ha tenido como resultado el anuncio del retiro de su país del Acuerdo de París, adoptado en 2015 luego de una década de negociaciones.

La administración norteamericana ha negado las conclusiones de la ciencia climática y ha procurado desacreditar el proceso multilateral en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hemos escuchado y leído que el Acuerdo de París perjudica a los norteamericanos y su estilo de vida.

Sin embargo, los efectos adversos del cambio climático ya han perjudicado más a los norteamericanos que el mencionado documento.

La ola de calor en California dejó un saldo de seis muertes y mostró la capacidad limitada del Estado para hacer frente a este tipo de eventos, dejando a miles de personas sin electricidad; el huracán Irma diezmó la población del Caribe, impactando brutalmente a Dominica, República Dominicana y Santa Lucía y afectando al Estado de Florida; el huracán Harvey causó inundaciones en Texas y dejó más de 70 muertes. Tanto Irma como Harvey han costado a los Estados Unidos más de 200 mil millones de dólares hasta el momento (Datos del WRI).

Un conjunto de 300 científicos de Estados Unidos, guiados por miembros del Comité Asesor Federal, elaboraron un informe titulado “Evaluación Climática Nacional”, que resume los impactos del cambio climático en dicho país en la actualidad y para el futuro. Entre los efectos coincidentes con las conclusiones del Ipcc, se evidencia el incremento de las temperaturas promedio, especialmente en la última década, que ha sido la más cálida, siendo 2012 el año record. También se identifican cambios reveladores en las precipitaciones de hasta el 70 por ciento en los Estados del noreste como Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania y West Virginia.

Por otra parte, los científicos han comprobado que desde 1992, el promedio del incremento del nivel del mar se ha duplicado en comparación con el siglo precedente y se proyecta un incremento de entre 30 y 120 cm para este siglo.

A diferencia de experiencias previas como el Protocolo de Kioto, han sido muchos actores gubernamentales y no gubernamentales –especialmente de Estados Unidos– que han anunciado que seguirán cumpliendo los compromisos hacia una sociedad de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Ello, independientemente de la decisión de la Casa Blanca respecto al Acuerdo de París.

Los niveles de conciencia ambiental y climática son cada vez más trascendentes y esto favorece que los gobiernos tengan menor margen de maniobra para vaciar de contenido a las políticas ambientales. Además, el compromiso del sector privado con la transición energética es crecientemente relevante. Incluso con la adaptación.

El grado político alcanzado en París no hubiera sido tal si los negocios no hubieran favorecido dicha transición. Así como tampoco se habría logrado sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que traccionaron la urgencia de un acuerdo internacional.

Junto con las noticias sobre los efectos devastadores del cambio climático ha emergido el flamante anuncio de Nicaragua, que finalmente firmará el Acuerdo de París, convirtiendo al documento en universal, teniendo en cuenta que sólo Siria no lo ha suscrito.

Es nuestra responsabilidad que un logro internacionalmente tan significativo como un acuerdo de esta envergadura sea implementado por nuestros gobiernos en todos los niveles, a través de un proceso de construcción de políticas públicas participativa.

*Profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora de Conicet. Negociadora del Acuerdo de París por Argentina.

Espacio de colaboración entre este diario y la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales para promover la reflexión y opinión de los asuntos globales.

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