Mayoría de pobres o en camino a serlo: la Canasta Básica Total (CBT) subió 11,9% en marzo, casi un punto por encima de la inflación general, según publicó, en el relevamiento para el Gran Buenos Aires, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Así, una familia tipo necesitó $773.385 en marzo para no ser pobre. En tanto, el precio de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 10,9% en el tercer mes del año, lo que determinó que esta misma familia necesitó ingresos por $358.048,65 para no caer en la indigencia. El informe oficial, contrastado con uno privado, el salario promedio en la Argentina, que según midió la consultora internacional Focus Market alcanza a 196 dólares, da cuenta de una generalizada pérdida en los ingresos: la CBT representa 3,93 veces el sueldo promedio de una persona, calculado en dólar blue. Y medido con el dólar oficial, el ingreso promedio debería multiplicarse por 4,46 para alcanzar el umbral por encima de la pobreza.
La Canasta Básica Total para un adulto equivalente –un varón de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, que es la unidad de medición– escaló a $250.286, según el Indec. Es decir que fuera de la familia tipo, de dos adultos y dos niños, el ingreso promedio de una trabajadora o un trabajador en la Argentina no le alcanza para comprar siquiera una vez y media (sólo 1,44) su propia canasta básica. Y si se mide con dólar blue, apenas podría comprar 1,22 Canasta Básica Total. Apenas por encima del umbral en la pobreza.
La CBT subió 11,9% con respecto a febrero. La variación interanual trepó a 304,4%. La escalada acumulada, sólo en el primer trimestre de 2024, es de 56%. Cuando se discute en redes sociales –con evidente fogoneo de impulsores de la cosmovisión oficialista– si los trabajadores privados en blanco en relación de dependencia, amparados bajo la ley de Contrato de Trabajo, han conquistado y hacen valer derechos o tienen “privilegios”, la realidad es que en este último período pocos gremios están logrando empatar –ni hablar de superar– la feroz andanada de precios en artículos indispensables, como los alimentos mismos.
El precio del deber y el haber
El gobierno de La Libertad Avanza, desde sus inicios, adjudicó el fenómeno de estampida de precios a una presunta “inflación reprimida”, una compresión de precios artificial forzada por la acción del Estado con programas “intervencionistas” –como Cortes Populares, Precios Cuidados, Precios Justos y ley de Góndolas, entre otros– junto con la potestad de apelar a herramientas como la ley de Abastecimiento, que no fue utilizada sino agitada.
La línea de razonamiento quitó de foco que los balances de las grandes empresas alimenticias, energéticas y más estaban lejos de dar pérdidas. Pero de igual modo, el gobierno, además de no renovar los programas de acuerdos de precios de productos indispensables o de consumo masivo, emitió el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que directamente borró del mapa la ley de Góndolas y la ley de Abastecimiento, entre muchas otras, de un plumazo. “Derógase la ley N°20.680”, dice, por ejemplo, el DNU en su artículo 9. La norma fue aprobada en 1974, y modificada y actualizada 40 años después, en 2014, a través de la ley 26.991, con el título “Nuevas regulaciones de las relaciones de producción y consumo”. Así, además, el DNU 70/2023 crea la paradoja de borrar la ley madre; pero no la que la modificó, que no figura, en lo que parece una manifestación de que tumbado el árbol, no importan las ramas.
Tanto esta, como otras objeciones a la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia están en manos de la Justicia. Una de ellas es que una norma de jerarquía inferior (decreto presidencial) no puede ir por encima de una de jerarquía superior (ley del Congreso de la Nación). Y uno de los puntos más oscuros del decreto –que en cada área que toca determina claros ganadores y perdedores– es quién lo escribió: nunca fue reconocido como un trabajo propio del Poder Ejecutivo.
Sí resultó evidente que los efectos del DNU –aun cuando la Justicia mantiene bloqueado su capítulo laboral, que desmantela los escudos defensivos de los trabajadores, que se alcanzaron tras más de un siglo de largas luchas, entre ellas la jornada laboral de 8 horas legislada en 1929– y de otras medidas en pocas semanas aplastaron el poder adquisitivo de los salarios.
Ni yerba de ayer secándose al sol
El Indec midió la Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente en $115.873. Es el valor que en marzo estableció el límite de la indigencia, palabra que la Real Academia Española describe como “falta de medios para alimentarse, para vestirse”. En este caso, la suba mensual fue de 10,9%, y la interanual llegó a 308,2%. ¿Pudo haber multiplicado por tres su ingreso en un año quien estadísticamente no cuenta ni con recursos para comer quien por lógica sólo accede a changas, en una economía que merma o directamente se derrumba? Sólo en enero, febrero y marzo, el ingreso mínimo para alimentos saltó un 48,8%.
En la Argentina de marzo un hogar de tres integrantes necesitó $615.705 para acceder a la Canasta Básica Total, y $285.048 para alcanzar la Canasta Básica Alimentaria. Según el trabajo de Focus Market, esto acaso no habría representado un problema para sectores laborales de la ciudad autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Tierra del Fuego, donde el ingreso familiar promedio per cápita supera los 200 dólares (213 en Capital y 203 en la Isla Grande). Incluso para Jujuy midió un ingreso de 155 dólares, que superan la CBA aun medida en dólar blue. Pero a la par midió que en otras provincias el ingreso promedio es mucho menor al equivalente a 100 dólares, como Formosa (76 dólares), Corrientes (69) y Chubut (59), conversión que quedó pulverizada con la devaluación del 118% del martes 12 de diciembre de 2023, en el segundo día de gobierno de Milei. Se trató de la tercera depreciación más brusca de la historia, sólo por debajo de las que se precipitaron el 10 de abril de 1989 (del 138%) y el 19 de ese mismo mes, la mayor de todas en un dia, con el 267%, lo que generó el fenómeno de la hiperinflación del gobierno de Raúl Alfonsín. La cuarta y la quinta, pulverizando los ingresos, se lanzaron en el Rodrigazo (el mazazo económico del 9 de junio de 1975 generó una imparable reacción sindical para recomponer los salarios y catapultó al ministro de Economía Celestino Rodrigo fuera del gobierno) durante la gestión de Isabel Perón; y en el primer año de la última dictadura, cuando el 22 de noviembre de 1976 se devaluó el peso un 79%, con el general Jorge Videla al frente de la gestión de facto, y José Martínez de Hoz en el Palacio de Hacienda, en medio de una cruzada represiva sin parangón.
La maldición de Pinocho
“Nosotros vamos a estabilizar la economía y a bajar la inflación de un hondazo”, proclamó la entonces diputada nacional Victoria Villarruel el 8 de noviembre de 2023. Promediaba el último debate de candidatos a vicepresidente, que mantenía con el entonces jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y para buena parte de los comentaristas políticos de las principales señales televisivas fue la ganadora en el cruce cara a cara desde los estudios del canal TN. Tan solo cuatro meses después, en la gestión efectiva, la honda se transformó en catapulta, con un número porcentual que no se precipitó sino que voló por los aires.
A los cuatro días, el 12 de noviembre tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el debate público instaurado por ley de los candidatos a presidente de la Nación, último cruce antes del balotaje del 19 de noviembre de 2023. Allí el todavía diputado nacional Javier Milei le espetaba al aún ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa: “¿Sabés por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. El gobierno de delincuentes en el que vos participás nos está robando 90.000 millones de dólares”.
En otro tramo, Milei lo apuntó con el índice: “Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos; vos sos un mentiroso, en engañar y asustar a la gente”. Y acusó: “Vos nos reventaste los ingresos. Con vos como ministro de Economía, cayó (sic) 33% los ingresos”.
En otro tramo Milei, que ya había asegurado que se iban a “tocar las tarifas” recién “cuando la economía se recupere”, le respondió con soltura a Massa: “Ya te dije que no”. La pregunta había sido “por sí o por no”, sobre subsidios a los jubilados, al sistema de transporte, al sistema de créditos, al sistema de viviendas: “¿Vas a eliminarlos o no? Porque hay gente que espera respuestas”.
Aunque fue el candidato opositor quien chicaneó le hubiera “lastimado un ojo” la nariz de Pinocho de su contrincante oficialista, es ostensible que incumplió su compromiso. Quitó los fondos para el transporte de pasajeros de todo el interior del país, donde –salvo en Chubut, cuyo gobernador obtuvo una medida judicial favorable– los pasajes acumularon severos golpes a los bolsillos de los trabajadores, en especial a los de menores ingresos; la megadevaluación con liberación de precios encareció fuertemente los combustibles, y por tanto los transportes de carga, cuyo impacto va directamente a precios de góndolas y estanterías. Y en gas, electricidad y agua todavía no llegó el impacto a toda la población sobre la que se ciernen subas imposibles de pagar para vastos sectores que viven de salarios y jubilaciones.
Con todo, el Indec también publicó la última medición de pobreza en el país, correspondiente al segundo semestre de 2023, todavía durante el gobierno de Alberto Fernández. Arrojó que el 41,7% de las y los argentinos eran pobres.
El relevamiento forma parte de la Encuesta Permanente de Hogares, que el Indec procesa en base a los datos de 31 aglomerados urbanos de mayor población del país. Si se extiende el universo, equivale a casi 19.500.000 personas que están en la pobreza, de las cuales 6.500.000 son indigentes.
Esto, en la imagen congelada a diciembre del año pasado: por todo lo anterior los niveles del presente deben ser mucho, pero mucho peores.
