La semana pasada circuló un video en el que se veía cómo un taxista era agredido por otro en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. La razón es que la cooperativa que administra la parada impedía que el hombre se parara en la misma. El chofer que grabó con el celular la agresión denunció que lo amenazaron y le dispararon. El joven contó que, después del incidente, fue seguido por un automóvil hasta la zona norte, donde se bajaron dos hombres y uno de ellos le disparó. Tras ese incidente las secretarías de Transporte y Movilidad y de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario informaron que rastrearon al agresor y lo sancionaron administrativamente con «la caución de chapa y la exclusión del registro de conductores del transporte público».
«Las paradas son libres y vamos a seguir trabajando para garantizar la seguridad y accesibilidad a esta y a todas las paradas de Rosario», estableció Mónica Alvarado, titular de Transporte y Movilidad en ese momento.
Por su parte, las concejalas María Eugenia Schmuck y Fernanda Gigliani salieron a denunciar el «modus operandi de esta organización, que se apropia de un espacio público, atentando contra el derecho de usuarios y trabajadores y contra lo que establece la normativa vigente» y fueron a Fiscalía. Pero recibieron una carta documento que le envió la Cooperativa Mariano Moreno. “Es una amenaza inadmisible. Nos piden, textualmente, que nos manejemos con el tacto y buen sentido que una concejala debe tener para mantener la paz social. ¿A qué se refieren? Es muy serio y preocupante y no hace más que confirmar lo que venimos denunciando. Actúan como si fueran dueños de un espacio que es público, amenazan para garantizar sus propios intereses, que atentan contra otros trabajadores y usuarios a quienes nosotros defendemos”, dijo Schmuck este martes.
“Un texto y acto intimidatorio que no modificará nuestro compromiso: trabajar para que se cumpla la ley, para evitar el monopolio que algunos pretenden ejercer en un lugar público, para defender a los trabajadores y usuarios por los derechos que los asisten. Decirnos que tenemos que detenernos para mantener la paz social es simplemente confirmar lo que venimos denunciando. Una vergüenza, inadmisible”, indicó.
“Que quede claro, se terminó la impunidad para hacer o decir en función de intereses particulares y contra los del conjunto de la sociedad. Actuamos de acuerdo a las facultades que nos competen como concejalas. No esperen de nosotras otra actitud más que la de seguir generando acciones para garantizar que en la Terminal de Ómnibus se cumpla la ley y se terminen los privilegios”, finalizó.
