La diputada nacional Elisa Carrió denunció ante la Justicia a dos secretarios y un director del Ministerio de Energía y Minería que encabeza Juan José Aranguren.
En la denuncia penal apuntó contra el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.
A los tres, Carrió los denunció por el delito de «negociaciones incompatibles con la función pública» por sus trabajos anteriores en Esso, Pan American Energy, Bridas y otras petroleras, y puesto que ahora son funcionarios públicos del área en cuestión.
Desde 1999 hasta 2015, Sureda fue vicepresidente de ventas de la empresa Pan American Energy, la mayor productora de crudo, cuyas acciones comparte con Bridas y la empresa china Cnooc; en tanto que Popik se desempeñó en Repsol YPF, en Exxon y Axion Energy.
La presentación que lleva el número 16819/2016 recayó en el juzgado federal 11 a cargo del juez Claudio Bonadio.
Carrió pidió investigarlos «a fin de determinarse si los nombrados, en el ejercicio de sus funciones pudieron haber intervenido sea mediante la suscripción de resoluciones y/o mediante gestiones y/o habiéndose interesado en operaciones vinculadas a empresas de los que fueron parte, hasta antes de asumir la funciòn pùblica; afectando la «imparcialidad» y «fidelidad» en el desempeño de sus funciones».
«La Dirección de Gas Licuado de Petróleo, dependiente del Ministerio de Energía, es el área encargada de distribuir entre las empresas fraccionadoras, los cupos de gas propano para ser envasados, fijando además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluido», explicó Carrió en la denuncia a la que accedió NA.
En ese sentido, la diputada expresó que en junio y agosto de este año, «los denunciados habrían beneficiado directa y/o indirectamente a las empresas Pan American Energy, Pan American Sur al eximirlas «de sus respectivos aportes de fluìdos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor».
«En reemplazo de los aportes que las dos primeras debían realizar; los habrìa cubierto la empresa estatal Enarsa», añadió.
«Lo cierto es que estos posibles «beneficios» a las empresas mencionadas antes, habrìan derivado de actos administrativos en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sòlo se han interesado, sino que han participado.
Esto más allá de quien pudiera haber plasmado la rúbrica final deellos», apuntó la diputada.
Incluso, aclaró que «de haber sido convalidados directamente por el propio Ministro Aranguren, no los exime de las consecuencias del tipo penal».
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