El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión a tres personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal destinada a diseñar una millonaria evasión en la comercialización de granos.
El juez Carlos Lascano aceptó el planteo del fiscal Carlos Gonella, quien había acusado a los tres hombres de formar parte de una estructura económica ficticia que mediante prestanombres y “carpetas” disfrazaban de legal, con documentación falsa, un circuito de compraventa y traslado de granos marginal.
Para el tribunal, Jorge Wolfel, el contador Víctor Iglesias y el licenciado en Administración Sergio Tovagliari forjaron “un acuerdo tácito de voluntades para cometer una pluralidad indeterminada de delitos de naturaleza tributaria, en un lapso prolongado, cumpliendo diferentes roles y realizando diferentes aportes”. Por todo eso, fueron condenados por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de partes.
En el caso de Iglesias, la pena fue de cuatro años y seis meses de prisión, dado su nivel de instrucción como contador público nacional, su experiencia en el rubro, la extensión del daño y la múltiples ofensas contenidas en las maniobras al falsificar firmas y sellos de escribanos, junto con el impacto económico que resultó de ella.
A Tovagliari le dictaron una condena de tres años y seis meses por su conocimiento en administración de empresas, la falta de motivos económicos y la extensión del daño.
La misma pena recibió Wolfel, cuyo rol activo se tradujo en la creación de las «carpetas” para blanquear la compraventa marginal de granos y, además, obtener crédito fiscal espurio que luego era vendido a terceros.
Stella Marys y Aradores, nombres de la infamia
Las pruebas mostradas en el juicio permitieron corroborar la existencia de varias empresas vinculadas con la comercialización de cereales que fueron utilizadas por la organización para la creación de crédito fiscal ficticio y su posterior venta.
Ejemplos de lo anterior son Stella Marys Cereales y Aradores Cereales, manejadas por Tovagliari e Iglesias, que junto a otras cuatro firmas ocultaron ventas de granos por 508,4 millones de pesos (unos 130 millones de dólares) entre mayo de 2008 y marzo de 2011.
También, a través de otras tres carpetas, se intentó generar crédito fiscal espurio a los fines de obtener saldos de libre disponibilidad para su posterior venta a terceros. En este caso, de acuerdo a lo demostrado en el proceso, por un valor cercano a los cuatro millones de pesos.
Detrás, los productores «pobres»
El fiscal Gonella y su auxiliar Gustavo Yofré demostraron que la organización ocultaba al fisco la capacidad contributiva de productores agropecuarios para que pudieran evadir el pago de Ganancias o IVA.
Además, generaban crédito fiscal espurio con prestanombres y usinas de facturación apócrifa y obtenían beneficios fiscales fraudulentos, producto de la inscripción de sus testaferros en el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres Secas.
En la causa se comprobó la existencia de numerosas empresas vinculadas a la comercialización de cereales que fueron utilizadas por la organización para la creación de crédito fiscal ficticio y su posterior venta. Algunas estaban administradas por Tovagliari e Iglesias.
Varias de estas firmas ocultaron ventas de granos por 508.433.478,67 pesos. Y con otras tres, se intentó generar el crédito fiscal espurio.
Wolfel era quien se dedicaba a la creación, uso y compraventa de “carpetas” y usinas tanto para la generación de facturas apócrifas y venta del crédito fiscal ficticio generado a través de ella, como al blanqueo de cereales adquiridos en negro.
El campo oscuro que siembra evasión: el caso del admirador de Pablo Escobar
El mismo tribunal cordobés, con acusaciones también del fiscal Gonella, había condenado en marzo de 2019 al empresario Fabián Ariel Soulé a la pena de ocho años y seis meses de prisión al considerarlo el principal responsable de la organización y ejecución de millonarias maniobras de fraude fiscal a través de la comercialización de granos.
Soulé es todo un personaje, jactansioso de su fortuna, de la que hacía ostentación. A una de sus propiedades, una amplia vivienda en la localidad de Anisacate, a 40 kilómetros de la capital cordobesa, la bautizó «El Paraíso de Tijuana». Y en su perfil de Facebook abundaban citas del narco colombiano Pablo Escobar.
Los jueces dispusieron penas de entre un año y seis y meses y cinco años y cuatro meses de prisión para otros seis imputados, entre los que se encuentra un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), una escribana y un gestor ante el organismo tributario.
Los jueces consideraron a Soulé autor penalmente responsable de los delitos de obtención fraudulenta de beneficios fiscales agravada por el número de intervinientes, uso de documento público falso e insolvencia fiscal fraudulenta. Similares maniobras a las detectadas esta semana, y a otras muchas a lo largo de los años.
Soulé había gestionado, mediante la presentación de documentación apócrifa, su inscripción ante la Afip en IVA, Ganancias y como autónomo dedicado al cultivo de soja, para luego inscribirse en el Registro de Operadores de Granos y Legumbres Secas y obtener así los beneficios fiscales de dicho régimen. Pero no cumplía los requisitos establecidos para ello.
Después de que el organismo recaudador lo excluyera por inconsistencias detectadas, recurrió al contador Sergio Carballo, quien entonces era funcionario de Aduana y había trabajado anteriormente en la DGI. Con esa colaboración, el 22 de septiembre de ese año, Soulé gestionó la inscripción en el Registro del también imputado Julio Cesar Sueldo, quien actuó como prestanombre u “hombre de paja”, como se conoce en la jerga tributaria a las personas físicas que intervienen con el fin de ocultar al verdadero beneficiario de la maniobra.
La inscripción implicaba una serie de beneficios fiscales, entre los que se destacan la reducción de las alícuotas de la retención de IVA –que beneficia a quienes realizan operaciones de compraventa de granos– y el reintegro sistemático de una porción de las retenciones.
Con el propósito de acreditar su condición de hombre dedicado a la actividad agrícola, Sueldo presentó ante la Afip y diversas entidades, entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario, contratos de arrendamientos apócrifos, con firmas y sellos falsos.
En marzo de 2009, en el marco de los allanamientos realizados en el domicilio que Soulé compartía con su pareja, se procedió al secuestro de las cédulas de identificación y de autorización a conducir de tres vehículos de alta gama: Audi TT, Toyota Hilux y Toyota Prado, que terminaron secuestrados y tras comprobarse documentación falseada para transferirlos.
