Los comisarios Sergio Vergara y Sergio Fernández, ex jefe y subjefe de la Unidad Regional I de la Policía provincial, fueron procesados anteayer en el marco de la causa que investiga el hallazgo un año y medio atrás de 1,6 tonelada de marihuana en un camión en la localidad de Arroyo Leyes, en el departamento La Capital, trascendió ayer en la ciudad de Santa Fe. El juez federal Reinaldo Rodríguez, quien en principio los había sobreseído, los terminó encausando luego de que la Cámara Federal de Rosario lo amonestara en forma severa. El caso tiene a otros diez uniformados, entre ellos dos comisarios más, en similar situación.
Según trascendió ayer en medios capitalinos, el juez Rodríguez firmó el procesamiento anteayer contra Vergara y Fernández por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el caso por el hallazgo del camión Iveco con un contenedor, el 1º de noviembre de 2014 y en un camino rural donde se había empantanado, que cargaba 1.680 kilos de marihuana. El caso fue investigado por el fiscal federal Walter Rodríguez, quien pidió la elevación a juicio en marzo pasado para los comisarios Martín Díaz (inspector de zona) y Cristian Hang (jefe de Orden Público), quienes según la acusación liberaron a los dos detenidos y fraguaron el acta de procedimiento. Es que en la escena del delito habían sido encontrados –lo que quedó en evidencia con grabaciones del 911– el sargento de la Policía (ex integrante de Drogas Peligrosas) Alejandro “Aguja” Agüero y el civil Juan Carlos Villalba, ambos encargados del traslado de la droga, este último al mando de un camión Mercedes Benz 1114; ambos están también encausados, al igual que otros siete uniformados: Iván Papini, Matías Zoratti, Claudia Moreira, Mauro Ruoppulo, Fabián Mankja, Luciano Astrain y José María Murguía.
A ellos se suman ahora Vergara, quien hizo la mayor parte de su carrera en Rosario, y Fernández, quienes fueron desplazados de sus cargos a fines de 2014. En septiembre del año pasado el juez Rodríguez había dictado el sobreseimiento, pero ante la apelación de la Fiscalía la Cámara Federal de Rosario lo revocó en un duro fallo. Ahora, el magistrado decidió en forma contraria a su resolución judicial y los dejó a ambos cerca del juicio oral junto con los otros once encausados.
El fallo, entonces, acuerda con la hipótesis de la Fiscalía: era imposible que las dos máximas autoridades de la UR I no supieran o por lo menos sospecharan que se había fraguado el operativo, y que, en lugar de comunicar a la Justicia esas sospechas en forma inmediata, decidieron avanzar con medidas probatorias –como entrevistar en forma privada a la comisaria Stella Olivera, a cargo de la comisaría de Rincón, que actuó en el procedimiento– con el fin de tener una estrategia de defensa común y conjunta por si en algún momento surgían evidencias que los complicaran a ellos.
En una causa paralela por lavado de dinero que también se tramita en el fuero federal, el juez Rodríguez decidió en marzo pasado el embargo preventivo de dos inmuebles y el secuestro y embargo preventivo de tres vehículos relacionados con Agüero, su padre, Carlos Alberto (portero de escuela), y su pareja, María Silvina Arredondo (enfermera).
Según la sospecha de la Fiscalía, los Agüero “introdujeron una importante cantidad de dinero de origen ilícito al mercado legal” en poco más de un año, en un monto que calculó superior a un millón trescientos mil pesos.
