Un hombre de 36 años acordó, a través de un juicio abreviado, una condena a tres años de prisión por su participación en una asociación ilícita, estafa y amenazas coactivas. El ahora condenado es un engranaje de una banda que, según la acusación, incluye además a otras cuatro personas, entre ellas dos abogados y un policía: en conjunto fabricaban reclamos a compañías de seguros. El hermano del acusado también resultó condenado, aunque a una pena condicional. Por su parte los dos letrados, miembros de un conocido estudio jurídico ubicado a metros de Tribunales, fueron imputados y siguen vinculados con la investigación, mientras que el quinto sospechoso, un uniformado, ya fue identificado aunque aún no fue imputado, explicó la Fiscalía. Las defensoras del condenado sostuvieron que optaron por aceptar el acuerdo forzosamente, ya que “la Justicia sólo mira para el lado” de su cliente.
Según refirió una fuente de la Fiscalía, la investigación se inició con la denuncia de una mujer que contrató los servicios profesionales de Julio César Benítez para defender a un familiar suyo, acusado de un hecho de abuso sexual. El presunto abogado comenzó a pedirle dinero para atender el caso, reclamo que se transformó en semanal. Cuando la cifra entregada llegó a 140 mil pesos, la mujer sospechó y dejó de darle dinero.
Según la denuncia, a partir de ese momento comenzaron las amenazas que consistían en empeorar la situación de detención del joven acusado si no entregaba más efectivo. Entonces la mujer radicó una denuncia.
La pesquisa quedó a cargo del fiscal Guillermo Apanowicz, quien solicitó una serie de intervenciones telefónicas, de las que surgió una nueva arista. Es que Benítez, que para peor no es abogado, estaba vinculado con un entramado que tenía como fin estafar a compañías de seguros a través de la fabricación de siniestros viales.
Según la acusación ahora validada este hombre localizaba supuestas víctimas y contactaba a personas que prestaban sus seguros. Luego, esa información era derivaba a un estudio jurídico que presentaba los falsos siniestros en distintas compañías de seguros. El fiscal determinó 11 presentaciones de este tipo.
Ello derivó en una serie de allanamientos, entre ellos el domicilio de Benítez y un estudio jurídico ubicado por calle Moreno, frente a Tribunales provinciales. Con la evidencia colectada imputaron en libertad a los abogados Claudio L. y Mariano B., uno de ellos vinculado con un alto funcionario judicial, mientras que Benítez fue sometido a una audiencia imputativa por estafa, usurpación de título, amenazas coactivas y asociación ilícita. La jueza Hebe Marcogliese dictó prisión preventiva en su contra, por la que aún permanece detenido.
En tanto, poco después Leonardo Benítez, hermano de Julio César, fue vinculado con la causa, y le achacaron colaborar con él en la búsqueda de documentación para fabricar reclamos que luego eran presentados por los abogados ante las aseguradoras. A su vez existe un quinto sospechoso, integrante de una fuerza de seguridad, a que quien el fiscal planea imputar, según refirió.
La semana pasada Leonardo Benítez accedió a un juicio abreviado por su participación en la asociación ilícita y recibió una condena a 3 años de prisión en suspenso mientras que ayer, quien originalmente fue señalado como el principal actor de esta banda, fue condenado a la misma pena, pero de prisión efectiva.
Concluida la audiencia, las defensoras Patricia Guzmán y Andrea Galván explicaron que en el caso se siguió una sola línea investigativa, donde la única persona detenida fue su cliente. Las letradas sostuvieron que aceptaron el acuerdo porque la valoración de la prueba se efectuó únicamente en detrimento de su cliente y pensaron que “era lo mejor”, ya que –se quejaron– no contaron con garantías. “La Justicia solo miró para el lado de nuestro cliente”, lanzaron.
Fuentes del caso explicaron que las escuchas telefónicas que existen “son muy ricas en información” y aparecen en ellas no sólo las personas imputadas sino que aparece otro estudio jurídico, una clínica de la zona oeste y médicos. Y otro dato que trascendió es la existencia de un correlato entre el material secuestrado en la casa del ahora condenado con el hallado en el estudio jurídico allanado.
Con todo, pese a lo vasto de la operación, a esta fuente de la fiscalía le llamó la atención “la poca colaboración” de algunas de las compañías de seguros que fueron víctimas de las maniobras para estafarlas.
