La Subsecretaría de Transporte Automotor declaró de interés regulatorio el transporte automotor de carga de granos por carretera, dispuso el establecimiento de una tarifa indicativa y creó el Registro de Infractores.
Así lo resolvió mediante la disposición 36/2012, publicada hoy en el Boletín Oficial, que busca hacerla «compatible» con el resto de las actividades de la cadena de comercialización de granos.
Para ello, indicó que se establecerá una «tarifa indicativa con un piso de menos un cinco (5%) por ciento y un tope incremental máximo del quince (15%) por ciento».
La Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) -aclara- «podrá elevar propuestas del valor tarifario para ser consideradas por la autoridad de aplicación como así también otras entidades».
La medida se inscribe en un conjunto de normas acordadas el pasado jueves entre la dependencia y la entidad empresarial, que permitieron destrabar el conflicto que paralizó el transporte automotor de carga.
En sus considerandos, la norma recuerda que «el transporte automotor de cargas de granos de jurisdicción nacional constituye una actividad esencial en la cadena de comercialización».
Según la Subsecretaría, «existe una cantidad importante de pequeños y medianos transportistas que se ven sometidos a una situación desigual al momento de establecer los precios de los fletes con sus dadores».
«Se ha llegado a una situación de emergencia que requiere una intervención inicial por parte de la autoridad competente en la materia», advierte, y considera que «resulta dable adoptar mecanismos extraordinarios que permitan ir brindando soluciones a la problemática del sector».
Por otra parte, establece que el control de cumplimiento será ejercido por esa dependencia con la participación de FETRA; y aclara que los transportistas de granos podrán denunciar a aquellos actores que no cumplan (Transportistas; Cámaras; Acopiadores; Industrias; Dadores y Tomadores de Cargas; y cualquier otro intermediario en la operatoria de fletes).
Para ello, dispuso la creación del Registro de Infractores, así como un Comité de Resolución de Conflictos, en el cual tendrán participación los actores involucrados.
