El 3 de junio de 2015 Mariana Caminotti llegó al Congreso Nacional y sintió que estaba siendo parte de un momento histórico de la Argentina. No era la primera marcha a la que iba, ni sería la última, pero en las más de 20 cuadras llenas de mujeres, lesbianas, travestis y trans sintió que estaba ante un punto de quiebre. Hoy recuerda el primer Ni Una Menos como algo “absolutamente impactante e inesperado” y lo define como un parteaguas en la historia del feminismo argentino. Tiene 47 años, es politóloga, se define como feminista y está a cargo de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, un área que fue jerarquizada en la gestión del intendente Pablo Javkin. Los últimos 18 años vivió en Buenos Aires, donde trabajó como docente de la Universidad de San Martín y fue investigadora de Conicet. Durante su vida profesional se especializó en temas de género y política. Rosario fue uno de los casos que estudió y al que definió como pionero en políticas de género. En diálogo con <El Ciudadano> conversó sobre distintos temas de la agenda de los feminismos y su vínculo con la política.
—¿Cómo llegaste al feminismo?
—Una puede ser feminista desde distintos espacios. En mi caso fue desde el ámbito académico por mi objeto de investigación que era la participación política de las mujeres. No fue lo primero que investigué, antes pasé por otros temas. Cuando hacía el doctorado en Ciencia Política empecé a abordar esta temática por las idas y venidas entre el Estado y la Academia. Me tocó trabajar entre el 2003 y el 2005 en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Empecé a trabajar en un proyecto del Área de Política Latinoamericana y comencé a investigar el continente. Me llamó la atención la enorme disparidad de representación política de mujeres que había en Argentina y Brasil. Eso dio pie a un primer proyecto de investigación donde comparé la trayectoria de los dos países en cuanto a las leyes de cuotas de género, que acá se conoce como cupo. La investigación dio origen a un libro que se llamó “Las legisladoras” y desde ahí el tema me atrapó para siempre. Nunca dejé de investigarlo.
Por otro lado, tomé conciencia sobre la desigualdad de género dentro de mi propia disciplina. La ciencia política estudia las dificultades que las mujeres han tenido para participar en política. Eso me hizo tomar conciencia de las dificultades de las politólogas. Es una disciplina sesgada y ciega al género, a diferencia de otras de más tradición en las ciencias sociales. Cuando me tocó hacer mi formación era muy complicado el tema. Me preguntaban “¿para qué vas a estudiar eso?”. Como si fuera sólo un detalle de la historia y no una perspectiva que permite mirar las relaciones de poder en su conjunto. No están hablando de un detalle, es el corazón de las relaciones de poder. En los últimos años eso cambió. El Ni Una Menos fue un parteaguas en muchas cosas. Explotó la cantidad de politólogas jóvenes que están trabajando este tema. Antes, en las mesas de género de los congresos de Ciencia Política éramos 4 o 5 organizando, y hoy son masivas y con varias en paralelo.
—¿Cómo leés el feminismo argentino?
—Es un movimiento muy diverso que logró una capilaridad muy fuerte y que es una referencia para la región. En América latina generó discusiones y formas de acción que se reconocen como referencia. Por mi actividad viajé mucho y en los últimos dos o tres años notaba el interés que despertaban los sucesos de Argentina en la región. El feminismo argentino ha sido un faro en los últimos años. Tanto el Ni Una Menos como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito son ejemplos de una articulación y de una capacidad de agenda e incidencia política muy fuerte. Incluso estuvo a la delantera de la agenda política. Muchas de las reformas y legislaciones de los últimos años tuvieron que ver con el empuje del feminismo para poner esos temas en la agenda pública.
—Hubo muchos debates sobre cuál es el sujeto histórico del feminismo. ¿Cuál es tu lectura?
—Me identifico con un feminismo amplio que trata de articular. Si bien no es sencillo porque hay tradiciones y demandas políticas diferentes, las luchas de las mujeres y la diversidad sexual están hermanadas y cuestionan un sistema patriarcal y heteronormativo. Es una lucha por la transformación de las relaciones sociales de todas las personas. Por eso, en el debate sobre si tienen que ir hombres o no a las marchas puedo entender la posición de exclusión pero mi mirada es que tienen que estar incluidos, no como protagonistas claro, pero sí como sujetos que tienen que estar interpelados e integrados para repensar su modo de ser varones. Cuando hablamos de género, las políticas de masculinidades son fundamentales. De lo contrario, estamos trabajando sobre los derechos de las mujeres y disidencias, que requieren cambios relacionales, pero no estamos tocando a una parte fundamental que son los sujetos que deben ser transformados.
—Estudiaste la participación política de las mujeres y la incidencia de leyes como cupo o paridad. ¿Qué cambios generan estas normas y qué respuesta darías a quienes relativizan su impacto con el argumento de la meritocracia?
—La gente que dice eso no sabe cómo funciona la política. Cualquier persona que haya estado en un ámbito político sabe por experiencia que no es meritocrática. A igualdad de condiciones llegan varones, no mujeres. Es así acá y en casi todo el mundo. Actualmente hay ley de cupo en más de 50 países y muchos tienen esa legislación al interior de los partidos. Cuando se discutió la ley de cupo en 1991 no había antecedentes en el mundo. Argentina fue pionera porque fue el primer país que obligó a los partidos políticos a incluir mujeres en las listas. Y es muy interesante cómo se gestó ese proyecto. Fue el primer proyecto de ley de la era democrática que surge de manera transpartidaria entre las mujeres. Lo empieza un grupo radicales lideradas por Margarita Malharro de Torres y lo trabajan en alianza con senadoras peronistas. Cuando la media sanción pasa a Diputados, la toman un conjunto las diputadas radicales, peronistas y de otros partidos. La ley sale por una presión transversal y de origen a una red de feministas políticas. Para ponerlo en números, después de la primavera democrática y el rol fundamental que tuvieron las mujeres en el movimiento de derechos humanos con las madres y las abuelas como actrices políticas fundamentales, la representación política de las mujeres en las Cámaras era de menos del 10 por ciento. Cuando se sanciona la ley, saltó al 30 y de ahí no bajó más. Tuvo que haber una ley para que las mujeres entraran al Congreso. Los cambios sociales no son automáticos, son necesarias las leyes. Una vez que se sancionó y se empezó a aplicar, tuvo 10 años de trabas. Empezó un proceso de judicialización, hubo varios decretos reglamentarios, hasta que vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se sancionó un decreto reglamentario sobre cómo se distribuyen las bancas de manera detallada. Recién ahí se pudo reglamentar porque los partidos buscaban no cumplirla. Y nadie puede decir que en los partidos políticos de Argentina no hay mujeres, ni en el 83, ni en el 91, ni hoy.
—¿La llegada al poder legislativo tuvo un correlato en el ejecutivo?
—Uno de mis últimos trabajos académicos fue de comparación de carreras políticas de legisladoras feministas, es decir, de mujeres que habían presentado o promovido proyectos de ley que no sólo den derechos sino que piensen en sujetos autónomos y libres para cambiar las relaciones patriarcales. Encontramos que tienen chances de carrera política, es decir, son reelegidas. Fue un hallazgo sorprendente. Entonces, el cupo mejoró las oportunidades de las mujeres en el poder legislativo pero no se tradujo en los gabinetes o en que hubiera más intendentas o gobernadoras. Tenemos uno de los Congresos con más mujeres del mundo pero uno de los porcentajes de intendentas más bajo de América Latina. No se traduce de la arena legislativa a la ejecutiva. El poder Ejecutivo sigue siendo un lugar difícil de acceso porque un intendente tiene mucho poder para manejar recursos. Por eso, formar un gabinete paritario no es automático. Si no hay una voluntad política fuerte, aun cuando tengas mujeres que tuvieron carrera política, los espacios no se crean.
—¿Cómo viste la llegada de las jóvenes y de lo que se llamó “la revolución de las pibas” a la política?
—Es sumamente importante en la democracia porque son cambios que democratizan. Tener actoras nuevas en lugares de poder, mostrar que las jóvenes tienen los mismos derechos que mujeres con más trayectorias porque tienen una mirada diferente y son representativas de un movimiento social y de una agenda, me parece que es un cambio positivo y auspicioso. Estamos siendo contemporáneas y creo que el sentido de transformación lo vamos a entender cuando podamos mirar para atrás. Me parece que la movilización tuvo un rol fundamental. Sin la presión social, el debate del aborto no hubiese sido posible. Y ahí se da una confluencia entre el tema de la violencia de género y el aborto, con el Ni Una Menos y la Campaña, a lo que se suman los Encuentros Nacionales de Mujeres como plataforma de construcción de políticas que es una luz para América Latina. Estos cambios se tienen que mantener con militancia porque lo que se logra con activismo se tiene que mantener con activismo. Necesitamos legislación de paridad porque da derechos, pero es necesario el activismo para que las legislaciones no queden rengas. La movilización de las mujeres genera una conciencia mayor de lo que es políticamente admisible y correcto, y sostiene estas normas.
—¿Es diferente la forma de construcción de poder desde el feminismo en relación a la política tradicional?
—Hay todo un debate sobre si existe un liderazgo político femenino o una forma femenina de hacer política y yo prefiero decir feminista. No es esencial o biológico, tiene que ver con una concepción, un sistema de valores y una forma de entender el poder. En la organización Ojo Paritario donde me tocó trabajar, por ejemplo, había mujeres de distintos partidos, desde socialismo, peronismo, radicalismo hasta el massismo. Afuera había muchos desacuerdos, pero a la hora de trabajar se daba una construcción fabulosa de poder. Era sorora: de apoyarse y de acompañarse. Eso es una novedad respecto de cómo se construye la política tradicional. Durante muchos años la Comisión de Mujer, Niñez, Familia y Adolescencia del Congreso funcionó como una red feminista dentro de la Cámara de Diputados con lazos de solidaridad entre las mujeres. De hecho, la construcción es más sencilla entre partidos que dentro del propio espacio político, donde la competencia aparece con más fuerza porque son pocos los espacios para las mujeres. Eso pone ruido en este tipo de relaciones más horizontales, solidarias y sororas. Pero creo que hay una diferencia cuando se viene desde una concepción feminista. Es algo que he visto y he estudiado, no una sensación. El desafío es que otras prácticas políticas tradicionales no te absorban.
—Uno de los debates de los últimos años dentro del feminismo fue el del punitivismo. ¿Qué lectura hacés?
—Me parece que es importante entender nuestra lucha por los derechos de las mujeres y disidencias como lucha por los derechos humanos. Tenemos una Justicia en la cual muchas veces no creemos, que es lenta o no responde de una manera adecuada. Frente a eso podemos entender por qué surgen posiciones punitivistas, pero nunca hay que perder el norte del estado de derecho. Hay un borde difícil ahí. Defender el orden democrático es defender el estado de derecho porque es lo mejor que tenemos para la protección de las víctimas. Obviamente que hay zonas grises, hay casos que indignan y que nos hacen presumir que una persona es culpable y hay mucha visceralidad en esto, pero también es importante encausar los procesos sociales hacia una demanda de justicia. Mejoremos el sistema de Justicia pero no vayamos por afuera porque entramos en un terreno complicado. También hay que ver las situaciones en contexto. Se entiende cómo se llega a posiciones que son cuestionadoras de esos límites pero creo que hay que fortalecer los canales institucionales.
—En esa formación aparece la Ley Micaela como una de las formas de generar cambios sociales. ¿Qué opinás de la ley?
—Es una herramienta fabulosa que tenemos en Argentina. Implica un trabajo sistemático que nos exige a todos los niveles del Estado. Tenemos que hacer un trabajo continuo, planificado, monitoreado y que sea medible respecto de la formación de personas de todas las áreas estatales. En el Poder Judicial es fundamental porque cualquier juez o jueza que tenga que fallar en casos de género tiene que tener una formación sólida, no puede ser una cuestión de sensibilidad o no de la persona que esté de turno. Lo mismo para todos los poderes del Estado. En la Municipalidad es una de las líneas más importantes de trabajo de la Secretaría. Hay compromiso del intendente de implementarla con un programa sistemático, no sólo cursos de capacitación. Mi objetivo es que el Estado pueda saber qué pasa con esas capacitaciones, que no nos quedemos tranquilas con capacitar a 2 mil personas, sino pensar qué hacen las personas que trabajan en el Estado con eso, ¿Qué cambios trae? ¿Qué vacíos podemos encontrar a partir de la formación? ¿Faltan protocolos o están bien los que hay? Tenemos que poner al personal a reflexionar, que no sean agentes pasivos que reciben un curso sino agentes activos que se forman para transformar.
—¿Creés que la creación de esta Secretaría, los ministerios a nivel nacional y en Buenos Aires son la cosecha de estos últimos años del feminismo?
—Claramente estos cambios institucionales que estamos viendo son respuestas políticas ante una realidad que los movimientos han puesto sobre la mesa. Muchas veces ocurre que hasta que no hay un movimiento social fuerte que empuja y pone visibilidad, los derechos de las mujeres y los colectivos de diversidad no se garantizan. Muy pocas las veces la vanguardia viene de la política y no de la sociedad civil, al menos en esta agenda. Que se jerarquicen este tipo de áreas tiene que ver con esa militancia. Desde la política puede hacerse eco o no. Los ministerios y esta secretaría son buenos ejemplos de proyectos políticos que dan cuenta de una lectura de ese cambio social que se viene gestando.
—¿Cuál va a ser el vínculo de la Secretaría con el movimiento feminista rosarino?
—Quiero que sea una Secretaría con las puertas abiertas al movimiento feminista y que podamos construir diálogos y tender puentes. No creo que se puedan hacer políticas de género sin diálogo fuerte con los movimientos sociales. Cuando hablamos de políticas de género, un riesgo es que se vuelvan tecnocráticas y se piensen desde un escritorio. El conocimiento técnico es fundamental pero si no tenés un diálogo constante con el movimiento social te aislás de las demandas. Esa construcción, que desde la academia llamamos multisituada, es de feministas por todas partes. Son redes que se arman de mujeres en lugares claves que operan para producir cambios sociales. Rosario es un ejemplo. La política de género se construyó desde los 80 en esa transversalidad de mujeres en el Estado, las organizaciones, la salud, etc. El Concejo también es un ejemplo de esa construcción. Hoy tenemos una comisión de feminismo que genera una enorme expectativa de trabajo conjunto. Esto no significa que no haya tensiones ni que estamos de acuerdo en todo. La agenda de las mujeres no es despolitizada, al contrario. Desde distintas miradas políticas tenemos que construir proyectos que nos permitan sumar fuerzas para transformar los derechos.
