Camioneros internacionales denuncian cobros irregulares en su paso hacia Paraguay. El paso fronterizo entre Clorinda (Argentina) y Puerto Falcón (Paraguay) se ha convertido en un punto de conflicto para los transportistas internacionales. Lo que comenzó como una medida temporal durante la pandemia de COVID-19 ha terminado por transformarse en un negocio millonario de dudosa legalidad, según el diario El Comercial.
Y para mayor información Radio Uno se comunicó con la Señora Angélica Baez apoderada de Camioneros, en su mayoría paraguayos, que denuncian que son obligados a detenerse en una playa de estacionamiento establecida por el municipio clorindense, donde deben pagar tarifas que aumentan sin justificación y sin recibir servicios adecuados a cambio.
Una medida excepcional que se volvió permanente
Durante la emergencia sanitaria (COVID 19), la Municipalidad de Clorinda habilitó un espacio de estacionamiento para los transportistas en tránsito, con el objetivo de reducir el contacto con la población local y prevenir la propagación del virus. En aquel entonces, el cobro era de una suma módica. Sin embargo, la pandemia quedó atrás, pero la exigencia de utilizar esta playa de estacionamiento y el pago obligatorio por su uso se han mantenido, con costos cada vez más elevados y sin un respaldo legal claro.
El desvío obligatorio y los costos imprevistos
Según testimonios de los transportistas, los camiones que ingresan a Clorinda con destino a Paraguay son desviados aproximadamente siete kilómetros antes de la aduana y forzados a ingresar en la playa de estacionamiento. Allí deben pagar por el uso del espacio y servicios adicionales como baños y otros gastos que no están incluidos en la tarifa inicial.
Angélica Báez, apoderada administrativa de empresas paraguayas de transporte en Argentina, denuncia que los vehículos pueden permanecer retenidos entre uno y tres días, dependiendo de la cantidad de camiones que se acumulen. «El ingreso no es gratuito, el tiempo de espera es incierto y, si se produce un robo, no hay responsables», señala.
Falta de competencia y sanciones arbitrarias
La municipalidad no solo mantiene el control exclusivo de este estacionamiento, sino que además impide que privados habiliten otras playas alternativas. «Si alguien quiere ofrecer otro estacionamiento, no se lo autorizan. No permiten competencia», explica Báez.
Por otro lado, los camioneros que intentan evitar este desvío obligatorio son sancionados con multas de tránsito cuestionables. «Inventan multas, piden documentación personal a los choferes y les retienen registros de conducir hasta que paguen», asegura Báez, quien ha presentado denuncias ante Gendarmería Nacional sin obtener respuestas concretas.
¿Quién regula el cobro?
El problema adquiere una dimensión mayor al tratarse de una ruta nacional e internacional. La Ruta 11 conecta Argentina con Paraguay a través del puente Falcón-Loyola y, en teoría, la municipalidad no tendría potestad para interrumpir el tránsito ni imponer tarifas arbitrarias a camiones en tránsito internacional.
Sin embargo, hasta el momento, organismos nacionales como Vialidad o Gendarmería no han intervenido de manera efectiva. «Las denuncias están, pero no prosperan. Hay miedo a represalias», advierte Báez.
Un reclamo que sigue sin respuestas
El conflicto ha llegado hasta la diputada Gabriela Neme, quien visitó recientemente la playa de estacionamiento y se enfrentó con funcionarios municipales. No obstante, la respuesta oficial sigue siendo la misma: la medida permanecerá vigente.
«Si no nos ayudan la prensa y legisladores que ven esta injusticia, esto no va a cambiar. Es mucho dinero recaudado por pocos, y eso cuesta sacarlo», concluye Báez.
Mientras tanto, los camioneros que transitan por Clorinda continúan atrapados en una situación que no solo impacta sus bolsillos, sino que pone en duda la legalidad de las regulaciones municipales en un corredor internacional clave para el comercio entre Argentina y Paraguay.
