Pablo Andrés Miranda, de 26 años, es un abogado santafesino que fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, el pago de una multa de 600 mil pesos y de otros 300 mil pesos más en concepto de reparación a una de las empresas estafadas. Es por integrar una red que simulaba accidentes de tránsito y luego pedía reparaciones económicas a los seguros. Hay otros dos abogados y un empleado de un hospital público que están en prisión preventiva. Por su parte, nueve personas más –entre ellas un policía– continúan siendo investigados por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza.
La condena impuesta al abogado fue resuelta por el juez Rodolfo Mingarini en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. Por su parte, las fiscales que investigaron los ilícitos son Mariela Jiménez y María Laura Urquiza.
Miranda fue condenado como autor del delito de asociación ilícita (en calidad de organizador); coautor de estafas (seis hechos), coautor de tentativa de estafas (seis hechos) y coautor de cohecho activo.
Modalidad delictiva
“El condenado fue uno de los organizadores de una asociación ilícita de carácter permanente y estable a través de la cual denunciaban accidentes de tránsito simulados para luego reclamar reparaciones económicas ante compañías de seguro”, precisaron las fiscales Jiménez y Urquiza. “De acuerdo a la información relevada en la investigación, el accionar delictivo fue cometido entre junio y octubre del año pasado”, agregaron.
Las fiscales explicaron que “los organizadores de la banda delictiva buscaban personas lesionadas y las presentaban como si esas lesiones hubieran sido provocadas en un accidente de tránsito”. En tal sentido, precisaron que “al mismo tiempo, buscaban a otra persona que fuera titular, poseedor y/o conductor de un vehículo asegurado en alguna compañía de seguros, a quien presentaban como el responsable de la colisión”.
“Una vez que tenían a la presunta víctima y al presunto autor de las lesiones, realizaban y/o hacían realizar denuncias penales ante comisarías, destacamentos o en los Centros Territoriales de Denuncias (CTD)”, señalaron las funcionarias del MPA. “Brindaban información falsa acerca del lugar, la fecha y la modalidad del hecho que denunciaban, acerca de las personas intervinientes, de las lesiones ocasionadas y de los daños materiales sufridos por los vehículos involucrados en las presuntas colisiones”.
Agregaron que “a través de estos ardid hacían caer en error a funcionarios públicos provinciales, que extendían certificaciones, constancias o documentos que luego eran utilizados en presentaciones que hacían ante las compañías de seguro para reclamar dinero en carácter de reparación para los presuntos lesionados”.
Colaborador
Las fiscales del MPA aclararon que “al momento de definir la pena impuesta al abogado condenado, se aplicó el instituto legal de ‘colaborador’, previsto en el artículo 41 ter del Código Penal y en la resolución número 175 de la Fiscalía General”. Y añadieron que “Miranda aportó información precisa, comprobable y verosímil para el esclarecimiento de los hechos que fueron objeto de la investigación, motivo por el cual se resolvió una pena de tres años de prisión de ejecución efectiva”
Otros investigados
Otros dos abogados también fueron imputados y están en prisión preventiva en el marco de esta investigación. Se trata de JMAA de 28 años y GJM de 35.
Por su parte, un empleado de un hospital público de la ciudad de Santa Fe también fue imputado. Se trata de un hombre de 42 años cuyas iniciales son CDP, quien cumple prisión preventiva con modalidad domiciliaria a raíz de problemas de salud.
Además de los tres abogados y del empleado del hospital público, hay otras nueve personas que fueron imputadas y transitan el proceso en libertad. Por su parte, uno de estos imputados es policía de la provincia de Santa Fe, y también se le endilgó la autoría del delito de cohecho pasivo.
Las fiscales subrayaron que “el condenado reconoció su responsabilidad penal en los hechos” y sostuvieron que “la compañía de seguro que fue víctima de las estafas fue informada de los términos del procedimiento abreviado”. En tal sentido, concluyeron que “los representantes legales de la empresa manifestaron su conformidad con la pena impuesta, la reparación económica resuelta y la forma de resolución del conflicto”.
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