La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó este viernes la exención de prisión que se le había otorgado a la diputada oficialista Aída Ayala en el marco de una causa en la que está procesada por presunto lavado de dinero, por lo que se reactivará el debate sobre su desafuero en la Cámara baja.
Fuentes judiciales informaron a NA que los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky votaron por revocar el fallo de la Cámara Federal de Resistencia que había otorgado ese beneficio a la legisladora chaqueña de la Unión Cívica Radical.
De esta forma, los magistrados resolvieron mantener la decisión de la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger, que había pedido la detención de la legisladora de Cambiemos, previo a su desafuero en la Cámara de Diputados.
Además, el Tribunal anuló el fallo que excarceló al abogado Rolando Acuña y declaró inadmisibles los recursos que habían presentado los empresarios Alejandro Fischer y Carlos Huidobro para evitar sus detenciones.
Tras el fallo de Casación, será la jueza de primera instancia Niremperger quien disponga las detenciones.
En abril pasado, Niremperger había ordenado el arresto de la diputada radical y para ello había pedido su desafuero a la Cámara baja, aunque ese trámite fue descartado por el frente Cambiemos, aunque ahora el fallo de Casación abre un nuevo escenario.
Ayala, que fue intendenta de Resistencia entre 2003 y 2015 y busca ahora llegar a la gobernación, está procesada en la causa junto con el secretario general del sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Huidobro, Fischer y Pedro Alberto Martínez, como así también Patricia Vázquez, cuñada del actual ministro de Hacienda y Finanzas Cristian Ocampo; Rolando Acuña y Fátima Rigassio.
La diputada está acusada de presunto “lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público”, en calidad de autora; en concurso real con los delitos precedentes de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Puntualmente, está señalada como la “jefa de una banda” destinada a beneficiarse a través del pago de sobreprecios a proveedores de la recolección de residuos, cuando se desempeñaba como intendenta de la capital chaqueña.
