La oposición liderada por José Cano decidió ayer retirar a sus fiscales del escrutinio definitivo, luego de pedir la detención del secretario de la Junta Electoral Provincial y denunciar a Gendarmería y al propietario de las cámaras de vigilancia que filmaron el proceso.
Cano y su compañero de fórmula, Domingo Amaya, brindaron una conferencia de prensa en la que repudiaron las deficiencias en los registros de las cámaras de vigilancia que se instalaron en el órgano de control, que habían sido contratadas por la Junta Electoral.
“La empresa que se contrató es trucha y Antonio Gandur, el presidente de la Junta Electoral, es responsable de esa contratación. El órgano de control es cómplice del oficialismo”, advirtió el diputado nacional.
En ese marco, los integrantes del binomio opositor anunciaron que presentaron en la Justicia Federal una denuncia en contra de la Junta Electoral, la Gendarmería y de Francisco Jiménez, el propietario de las cámaras de vigilancia que resultaron dañadas.
Además, reclamaron la detención de Darío Almaráz, miembro de la Junta Electoral, quien ayer aclaró que “no faltan videos” vinculados a las elecciones en Tucumán, sino que “existen algunas fallas” en el registro de la filmación como consecuencia de “subas y bajas de tensión y corte de luz”.
El candidato a gobernador del Acuerdo para el Bicentenario aseguró que la Junta Electoral “no garantiza en absoluto la transparencia”.
“Decidimos retirar nuestros apoderados porque la Junta Electoral provincial no garantiza en absoluto la transparencia del sistema electoral”, anunció el dirigente radical.
En el mismo sentido, el candidato a legislador y actual funcionario municipal Walter Berarducci, afirmó: “En virtud de los informes presentados por la Junta Electoral provincial en la Cámara en lo Contencioso Administrativo sobre el reconocimiento expreso de la pérdida de las filmaciones y videos que debían registrar los momentos de distribución, recepción y custodia de las urnas, el Acuerdo para el Bicentenario comunicó al órgano veedor de los comicios que se retira del escrutinio definitivo por haberse violado el sustento primigenio de la democracia, que es la voluntad del soberano”.
“Disparate jurídico”
Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, insistió ayer en que es “un disparate jurídico” el planteo de la oposición de anular las elecciones en Tucumán y afirmó que es la Junta Electoral provincial la que debe determinar la validez de los comicios.
“El escrito que presentaron en (el fuero) Contencioso es un disparate jurídico”, enfatizó Fernández, quien acusó a la oposición de querer “deslegitimar las elecciones”. Según el jefe de ministros, la Constitución tucumana determina que es la Junta Electoral provincial la que debe “juzgar las elecciones en su seno”.
“Se descalifica al sistema”
El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello afirmó ayer que con el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán que ordena a la Junta Electoral que “se abstenga” de proclamar a un ganador de las elecciones a gobernador una vez finalizado el escrutinio definitivo, “se descalifica al sistema para que el ciudadano ya no confíe” en que cuando vota, su voto llegue a quien quiere”.
Manzur amplió diferencia
El candidato del FpV, Juan Manzur, amplió la ventaja sobre el postulante del Acuerdo para el Bicentenario, José Cano, según se desprende de los últimos datos oficiales, con el 64,93% de las urnas escrutadas. El último parte oficial de la Junta precisa que, con 2.338 mesas (64,93 por ciento) computadas, en la categoría gobernador, Manzur tiene 305.940 votos (46,85%), mientras que Cano suma 288.140 sufragios (44,12%).
