El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, concurrió al Senado de la Nación, donde se reunió con los titulares de los bloques legislativos de las distintas fuerzas. El chaqueño calificó como «muy bueno y fructífero» el encuentro y anticipó que se acordó un mecanismo para que exponga mensualmente en el Congreso.
«Fue una muy buena y fructífera reunión, es el inicio de un canal de diálogo público», dijo Capitanich ante la prensa en la Cámara alta. Al respecto, señaló que los representantes de la oposición plantearon algunas preocupaciones vinculadas a temas de energía y economías regionales.
El jefe de Gabinete explicó que acordó con los jefes de bloque «venir una vez por mes a cada Cámara», para «una exposición de 20 a 40 minutos, sin mucho reglamento».
«Pretendemos una metodología de trabajo lo más abierta posible», había dicho esta mañana en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno y agregó: «Vamos a ir con la apertura para lograr una interacción entre oficialismo y oposición».
En ese sentido, el jefe de ministros aseguró que el Congreso «es el ámbito de debate público y político» para el diálogo con la oposición. Consultado sobre Sergio Massa, afirmó que «podrá hacer todas las preguntas que quiera en la Cámara de Diputados cuando asuma».
El jefe de Gabinete continuó con su ronda de reuniones con gobernadores, en la que hoy recibió al riojano Luis Beder Herrera, al mendocino Francisco «Paco» Pérez y la catamarqueña Lucía Corpacci.
Además, Capitanich le respondió al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y advirtió que «ninguna reunión es para la foto», luego de que el mandatario se expresara en ese sentido.
Más tarde, a partir de las 14, el Senado se abocará a debatir en lo que se espera sea una extensa sesión, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el cual el Frente para la Victoria y sus aliados buscarán darle media sanción a la iniciativa.
Una vez que el nuevo Código Civil y Comercial sea sancionado por el Senado, presuntamente en las primeras horas del jueves 28, pasará a Diputados para que sea convertido en ley, algo que se prevé sucederá en 2014.
Así lo adelantó el jefe de Gabinete el viernes pasado cuando señaló que el oficialismo espera terminar el año con la media sanción de la norma y que la sanción definitiva recién se buscará «con el inicio del próximo período ordinario de sesiones, en marzo próximo».
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entrará en vigencia a partir de enero de 2016, obtuvo dictamen de mayoría el miércoles pasado, al término de la cuarta reunión de la Bicameral Especial conformada por una treintena de diputados y senadores especialmente para tratar la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2012.
La iniciativa fue defendida en el Congreso por el ministro de Justicia, Julio Alak; y por su viceministro, Julián Alvarez, quienes hicieron hincapié en lo novedoso del nuevo cuerpo legal.
«Uno de los motivos que llevó a construir un nuevo Código es el ordenamiento jurídico institucional de Argentina que se adoptó en 1994 con la reforma constitucional y la incorporación de nuevos tratados internacionales», dijo Alak.
Al exponer ante la comisión bicameral, el ministro mencionó también «los cambios sociales y culturales que han venido modificando a nuestra sociedad en las últimas décadas» como otro de los fundamentos por los cuales se promovió la reforma.
Por su parte Álvarez, quien trabajó en la coordinación de los equipos técnicos y en los foros que se realizaron en todo el país, consideró que el futuro Código es la «norma de mayor importancia jurídica e histórica» de los últimos años y le reclamó a los legisladores que la norma «sea aprobada cuando antes».
En el Senado, el nuevo Código cuenta con el respaldo del bloque del Frente para la Victoria y de sus aliados, así como de la peronista disidente Liliana Negre de Alonso, quien anunció su apoyo luego de que el oficialismo aceptara introducir un cambio en el artículo 19 del Código, referido al comienzo de la existencia humana en el momento de la concepción.
Ese cambio en el Código generó que la oposición encabezada por el radicalismo, el FAP y el resto del peronismo disidente anunciara que se negaba a convalidar el dictamen, pese a que el propio Código aclara que la cuestión de las fertilizaciones in vitro serán materia de una ley especial.
Lo mismo ocurrió con la decisión del oficialismo de quitar la denominada «responsabilidad del Estado» del texto del Código Civil y enviar un proyecto de ley en ese sentido a Diputados.
El ministro Alak defendió esa decisión diciendo que «la responsabilidad del Estado corresponde al derecho administrativo», e insistió con que de ser incorporado como norma al nuevo Código se promovería «la afectación al derecho público y al federalismo».
El oficialismo introdujo al proyecto original «el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios; la delegación de la protección del embrión en una ley especial, la eliminación de la gestación por sustitución, de la fecundación post-mortem y de la función social de la propiedad».
Se agrega además en el nuevo Código «la imprescriptibilidad para las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad», y «se elimina el vínculo afectivo para la adopción y se estipula el plazo de 90 días para determinar la situación de adoptabilidad del niño».
También se modifica el régimen de obligaciones tributarias y se otorga una mayor responsabilidad a la asamblea en la administración de los inmuebles denominados como PH.
