El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y el Instituto Nacional de la Semilla difundieron este viernes en Expo Cannabis el objetivo de fortalecer el financiamiento a cooperativas que se dediquen a la producción de cáñamo industrial y agilizar su matriculación, además de asegurar la producción y calidad de sus semillas.
Los asistentes también bregaron por la aprobación del proyecto de ley de marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, con media sanción en el Senado nacional.
“Tenemos dos grandes objetivos, crear un fondo para créditos por fuera del sector bancario para las cooperativas, que va a servir para presentar propuestas y desarrollarse en la industria del cannabis, y agilizar la matriculación”, dijo Jonathan Thea, del Inaes, en una charla que se desarrolló durante la mañana de este viernes en Expo Cannabis, cuya inauguración formal transcurrió desde las 16 de la misma jornada. Así quedó abierta la exposición en La Rural, en el barrio porteño de Palermo.
El foro, con cerca de 200 asistentes, fue un evento especial de negocios destinado al desarrollo de la industria del cannabis en Argentina.
Tras remarcar la importancia del cooperativismo y el mutualismo en la producción industrial del país, con 18 millones de personas vinculadas a las cooperativas y 10 millones en las mutuales, Thea resaltó que acompañan la ley de desarrollo de la industria de cannabis medicinal y cáñamo que se encuentra en discusión en el Congreso. “Esa ley es vital y crea muchos puestos de trabajo, capacidad de exportación y de agregado de valor a lo que se produce, y la acompañamos”, sentó posición.
Al respecto, el funcionario subrayó que desde el Inaes participarán de su reglamentación, en caso de que se apruebe, “para que se incorpore a las cooperativas y mutuales en toda la cadena productiva” del cannabis.
Uno de los asistentes, Joaquín Ingaramo, de 22 años, creador de una empresa de cannabis medicinal y estudiante de Economía, contó que están en proceso de comercialización del cannabis medicinal y que buscan “que se regule el sector y se profesionalice”.
A su vez, un equipo del Instituto Nacional de la Semilla dialogó en el foro en Expo Cannabis y expuso el trabajo que realizan en el control y trazabilidad de la semilla de cáñamo.
Los tres objetivos del sector, apuntaron los disertantes, son “asegurar la producción de semillas, garantizar la identidad y calidad, y proteger las variedades vegetales de cualquier tipo”.
En tanto, Diego Bertone, ingeniero agrónomo especializado en cannabis medicinal e industrial, disertó sobre las propiedades y potencialidades del cáñamo industrial. “La producción de semillas de cáñamo para la industria puede generar fibra textil de alta densidad, ser utilizada para biocombustible, crear papel, plástico; del tallo se puede producir harina, aglomerado y material para la construcción, además de fitomedicamentos y suplementos dietarios”, resaltó.
Luego, Bertone realizó un recorrido histórico sobre el marco prohibitivo que reviste la producción de cáñamo para el país, y recordó que “la Argentina tuvo plantas de cannabis y semillas y eran llevadas a la industria para ser procesadas”.
“Tanto es así que ya en 1937 un Boletín de Agricultura del Estado enseñaba su cultivo”, asombró.
“Todo terminó con el prohibicionismo en 1971, de la mano de la dictadura”, rememoró. Ese año ocuparon el poder político los generales Roberto Levignston primero y Alejandro Lanusse después, quienes sucedieron a Juan Onganía, el principal protagonista del golpe de Estado que derrocó al presidente radical Arturo Illia en 1966.
Aunque fue conocida como “dictablanda” con la óptica de la que sobrevendría después, la más criminal de todas, en 1976, de igual modo algunos mecanismos fueron coincidentes: “Colaboraron los medios de comunicación para infundir miedo y eliminar su productividad industrial, porque el cáñamo tiene muchas potencialidades”, relató el ingeniero agrónomo Bertone.
Segunda edición, gigante y con apoyo del Estado
La que se inauguró ayer es la segunda edición de la Expo Cannabis que permanecerá durante todo el fin de semana abierta al público. Definida como “el evento sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto más importante de Latinoamérica” este año cuenta con una superficie 400% más grande que la anterior –realizada en octubre de 2019– y el doble de stands y pabellones, además de contar esta vez con el apoyo y participación activa de organismos del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Senasa y el Ministerio Público de la Defensa.
Dos años después de la primera, y pandemia de coronavirus mediante, el evento organizado por la revista THC le dio lugar al cannabis medicinal para mascotas y ofrece la posibilidad de participar de manera virtual de todas las conferencias, talleres y entrevistas con una plataforma especial: se accede a través de expocannabis.com.ar y los contenidos contenidos estarán disponibles hasta 7 días después del final de la muestra, este domingo 17.
“Se van a encontrar con un evento descomunal, con 15 mil metros cuadrados, es decir, una hectárea y media techada de exposición de productos y servicios relacionados con el cannabis de más de 140 marcas”, explicó Sebastián Basalo, director de THC.
Así, en los stands se ofrece un amplio abanico de productos y conocimientos: “Desde artículos para el uso de cannabis, kits para medir qué tiene tu aceite, aparatos para hacer aceite en tu casa hasta artículos para el cultivo y máquinas industriales de procesamiento, pasando por los aceites ya fabricados industrialmente”, enumeró Basalo.
En paralelo, están previstas más de 80 charlas, conferencias y talleres –37 de ellas específicamente sobre cannabis medicinal– y el funcionamiento de tres “consultorios” o puntos de información a cargo de especialistas: uno médico, otro veterinario –participan más de 30 médicos y 18 veterinarios especialistas en cannabis medicinal– para atender las dudas de los asistentes. Y también un consultorio jurídico y con más de 20 defensores oficiales, que atienden la contradicción entre la tenencia para uso personal y el tráfico, que ya está resuelta por la Corte Suprema de Justicia, pero todavía jueces inferiores, fiscales y fuerzas de seguridad no atienden.
