La multinacional Cargill difundió un comunicado por el cual rechaza el calificativo de «despido» de trabajadores para enfatizar que lo que decidió es «reemplazar a 33 colaboradores de las plantas de Villa Gobernador Gálvez y Alvear» por otros tantos –asegura– «con características y perfiles distintos» y bajo las mismas condiciones de contratación: en relación de dependencia. El texto fue emitido este viernes, un día después de que vencieran las conciliaciones obligatorias dictadas por las carteras laborales de Nación y Santa Fe y a 48 horas de que fracasara una última audiencia convocada en Rosario por el Ministerio provincial que comanda Julio Genesini. El sindicato de Aceiteros de Rosario contrapone que los afectados son 36 afiliados, 20 de la planta de Villa Gobernador Gálvez y 16 de la de Punta Alvear. Por el momento, permanecen concentrados en la puerta de la planta en la primera de las localidades. La firma había paralizado allí sus operaciones a primera hora previendo una acción gremial más contundente, por lo que pasado el mediodía aún no había puesto de nuevo en funcionamiento las maquinarias, que requieren un tiempo de puesta a punto.
Cargill Incorporated es la primera corporación privada en la lista de Forbes, revista especializada que le adjudica 130 mil empleados en 66 países y una alta diversificación de negocios desde su nacimiento en 1865. Est{a presente desde 1947 en la Argentina, donde según publica en su página web tiene más de tres mil trabajadores distribuidos en unas 60 localidades de ocho provincias. Allí asienta desde establecimientos industriales, terminales portuarias y acopios hasta oficinas comerciales.
La sede local de la firma con asiento central en Minnesota, Estados Unidos, emitió un texto con su interpretación del conflicto en Santa Fe: «Con la conclusión de la conciliación obligatoria dictada por las autoridades de los Ministerios de Trabajo Nacional y Provincial, Cargill ha decidido reemplazar a 33 colaboradores de las plantas de Villa Gobernador Gálvez y Alvear». La compañía negó las acusaciones de un intento por tercerizar la producción en las dos plantas santafesinas o hacer un enroque con trabajadores encuadrados en otros convenios colectivos que le permitan abonar salarios menores a los fijados en el sector aceitero: «Los reemplazos se harán en idénticas condiciones de contratación, es decir como empleados de Cargill en relación de dependencia y en las mismas zonas geográficas».
La cerealera agrega que durante la vigencia de la conciliación «ofreció a las personas involucradas un plan de retiro como alternativa de solución, el cual fue aceptado por un grupo reducido de ellos». El comunicado insiste en los argumentos para el movimiento de personal: «El objetivo de esta medida no es la tercerización, ni la eliminación de puestos de trabajo, sino el reemplazo de colaboradores por otros con características y perfiles distintos y adecuados para garantizar la continuidad de las operaciones de un modo seguro, eficiente y acorde a los nuevos desafíos del negocio».
El conflicto está lejos de resolverse, porque a la insistencia empresaria en las cesantías se opone la resistencia gremial en un marco nacional difícil para que un despedido se reinserte en el mercado laboral. “No hay razones para los despidos, se plantaron para adoctrinarnos y están favorecidos por el contexto político”, dijo el secretario general del Sindicato de Aceiteros de Rosario, Adrián Dávalos, minutos después de que este martes fracasara la última audiencia convocada para construir una salida negociada. Dos días después vencía la conciliación obligatoria, también infructuosa. Los dirigentes de los trabajadores adelantaron que habrá medidas de fuerza, que las mismas podrían incluir todas las plantas de Cargill en el país e incluso abarcar en solidaridad otros gremios presentes en el cordón industrial del Gran Rosario. Por el momento, Sergio Díaz, secretario del gremio, confirmó que permanecerán movilizados en la puerta de la planta galvense mientras exploran soluciones políticas para revertir las cesantías.
