“Parece una ironía que, mientras recibe dinero estatal para fomentar la educación en medio de una pandemia, deja en la calle y sin protección a un centenar de trabajadores que no sabemos cómo enfrentaremos los próximos meses si, como se cree, se extiende la cuarentena obligatoria”, lamentaban con amargura este jueves de Semana Santa trabajadores de la firma PubliExpress, que edita la revista Pronto, entre otras. Es que a pesar de que está en plena vigencia el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Alberto Fernández que desactiva por 60 días despidos y suspensiones laborales –y de que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto– la editorial continuó con el envío de telegramas. “El miércoles 7 de abril la empresa informó que no respetará la conciliación y no devolverá el trabajo a ningún compañero o compañera despedido a pesar de que la tarea periodística es considerada esencial y podríamos seguir trabajando desde nuestras casas, como lo veníamos haciendo hasta el momento de los despidos”, denunciaron los trabajadores de prensa.
Según reflejó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires –que está involucrado en el conflicto junto a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y la Federación Gráfica Bonaerense– directivos de la empresa les dijeron a sus empleados que su intención sigue siendo el cierre, y que “quizás” volverían a “sacar la revista en el futuro”.
“En comunicados anteriores, lxs trabajadores de revista Pronto denunciamos el cierre fraudulento y el intento de vaciamiento. La intención de sus dueños, Eduardo Lerner y Abel Nahon, no es otra que intentar armar una empresa paralela con personal precarizado para violar el Estatuto de Prensa y nuestro convenio colectivo. La empresa alega problemas económicos, sin embargo acaba de ganar una licitación de casi 24 millones de pesos para imprimir miles de cuadernillos educativos y culturales que el Ministerio de Educación encargó en el marco de la problemática por el Covid-19”, denunció uno de los empleados cesanteados.
La cartera laboral nacional había dictado el pasado 2 de abril la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en Producciones PubliExpress SA y en la gráfica Ipesa (Instituto de Publicaciones y Estadísticas Saciif) ambas de los mismos propietarios. El conflicto se había desatado cuando estos, en olímpico desconocimiento del decreto antidespidos –al que el Estado nacional acompañó con un andamiaje de programas de asistencia a empresas– hicieron saber de manera informal a los trabajadores que, además de cerrar, les pagaría indemnizaciones a la mitad “o menos”.
La respuesta de la cartera laboral había sido tajante: “En consideración de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la emergencia sanitaria ampliada por decreto y la evolución de la realidad epidemiológica respecto del coronavirus», el Ministerio de Trabajo ordenó a ambas empresas dar marcha atrás con las cesantías, asignar a los trabajadores sus tareas habituales como sector exceptuado de la cuarentena obligatoria y además extremar “las medidas de higiene y seguridad para preservar la salud del personal” y garantizar “el desarrollo de su actividad de forma adecuada”.
