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Captaban mujeres y las obligaban a hacer streaming con contenido sexual: hay rosarinos involucrados

Se trata de personas de nacionalidad argentina y colombiana que captaban a jóvenes para transmisiones en redes sociales a cambio del pago en dólares. Pero las mujeres cayeron en una trampa de la que les resultó difícil salir. En la ciudad operaba en un estudio de Laprida y Montevideo

La Policía de Seguridad Aeroportuaria desbarató una red de trata que funcionaba en Buenos Aires y en Rosario. Fue a través de unos veinte operativos donde detuvieron a 17 personas. Se trata de personas de nacionalidad argentina y colombiana que captaban a jóvenes para transmisiones en redes sociales a cambio del pago en dólares. Pero las mujeres cayeron en una trampa de la que resultó difícil salir. La propuesta consistía en ganar dólares por unas horas de trabajo frente a una cámara haciendo contenidos en la cámara. Si bien en un comienzo el contenido sexual no era obligatorio, al poco tiempo se trató del único contenido. La PSA incautó criptomonedas, dólares, pesos y euros.

Según revelaron a fuentes judiciales, tres de las jóvenes que trabajaban ahí se presentaron como víctimas en la Justicia. Las jóvenes contaron que fueron forzadas a subir el tono del contenido, aún en contra de su voluntad. Es que les retenían el dinero que generaban y las obligaban a estar durante todo el día con juguetes sexuales  manejados electrónicamente que las lastimaban.  Una de ellas llegó a ser penetrada en vivo por sus compañeras y otra transitó un aborto en vivo y el material fue registrado para comercializarlo en la dark web.

En Rosario allanaron el estudio “Rosario Models” en Montevideo y Laprida -que convocaba a mujeres ofreciéndoles ganar dólares- y otro en Avenida San Juan y Santiago de Estero, en CABA. Además se comprobó que la organización utilizaba criptoactivos en sus operaciones comerciales, por lo cual intervinieron oficiales especializados en ciberdelitos que lograron congelar las billeteras virtuales y transferir sus fondos a una cuenta judicial creada para tal efecto. En total incautaron 0.26320805 BTC con una valoración aproximada en el mercado de 2.420.085,56 pesos.

Según la PSA la investigación, que comenzó hace tres años. De los 17 detenidos,  diez están presos, sospechados de haber integrado una organización dedicada a captar, trasladar y acoger personas, en su mayoría mujeres de nacionalidad argentina, colombiana y venezolana, con el fin de explotarlas sexualmente a través de la producción de fotografías y transmisiones en vivo, vía streaming.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y está cargo del juez Sebastián Casanello recibió una denuncia de una ONG que dio inicio a la causa. También se tramitó en la fiscalía federal 1, con la intervención de la secretaria Juliana Márquez.  Los investigadores apuntaron al estudio fotográfico “Argentina Studio”, de la calle Bolívar y Estados Unidos. Pero la investigación determinó que lo mismo ocurría en hoteles y viviendas de la avenida Cabildo al 3000, San Juan al 1200, Piedras al 500, México al 600 o Güemes al 3600. También en Montevideo y Laprida de la ciudad de Rosario, donde funcionaba el estudio Rosario Models, que convocaba a mujeres ofreciéndoles ganar en dólares, dijeron desde PSA.

Las jóvenes eran captadas a través de anuncios en páginas web o redes sociales. Y eran citadas en estos estudios donde les ofrecían la oportunidad de entrar a la industria del modelaje web cam. Les prometían capacitaciones y la infraestructura: equipamiento de alta tecnología, soporte técnico, monitoreo, asesoramiento e instalaciones acondicionadas a fin de generar contenido audiovisual que se transmitiría online “en el marco de un espacio legal y profesional”, asegura el portal web Infobae.

En el barrio porteño de San Telmo ocurría la primera cita. La recibía una mujer, que se presentaba como jefa y administradora del lugar. Les explicaban que el contenido de su performance no tenía que ser estrictamente de índole sexual. Podían cantar, bailar, tocar un instrumento… Mientras tuviera audiencia, estaba bien. Las transmisiones, decían, era de lunes a sábado durante seis u ocho horas. Podían frenar “en cualquier momento”. El domingo era opcional. También les indicaba que las plataformas digitales serían manejadas y monitoreadas constantemente por personal del estudio, y que el pago sería quincenal según la ganancia generada, de la cual el estudio retendría un 50 por ciento por los servicios prestados. Así las cosas, tenían que firmar un documento titulado “contrato de colaboración”.

Una vez que firmaban un contrato eran citadas para la primera “capacitación”. “Coachs” las invitaba a contar sobre su vida privada y compartir sus miedos y vulnerabilidades. También se les asignaba una sede en alguno de los hoteles o estudios en donde operaban, con horarios a cumplir, un perfil bajo un seudónimo y un jefe directo denominado “monitor” que estaría ubicado en otra habitación dotada de pantallas que difundía las transmisiones de las chicas en simultáneo. Eran esos jefes los que interactuaban con la audiencia haciéndose pasar por ellas. El contenido, les decían, no se difundía en Argentina. Primero las trataban amablemente, pero todo viró en  violencia, amenazas, intimidaciones y aprovechamiento.

 

Según la investigación las obligaban a comprarse lencería y juguetes sexuales  que eran manejados remotamente por el cliente, y que a muchas les generaron daños físicos. Regía un sistema de multas y endeudamiento en donde nunca se llevaban lo que les habían prometido. Las penalidades eran en dólares por llegar tarde, faltar, demorarse en el baño, oponerse a la realización de producciones de fotos e incluso pedir cortar para comer.

Tampoco se podían ir. Si querían renunciar las amenazaban con difundir los videos en su entorno.

La acusación sostiene que además eran incitadas a consumir alcohol y se les proporcionaban estupefacientes a fin de profundizar su sometimiento y la explotación. El escenario se completaba con el control financiero que el grupo criminal ejercía sobre las ganancias generadas por las presuntas víctimas a partir de la obtención de “tokens”, moneda de cambio utilizada en las plataformas.

Mediante la investigación, que comenzó en 2021 por denuncias de víctimas ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el personal policial logró determinar la ubicación de un edificio en las calles Bolívar y Estados Unidos de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba el estudio fotográfico “Argentina Studio” y en el cual se realizaban actividades compatibles con el comercio sexual. Asimismo identificaron a las personas que integraban la estructura delictiva y sus diferentes roles.

El 13 de septiembre, junto a personal de la PROTEX y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, los oficiales concretaron 12 allanamientos en CABA, dos en Rosario, uno en Morón y otro en Olivos, provincia de Buenos Aires, con resultados positivos. En los días siguientes efectuaron dos órdenes de presentación en sucursales del Banco Francés en CABA -donde secuestraron documentación de interés y altas sumas de divisas extranjeras-; tres detenciones en la vía pública de los barrios porteños Monserrat, San Cristóbal y Flores y allanamientos en las viviendas de estas personas arrestadas -entre ellas los principales sospechosos de nacionalidad argentino-colombiana. Finalmente el 21 se presentó una mujer imputada en la causa en la Guardia de Prevención de la PSA en Ezeiza, que quedó incomunicada y también se allanó su domicilio.

Como resultado de los 25 procedimientos, los oficiales detuvieron a ocho varones y nueve mujeres; secuestraron 3.447.355,56 pesos, 231.374 dólares y 16.900 euros; 39 teléfonos celulares, 37 tarjetas SIM, 44 CPU, 28 notebooks, cinco PC, dos tabletas, 32 pendrives, 10 discos externos, ocho memorias externas, seis DVR, seis posnets; decenas de elementos de filmación (aros de luz, webcams, cámaras fotográficas, trípodes), elementos sexuales, lencería erótica y una máquina contadora de billetes. También incautaron 195 gramos de marihuana, ocho pastillas de metanfetamina; una camioneta, dos motos, un arma de fuego larga de combate, un chaleco antibalas, tarjetas de débito y crédito y numerosa documentación de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de María Juliana Márquez, y el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.

 

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