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La muerte en Buenos Aires de un niño de 6 años en una de las plantas de una cadena de granjas avícolas actualizó de manera dramática –junto a la problemática del trabajo infantil esclavo– la preocupación por los efectos de los agrotóxicos sobre la salud de las poblaciones sometidas a fumigaciones periódicas o al contacto con los pesticidas y herbicidas que el nuevo modelo agrario exige cada vez en mayor cantidad. Con el inicio de una nueva campaña de soja, el tema se reinstaló tanto a escala nacional con el reclamo de que se modifique el método de clasificación de peligrosidad de los agrotóxicos, como e nivel provincial con la demorada modificación a la ley de fitosanitarios, que ya tiene media sanción de Diputados pero “duerme” en el Senado. En ese contexto, en Santa Fe se hicieron sentir de nuevo las quejas. A los vecinos de varias localidades que desde hace años se movilizan por un mayor control de las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos se le sumaron ayer los de Carcarañá, ubicada sobre la ruta 9 a unos 50 kilómetros de Rosario: cerca de dos mil personas se reunieron frente a la Municipalidad local para exigir que se investiguen los motivos de los recientes fallecimientos de dos jóvenes afectados por cáncer y, también, lo que consideran un preocupante incremento de enfermedades fatales en esa población de 17 mil habitantes. No tienen pruebas, pero sí sospechas sobre las cuales piden centrar urgentes estudios: las fumigaciones de los campos aledaños a la zona urbana y el agua subterránea de la que se nutre la red en función de un alto contenido de arsénico que ya se denunció hace cuatro años.
Los vecinos de Carcarañá se juntaron anoche en la plaza Colón y recorrieron parte de la ciudad en marcha silenciosa para hacer público lo que temen sea un inusitado aumento de casos de cáncer y leucemia en su localidad. “Existe un rumor de que los pesticidas y las fumigaciones causan esto, pero no lo sabemos y es por eso que queremos pedir que se estudie el tema”, señaló Germán Gambero. Su mujer, Gabriela, acota: “Hace un tiempo se vienen sucediendo estos casos, de los cuales tenemos conocimiento casi a diario. Se trata de parientes, amigos o vecinos. No los tenemos contabilizados, pero sorprende su reiteración en una localidad de 17 mil habitantes”. La pareja insiste en que las sospechas apuntan a los agrotóxicos y al agua con arsénico.
“La semana pasada fallecieron un joven de 20 años y una chica de 17. Lo que pedimos es que se investigue”, recalca Gabriela. Y explica que el reclamo comienza por la Municipalidad en función de uno de los ejes de la preocupación: el agua. “Los médicos locales no se comprometen con interpretaciones. Se limitan a recomendar que no se tome la del pueblo, pero hay una sola canilla segura, de agua filtrada, en la cooperativa” que presta el servicio a toda la ciudad. Sobre las fumigaciones, el otro motivo de los temores, apunta que, pese a las reglamentaciones que restringen las aplicaciones, los productores “las hacen igual, a la tarde o de madrugada, casi al lado de las casas”.
Gabriela aclara que recién ahora en Carcarañá se están movilizando por el tema de los posibles daños a la salud de los agrotóxicos, y que por ello todavía no cuentan con la información y la experiencia que les permita precisar denuncias o exigencias sobre estudios científicos que delimiten responsabilidades. Por lo pronto, este jueves insistirán con su reclamo frente al Concejo Deliberante local. Y ayer contaron con la solidaridad de un grupo de vecinos de la cercana Cañada de Gómez, que ya están organizados y los acompañaron en el reclamo de la plaza. Allí los escuchó el intendente, Mauro Decándido, y un grupo de concejales, quienes les informaron que hace dos años se hicieron estudios sobre los efectos de las fumigaciones y que ahora se iban a retomar. Pero además, los vecinos ya decidieron por su cuenta realizar un “mapeo” de la ciudad con los casos de enfermos, para presentárselos a las autoridades.
Lo de Carcarañá no es aislado. Desde hace años varias poblaciones de la provincia se movilizan para explicitar denuncias sobre los presuntos daños causados por las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos, que la expansión de la frontera agropecuaria colocó a las mismas puertas de las poblaciones, a escasos metros de sus casas y escuelas.
Afecciones respiratorias o en la piel, dudas respecto de posibles aumentos en los casos de cáncer, son la punta de lanza que en San Jorge, Rufino, Desvío Arijón o Estación Díaz ya se hicieron públicas. En San Jorge, precisamente, la movilización de los vecinos consiguió que el juez Tristán Martínez hiciera lugar a una demanda de amparo bajo el llamado “principio precautorio” y diera curso al pedido de impedir las fumigaciones a 800 metros del límite urbano para las aplicaciones terrestres y 1.500 para las aéreas. Lo que invocó el magistrado es que, a falta de estudios concluyentes sobre la inocuidad de los plaguicidas y herbicidas y ante la presunción de que estos causen daños a la salud, la carga de la prueba reside en los fabricantes o comercializadores de esos productos, con lo que en tanto vale resguardar a las poblaciones de los posibles efectos nocivos de esos químicos. A principios de este mes, habitantes y organizaciones ambientalistas de todas esas localidades instalaron una “carpa verde” frente a la Casa de Gobierno de la provincia y consiguieron que el gobernador Hermes Binner los recibiera en improvisada audiencia. En ella, le entregaron un petitorio con 14 mil firmas por el cual piden que el Ejecutivo santafesino extienda a toda la provincia las restricciones ordenadas por la Justicia para San Jorge. Por ahora, sólo tienen la promesa de estudiar el tema. Pero también esperan que el Senado sancione el proyecto que modifica la ley de fitosanitarios endureciendo las condiciones bajo las cuales se aplican los agroquímicos que el modelo agropecuario actual, basado en los cultivos genéticamente modificados, necesita incrementar constantemente.
