La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles que el cuatro veces condenado por delitos de lesa humanidad, Juan Daniel Amelong, permanezca en prisión domiciliaria, luego de que se le otorgara este beneficio a fines del año pasado.
Con esta medida, la sala IV rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial que buscaba ir contra la resolución que denegó su arresto domiciliario, según informaron fuentes judiciales.
El responsable de la Unidad Fiscal de causas de Lesa Humanidad de Rosario, Adolfo Villate, dijo a Télam que entiende que esa decisión, aun cuando pudiera quedar pendiente la instancia del recurso federal ante la Corte Suprema, es equiparable al rechazo de una excarcelación, por lo que “se debe cumplir de manera inmediata”.
Amelong cumple prisión domiciliaria desde fines del año pasado en su casa de Fisherton, tras una discutida decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que le otorgó el beneficio en las cuatro causas en las que fue condenado por delito de lesa humanidad, durante la última dictadura.
Fuentes judiciales recordaron a Télam que, paralelamente, el juez federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, le dictó la prisión preventiva en una causa también por delitos de lesa humanidad, por el secuestro y desaparición del militante campesino de la provincia de Mendoza, Miguel Membrive.
Por ese motivo, la fiscalía planteó que Amelong, que tiene tres condenas a prisión perpetua y una de 14 años por sustracción de una menor de 10 años en Paraná, Entre Ríos, debía seguir en prisión.
Finalmente, la Cámara Federal de Casación resolvió que se dicte un nuevo fallo.
El 13 de diciembre del año pasado, la sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la resolución del fecha 10 de junio de 2022 de Bailaque, que denegó el arresto domiciliario solicitado por la defensa de Amelong.
Contra esa resolución apeló la defensa oficial del militar retirado, que ahora fue confirmada por la sala IV de Casación Penal, con los votos de los jueces Gustavo Hornos, Carlos Carbajo y Mariano Borinski.
Los argumentos de la defensa de Amelong para solicitar la prisión domiciliaria son que el “Teniente Daniel” -el apodo que tenía durante la represión ilegal en el Batallón de Inteligencia 121- cumplió 70 años y tiene problemas de salud que no pueden atenderse en el Servicio Penitenciario.
El voto del juez Hornos, que confirmó la denegación del planteo, señala que “del informe se desprende que se realizaron evaluaciones cardiológicas y neurológicas, las cuales indicaron que no posee alteraciones clínicas ni funcionales y que se encuentra compensado desde el punto de vista cardiovascular”.
Agrega que “a su vez, se sugirió contar con los controles cardiológicos periódicos y continuar con la medicación prescrita por sus médicos de seguimiento”.
Para el magistrado, “tal como surge de las conclusiones del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Daniel Amelong no presenta afectaciones que permitan encuadrar su caso en ninguna de las previsiones” que otorga el beneficio de la prisión domiciliaria.
Amelong fue sindicado por numerosos testimonios de sobrevivientes de la dictadura y por prueba documental como uno de los integrantes de la “patota” del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario, que guiaba Oscar Pascual Guerrieri en los primeros años de la última dictadura cívico-militar.
Ese grupo operó en el circuito represivo conformado por los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, Fábrica Militar “Domingo Matheu”, la escuela Magnasco –utilizada durante el verano de 1978, mientras no había clases, como prisión ilegal de 14 militantes montoneros secuestrados en la Quinta de Funes– y La Intermedia.
El compromiso de Amelong con el terrorismo de Estado y su disposición a cometer crímenes de lesa humanidad no sólo quedó de manifiesto en su participación personal en esos hechos como miembro del Ejército, sino en la decisión de su familia de prestar a la institución castrense para objetivos ilícitos el predio del centro clandestino “La Intermedia”, en inmediaciones de Timbúes, la casa de fin de semana familiar.
Según el testimonio del ex Personal Civil de Inteligencia (PCI), Eduardo Costanzo, también condenado, allí fueron asesinados los 14 militantes de la organización Montoneros que estaban cautivos en la Quinta de Funes, una vez que tras la fallida “Operación México” para matar a la cúpula de esa organización política armada, la prensa de aquél país dio a conocer la existencia del centro clandestino ubicado en las afueras de la ciudad de Rosario.
