Por: Mauro Federico / dataclave.com.ar
“Si vas a enfrentar a una fiera salvaje nunca la dejes herida, matala, porque si queda viva, podés sufrir las consecuencias de su contraataque”. La frase parece extraída de algún texto literario con reminiscencias de tragedia shakespeariana.
Pero, en realidad, forma parte de la explicación que un avezado dirigente político bonaerense le regaló a este cronista a la hora de analizar la reacción de los hermanos Pablo y Joaquín De la Torre, tras el escándalo generado por una investigación de este portal que dejó en evidencia los opacos mecanismos de recaudación del Ministerio de Capital Humano destinados al pago de sobresueldos y otros menesteres.
“Lo peor de todo esto es que ustedes destaparon la punta de un iceberg enorme, que puede hacer tambalear las estructuras del financiamiento ilegal de la política”, agregó este exfuncionario de varios gobiernos que conoce muy bien a los actores y actrices de esta película “de terror”.
La referencia directa alude a los convenios marco que dependencias del Estado (tanto del poder ejecutivo, como legislativo) suscriben con organismos internacionales para la ejecución de supuestos programas financiados por las arcas públicas, pero cuyo presupuesto es administrado de manera externa -y sin ningún tipo de auditoría- por el ente que recibe los fondos y los distribuye según la indicación del representante gubernamental.
La práctica -lejos de ser novedosa- suele ser utilizada para montar estructuras recaudatorias que permiten hacer “caja” destinada a diferentes finalidades. “Hacer política no es barato, hay que bancar militancia, organizar actos y, por sobre todas las cosas, pagar adicionales a los sueldos que hoy tiene la administración pública, muy por debajo de lo que se paga en la actividad privada”, agregó otra fuente que trabaja en el Congreso de la Nación, donde también se llevan a cabo estas prácticas con mucha naturalidad.
En este caso, la bomba estalló cuando Data Clave expuso uno de los engranajes armados dentro del Ministerio de Capital Humano, a través de un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para desarrollar un programa que requería la contratación de 18 personas.
La mecha encendida hace exactamente una semana tuvo continuidad en el programa “Argenzuela” (C5N), donde el equipo que encabeza Jorge Rial, dio detalles, nombres y montos del esquema diseñado por un funcionario llamado Federico Fernández, que se desempeñaba en la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) conducida por Pablo De la Torre como Director General de Administración.
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A partir de la difusión masiva de los pormenores del caso, varios de los aludidos en el informe televisivo comenzaron a presionar a quienes los habían sumada a esta “red de factureros” para que pongan la cara y salgan a explicar una situación que comenzaba a desmadrarse. “Yo no tengo nada que ver con ninguna red de corrupción, a mí me contactaron para hacer un trabajo durante dos meses, lo hice y punto, no conozco a nadie de esa lista que ustedes mostraron”, le dijo a una productora del programa televisivo un integrante de la “lista de FF-120” (tal como se denominaba el archivo en google drive elaborado por Fernández donde constaban los pagos y las retenciones.
Lo curioso es que la persona contactada aparece en la foto de su casamiento con otros integrantes del grupo, incluido el propio FF, a quien también se lo ve en la imagen de una formación de rugbiers, junto a otros miembros del selecto grupo de muchachos que le facturaban a la OEI.
Se empezaban a notar los hilos de una maquinaria montada para tercerizar pagos a los efectos de “hacer caja”, práctica que no resulta para nada infrecuente en la praxis política local, pero que se contradice con los declamados principios de los libertarios que gobiernan Argentina desde diciembre pasado.
El “off” que se transformó en “on”
Para el jueves, el escándalo había ascendido a proporciones difíciles de imaginar, aunque el interés mediático continuaba puesto en otro de los episodios con epicentro en Capital Humano: los alimentos almacenados en los depósitos del ministerio aún no distribuidos, a pesar de estar próximos a vencerse.
Sin embargo, Capital Humano ya tenía listo un sumario administrativo interno con el que preveía presentar una denuncia contra De la Torre en la Oficina Anticorrupción por “presuntos hechos de corrupción sucedidos en su secretaría”. Esa misma mañana, alguien de la privada ministerial se comunicó con este cronista: “venite 13:30 para el ministerio”.
Se desprendía de la invitación que se trataba de un clásico “off”, donde el funcionario aportaría información para orientar la búsqueda periodística o daría elementos para refutar el grave contenido de la investigación que desde el domingo venía provocando daños irreparables en la imagen del gobierno y en la interna palaciega.
Pettovello recibió a Data Clave en el primer piso del coqueto palacio de Barrio Norte diseñado por el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo donde funcionan las oficinas de la privada ministerial y antes de ofrecer siquiera un vaso de agua al invitado, comenzó a despotricar contra aquellos que la atacan de manera “violenta pensando que me debilitan y, en realidad, cuanto más me pegan, más me fortalecen ante el Presidente”.
Tras la primera reacción casi catártica de la funcionaria, este periodista se ofreció para escuchar la versión oficial de los hechos. Grande fue la sorpresa cuando Pettovello, cambió el tono de la conversación. “Esto que te voy a decir, podés contar que te lo dije yo: lo que ustedes explicaron es exactamente así y les agradezco que lo hayan contado porque nos sirvió para comprender cómo funcionaba y quien manejaba el esquema de recaudación paralela”.
A partir de allí la funcionaria, comenzó a aportar detalles sobre cómo ellos “descubrieron” que la línea de recaudación ascendía “directamente” hacia De la Torre y de qué forma el funcionario a cargo del esquema recaudatorio, había terminado por aceptar que él era el responsable y que “lo hacía por orden de su jefe”. Ante esta “confesión” -que fue formulada ante un escribano público y registrada por las cámaras de seguridad del ministerio- la cartera inició un sumario administrativo y cursó esas actuaciones a la Oficina Anticorrupción (OA).
Más tarde, se difundió públicamente que además de la actuaciones sumariales internas, también se había formulado una denuncia penal, hecho que confirmaron otros funcionarios del ministerio. Pero al momento de solicitarles el texto de la presentación judicial, adujeron “no estar autorizados para difundirlo” porque aún “no están validados”.
Pettovello en ningún momento de la conversación dijo desconocer la existencia de los convenios marco con la OIE, que “son habituales en diferentes ámbitos de la administración pública” pero negó enfáticamente estar en conocimiento de la maniobra irregular que supone el desvío de esos fondos para hacer caja política. “Es exactamente lo que nosotros vinimos a combatir, para lo que nos votaron quienes nos transformaron en gobierno”, admitió.
Más tarde también la subsecretaria legal del Ministerio, Leila Gianni le confirmó a varios medios que no podía dar detalles por el secreto de sumario, pero igual aseguró que “hubo contrataciones irregulares mediante la OEI, pago de sobresueldos, la transformación de esos pesos a dólares”.
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Cuando durante una entrevista en Radio Rivadavia, el periodista Jonatan Viale le preguntó si es cierta la versión de que De la Torre habría contratado a través de la OEI entre 70 y 100 personas que no trabajaban y cuyos sueldos iban a funcionarios, Gianni no dejo lugar a dudas: “Exactamente, eso es así”, y agregó que eran “sobresueldos”.
El contragolpe del clan De la Torre
El funcionario de Capital Humano apartado durante esta semana tras la investigación de Data Clave, no es precisamente un “cuatro de Copas”. Pablo De la Torre es médico pediatra, hermano del referente bullrichista bonaerense Joaquín De la Torre e integrante de una reconocida familia con poderosísimos vínculos políticos, empresariales y eclesiásticos.
El padre de ambos, Ricardo De la Torre, fue un destacado rector de la Universidad Católica de La Plata. En esos mismos claustros estudiaron juntos y forjaron amistad el mayor, Joaquín, con Julio César Saguier Noble, uno de los mandamases del Grupo La Nación.
Su gran golpe en lo político fue cuando, traicionando a todo su entorno de Bella Vista y de familia tradicional, acepta el ofrecimiento de Néstor Kirchner y, en especial, de Alberto Fernández para encabezar un armado político con base peronista, que permitiera desplazar a Aldo Rico de la vida política de San Miguel.
“Rico le daba vergüenza al peronismo y Alberto hizo la jugada como jefe de gabinete de Néstor para eliminarlo, así comienza una larga carrera de traiciones recurrentes, que terminó catapultándolo a los brazos del mileismo”, le confió a Data Clave un reconocido dirigente peronista de la zona oeste del Gran Buenos Aires.
El clan De la Torre también tiene vínculos amistosos y de negocios con la familia O´Reilly, responsables de la constructora Eidico. Justamente uno de los funcionarios del Ministerio de Capital Humano que llegó de la mano de Pablo de la Torre y renunció junto con él, es Esteban Bosch, concuñado de Jorge O´Reilly, a quien este gobierno barajó como uno de los posibles embajadores ante la Santa Sede.
Además, Agustín O´Reilly, del mismo clan familiar y ex directivo de Arcor, fue secretario de industria en el Ministerio de la Producción Bonaerense cuando Joaquín De la Torre estuvo al frente de la repartición. El mismo Joaquín que habría facilitado algunas excepciones de ordenanzas municipales en San Miguel para que Eidico pudiera construír allí el barrio cerrado “Buenos Aires Village” en terrenos que los O´Reilly le compraron a Mauricio Macri.
Este grupo de “santurrones” que confunden los límites de los negocios con la política tienen todos un denominador común: son todos fervientes opositores a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y se alistan en las filas de los “pañuelos celestes”, con el apoyo de un sector eclesiástico muy importante.
Varios de los integrantes de la lista de 18 contratados por la OEI con dinero de Capital Humano, forman parte de este grupo, que también integran el diputado nacional Santiago Santurio y los legisladores provinciales Agustín Romo y Nahuel Sotelo.
El poder de fuego mediático, político y judicial de este clan no es para nada desdeñable. Su estrategia, quedó evidenciado, se divide en dos. Por un lado, buscan mantener el vínculo con Pettovello -que tiene el apoyo incondicional de Milei-, a quien públicamente De la Torre salió a bancar mediante un posteo en redes sociales, donde se “enorgullece” de haber “dado la batalla contra los gerentes de la pobreza” y le echa la culpa de esta “operación” a los “kirchneristas infiltrados en el gobierno”.
Y, por otro lado, instala versiones en off a través de medios y periodistas “amigos” donde le apunta a los funcionarios del entorno más cercano de la ministra, con operaciones ligadas a su pasado. El caso más emblemático es el de la mencionada Gianni -a quien Data Clave presentó hace varias semanas como “la conversa”– a quien la refieren como “la infiltrada K que organizó una operación el Ministerio de Capital Humano para recuperar el manejo de los alimentos”.
Según la inverosímil versión, habría sido ella la que frenó “la entrega de mercadería de los depósitos, para luego echarle la culpa a De la Torre y así quedarse con el lugar de Pablo y volver a entregarle la comida a las organizaciones sociales”. Consultada por esta portal, la funcionaria sostuvo que “como infiltrada que firma veinte denuncias por hechos de corrupción contra gobiernos anteriores y levanta un departamento legal eficiente en poco tiempo, terminé siendo bastante mala”.
Catarata de denuncias
Además de la ya referida presentación efectuada por la cartera social, los tribunales de Comodoro Py se preparan este lunes para recibir varias denuncias que apuntan al mecanismo de recaudación paralelo de Capital Humano destinado a la “caja política” mediante contratos con organismos internacionales.
Una de ellas la encabeza el abogado Leonardo Martínez Herrero donde pide a la justicia federal que investigue la posible comisión de los delitos de “malversación de caudales públicos, cohecho y asociación ilícita” en el Ministerio de Capital Humano, tras la revelación de Data Clave sobre la existencia de un sistema de contratos irregulares y sobresueldos en la cartera que encabeza Petovello.
“Presenté denuncia ante la Cámara Federal por los hechos de corrupción sucedidos en el Ministerio de Capital Humano por malversación de caudales públicos, cohecho y asociación ilícita con base en información periodística de @maurofederico y @Dataclave. Solicite medidas de prueba”, señaló el letrado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
Presente denunca ante la Camara Federal por los hechos de corrupción sucedidos en el Ministerio de Capital Humano por malversación de caudales públicos, cohecho y asociación ilícita con base en información periodística de @maurofederico y @Dataclave. Solicite medidas de prueba.
— Dr. Leonardo Martinez Herrero (@DrLeoMartinezH) June 1, 2024
En el escrito, el abogado solicita que sean investigados De la Torre y otros exfuncionarios de Capital Humano que fueron desplazados tras la difusión de este hecho de corrupción como Federico Fernández, Esteban Bosch, Héctor Calvente, Fernando De La Cruz Molina Pico, Gonzalo, Avetrani, Santiago Anziano, Maria Luisa Irigoyen, Nicole Tatschke, y “cualquier otra persona que pudiera surgir de esta pesquisa”.
Pero hay otra presentación que amenaza con hacer ruido. Es la que efectuará la Asociación Civil “Arco Social”, creada para “combatir la corrupción en tiempos de libertad”, tal como reza el eslogan del escrito en el que anticiparon a Data Clave la demanda. Según el texto, la denuncia “promete desnudar por completo la corrupción de la que Javier Milei conoce perfectamente, con la que alimentaban la caja negra para hacer política”.
Según adelantan, la Asociación “con datos desde dentro del propio gobierno, brindará al Juez de turno este lunes los elementos que prueban la existencia de una verdadera ASOCIACIÓN ILÍCITA, con complicidad entre el Ministerio de Capital Humano y la OEI” a la que se arriba “por un error no forzado cuando se descubre el almacenamiento de alimentos”.
La denuncia -cuyo texto definitivo aún no trascendió- apuntaría a “un empleado de la Secretaría General de la Presidencia” que sería “el responsable de manejar los contratos truchos, en complicidad con la OEI, también denunciada penalmente ante los tribunales de Comodoro Py”. El delito que se solicitará a la justicia que investigue es el de “ASOCIACIÓN ILÍCITA y otros que puedan surgir de la investigación” y la imputación se pedirá para “Pettovelo, De La Torre, y los directores de la OEI”.
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