Este sábado una veintena de organizaciones de derechos humanos y asociaciones cannábicas se reunieron en Buenos Aires y firmaron un acuerdo de cinco puntos para diseñar una regulación del cannabis para uso adulto. Participaron representantes de Rosario, que celebraron la puesta en común de la problemática de cara a poder lograr un proyecto legislativo para girar al Congreso. “Buscamos una reforma de las políticas de droga basada en el derecho de las personas a tener una mejor salud y seguridad”, explicó a El Ciudadano, Daniela Morales desde la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec) e invitó a organizaciones y grupos que se quieran sumar a la iniciativa.
Uno por uno
El documento que firmaron tiene cinco puntos, donde fijaron posiciones sobre cómo sería la regulación a futuro. Quienes organizan explicaron del primer punto: “La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo”.
En el segundo punto sumaron: “Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituyen el principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis”.
El tercer punto habló del mercado y de la producción. “El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación”, señalaron desde la coordinación de las agrupaciones.
El cuarto punto apuntó al acceso al cannabis. “El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado”, explicaron.
Por último, señalaron que “la regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de lxs usuarixs de estas sustancias”.
Entre los firmantes estuvieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Intercambios, Asociación Civil Cogollos del Oeste, Asociación de Reducción de Daños de Argentina (Arda), Agrupación marplatense de Cannabicultores, Reset, Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Asociación Pensamiento Penal, Causas Comunes, Cannabicultores Necochea Quequén, Ciencia Sativa, Cannabis Activa Olavarría. Desde Rosario sumaron su voluntad Arec, la ONG Miradas y la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac).
Leyes por hacer
En la actualidad, existen dos proyectos en el Congreso que de tratarse cambiarían la realidad de las políticas de droga en Argentina. El último entró a fin de noviembre. Fue diseñado por el Frente de Organizaciones Cannábicas de Argentina (FOCA), un grupo de una veintena de asociaciones de distintas provincias fundado hace un año. La iniciativa parlamentaria fue firmada por 12 legisladores, casi todos vinculados al Frente para la Victoria (FPV). Debe ser tratado por las comisiones de Seguridad Interior, Acción Social y Salud Pública, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
La propuesta está apoyada en dos grandes cambios. El primero es reescribir la ley de drogas despenalizando la tenencia, siembra y cultivo para consumo personal. El máximo serían 40 gramos o 6 plantas por persona, siempre que sea mayor de 18 años. Mantendría vigente el artículo 5 de la ley 23.737, que sanciona la siembra para comercio y venta de semillas, pero solo cuando esa persona no haya tenido autorización previa de la Nación. Ese es el segundo gran cambio: la ley crea un instituto nacional de control y regulación de cannabis psicoactivo, algo muy similar al que funciona hace años en Uruguay. Será el encargado de dar licencias a quienes producen, venden semillas. También formará registros de usuarios (con protección de la identidad), de autocultivadores y de locales de venta de semillas. En paralelo, debe dar fondos a investigaciones científicas y políticas de salud dedicado al consumo problemático.
Un segundo proyecto que modificaría el status quo de cómo se aborda el consumo de cannabis en Argentina fue presentado por Cambiemos a través de una reforma del Código Penal. Fue publicitada como que iban a sumar la doctrina Arriola (por la que en 2009 se declaró inconstitucional las penas por tenencia para consumo personal), pero distintos especialistas señalaron que no es así. “El proyecto define que la tenencia será punible si hubiere trascendido el ámbito de la privacidad. Suma un tipo de tenencia que podríamos llamar «en el ámbito de la privacidad». El problema, no menor, es determinar qué es lo que se entiende jurídicamente por «ámbito de la privacidad» y quien lo definirá”, dijo el abogado Mariano Fusero de la organización Reset.
