Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, se refirió esta mañana al robo de bebés durante la dictadura como un “plan sistemático y siniestro”. Además, volvió a reclamar que a los represores “les caiga todo el peso de la historia. No queremos revancha, solamente justicia para que se escriba la historia con toda la verdad” y señaló que ello es “la única manera de que la democracia sea permanente”.
Las declaraciones se realizaron en el marco de su testimonio en el juicio oral y público contra los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. En el mismo tribunal son juzgados por el robo de bebés los represores Jorge “el Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, a quien se imputa su intervención profesional en los partos.
Carlotto recordó que el ex jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, en declaraciones periodísticas reconoció que “yo mandé matar cinco mil subversivos, pero ningún niño” que “eran entregados a otras familias para que los eduquen, porque si se los dábamos a sus abuelos iban salir subversivos”.
En un duro y preciso testimonio, la titular de Abuelas expresó que los represores “parecen humanos pero no lo son” y que los juicios se deben concretar para que no existan “otras madres u otras abuelas que padezcan el calvario que nosotras vivimos”.
La testigo aseguró que otra integrante de Abuelas le refirió que Bignone se habría “jactado” de que “yo también con mis manos he matado a subversivos”.
Carlotto detalló las infructuosas gestiones que las mujeres realizaron ante las autoridades civiles, judiciales, militares y eclesiásticas durante la última dictadura y los logros de la organización que encabeza (como, por ejemplo, la creación del Banco de Datos Genético) y los premios que obtuvieron.
“Dice el doctor que se cuide porque podía aparecer en una zanja”, fue el mensaje que le transmitió el custodio de un juez de menores luego que el magistrado se negase a atenderla cuando fue a preguntarle por niños entregados en adopción y sólo le envió a su dependiente con el macabro mensaje.
También recordó que un recurso de “habeas corpus” que había presentado por su hija Laura recibió como respuesta judicial que “no se encuentra detenida y se desconoce su paradero” y ese mensaje le fue entregado, paradójica y cruelmente, “dos días después de haberla enterrado”.
Las críticas al rol de la justicia, también incluyeron a la cúpula religiosa ante la que recurrieron porque “el clamor nuestro era que la Iglesia hablase de nuestros nietos” pero no obtuvieron respuesta “salvo de cuatro o cinco obispos”.
Todos los militares son juzgados en este proceso por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores y sustitución de sus identidades en 34 casos, como los de los hijos de Laura Estela Carlotto y Horacio Fontán; de María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman y de María Hilda Pérez de Donda y José María Laureano Donda, entre muchos otros.
