La diputada nacional Elisa Carrió pidió a la Justicia Federal que cite a prestar declaración indagatoria al diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa; al intendente de Resistencia, Jorge Capitanich; al senador nacional Juan Manuel Abal Medina; y a Aníbal Fernández y Alberto Fernández, todos ellos ex jefes de Gabinete en distintas etapas de la gestión kirchnerista.
Así lo hizo en el marco de una causa que tramita en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, en la que se investiga el presunto direcccionamiento de las obras viales por montos millonarios en Santa Cruz para favorecer el grupo encabezado por Lázaro Báez, actualmente detenido en otro expediente por lavado de dinero, y otras empresas cercanas al entonces gobierno nacional.
Además de Carrió, participaron de la presentación, realizada hoy en la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic y la legisladora porteña Paula Oliveto, según informó la Coalición Cívica a través de un comunicado de prensa.
“Las diversas decisiones administrativas emitidas por todos los Jefes de Gabinete del kirchnerismo transfirieron fondos a favor de la Dirección Nacional de Vialidad a los fines de otorgar obras a las empresas de Báez y, en menor medida, a otras empresas amigas del poder”, argumentaron en el escrito.
Allí, consideraron “fundamental” que se cite a prestar declaración indagatoria a los ex jefes de Gabinete Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.
En este sentido, destacaron la necesidad de que todos ellos “brinden brinden explicaciones respecto de la motivación que tuvieron para dictar las resoluciones que dispusieron la transferencia de fondos, que posibilitaron la profundización de la matriz de saqueo y corrupción que se desarrolló en el país en los últimos doce años”.
La presentación de las legisladoras fue realizada en el mismo expediente en el que, la semana pasada, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que se cita a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 33 acusados por montar una «operatoria criminal» orientada a sustraer fondos públicos mediante la «asignación discrecional» de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.
A ella acusaron por presunta defraudación a la administración pública e negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por «más de 16.000 millones de pesos», según el dictamen, que por estos días es analizado por el juez Ercolini.
Se trata de un expediente que se tramita de manera conexa al de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la ex presidenta a empresas beneficiadas con obra pública, informaron fuentes judiciales.
“Consideramos que, de las aseveraciones realizadas por los señores fiscales, puede colegirse la responsabilidad penal de los jefes de Gabinete de Ministros que actuaron a lo largo del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández después, y que estos ocuparon un rol central en el armado y la ejecución del plan que permitió el exponencial crecimiento patrimonial de Lázaro Báez”, aseveraron Carrió, Zuvic y Oliveto en la presentación realizada hoy.
