La jueza Roxana Bernardelli hizo lugar ayer al reclamo de la familia de Franco Ezequiel Casco, desaparecido a principios del mes pasado luego de ingresar arrestado a la comisaría 7ª y hallado 20 días después en el río Paraná, para que el caso pase a la Justicia federal. Sostuvo que los elementos expuestos por las partes en la audiencia oral solventan a prima facie la hipótesis de una responsabilidad policial en el caso y destacó un cúmulo de irregularidades durante la investigación como la falta de control médico ante la presunta recuperación de la libertad que afirma la versión policial. Declaró la incompetencia de la Justicia ordinaria, dispuso que el caso se recaratule como “desaparición forzada de personas” y ofició al Ejecutivo y a la Policía provincial para que se inicie una investigación administrativa sobre los policías.
El primero en exponer en la audiencia de ayer fue el titular del Servicio Público de la Defensa provincial, Gabriel Ganón. Dijo que están dados los requisitos para tratar el hecho como desaparición forzada de persona y solicitó su remisión a la Justicia federal.
Sostuvo que existió privación de la libertad por parte de la Policía, una privación “formal y materialmente ilegal”. Describió que en el caso se simuló una flagrancia por parte de Casco, se produjo una detención sin motivación y después se simuló una resistencia a la autoridad. Argumentó violación de normas internacionales de derechos humanos, y citó casos jurisprudenciales como los de Walter Bulacio e Iván Torres.
El defensor fue durísimo con el Ministerio de la Acusación, especialmente con la tarea desempeñada por el fiscal Guillermo Apanowicz a cargo de la investigación: dijo que se efectuó una denuncia por averiguación de paradero donde no se cumplieron los protocolos y destacó que no se realizó absolutamente nada durante la pesquisa hasta que la familia hizo público el caso y recién allí efectuaron algunas medidas investigativas.
Ganón le achacó a Apanovicz un sinnúmeros de desprolijidades, entre ellas perder filmaciones. Afirmó que el fiscal no se percató de que el celular secuestrado a la Policía, con el que presuntamente se fotografió a Casco golpeado, no fue el utilizado para ese registro y lo acusó de derivar el caso a una fuerza policial sospechada, lo que va en contra de las normas internacionales. Cerró afirmando que no se trató con respeto a la familia de la víctima ni se le brindó información y detalló que a pesar de verse en las fotos a Casco golpeado no tomó ninguna acción al respecto.
A su turno, Apanowicz hizo un relato de la estadía de Casco en Rosario y cómo el joven de 20 años fue detenido; habló de las anotaciones en el libro de guardia y las constancias de GPS para avalar sus dichos y detalló que hubo un solo informe médico sobre la víctima a las 16 del día 7 de octubre que sostiene que Casco estaba “desorientado en tiempo y espacio”. Fue consultado por la jueza sobre la existencia de un nuevo control médico previo a la salida de la comisaría. Contestó que no y la jueza le recalcó que ello es un deber legal.
Bernardelli consultó al fiscal sobre la tarea que se realizó entre el día 8 de octubre, cuando la tía de Casco presentó la denuncia sobre su desaparición, y el 30 cuando fue hallado en el río. El fiscal afirmó que ello es materia de investigación y sostuvo que manejan varias hipótesis. Habló de una posible responsabilidad policial y afirmó que manejan una posible intervención de una persona no identificada en el hecho o una muerte accidental.
Apanowicz refirió que Casco fue visto con vida el 7 de octubre a las 22, que todo el procedimiento fue puesto en conocimiento fiscal y se cumplimentó con las órdenes dispuestas por el Ministerio de la Acusación, a lo que Ganón agregó que no le dieron intervención a la Defensoría cuando es una obligación legal. El fiscal sostuvo que si bien hay un reconocimiento positivo de la familia sobre el cuerpo hallado su estado de descomposición no permitió identificarlo fehacientemente, por lo que se está realizando un ADN y detalló el rechazo por parte del juez federal Marcelo Bailaque de un planteo similar en dicho fuero, a lo que Ganón acotó que está apelado. El fiscal concluyó que no se dan todos los requisitos necesarios para encuadrar el caso en desaparición forzada de persona y dijo que no se puede descartar que intervenga la Justicia federal y lo dejó a criterio de la magistrada. Esta última frase generó la incertidumbre de la jueza, quien le solicitó que aclarara su posición. El fiscal dudó y luego dijo que no están dados todos los elementos para circunscribir el caso a una desaparición forzada. Argumentó que es el primer planteo formal que hace la defensa pero podrían discutirlo.
La decisión
Tras repasar lo escuchado, Bernardelli resolvió, con absoluta claridad, admitir el pedido de Ganón. Dijo que de las hipótesis de la Fiscalía la única que a prima facie cuenta con elementos es la de una posible responsabilidad policial; sobre las otras no hay ningún sustento. Y agregó que la madre de Casco y su defensor señalaron irregularidades, contradicciones y una posible desaparición forzada de persona, fundamentado en circunstancias como la detención en horas de la noche –hay diferencias: la familia sostiene que fue el 6 y la Policía el 7, pasado el mediodía, tras el llamado de un vecino al celular del comisario. “Si la detención de Casco fue el 6 a prima facie es ilegal porque le dan comunicación al fiscal al día siguiente y no le informan a la defensa, lo que pone en desamparo e indefensión al detenido”, detalló y tildó como “grave” que la condición física del muchacho no fuera constatada al salir de la seccional. Entendió que el caso constituye desaparición forzada de persona en base a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y citó el caso de la desaparición de Sergio Ávalos, donde la Corte nacional resolvió, este mes, la remisión a la Justicia federal tras 11 años de irregularidades. La jueza declaró la incompetencia, por vía declinatoria, y ordenó remitir las actuaciones a la Justicia federal. Dispuso recaratular la causa como desaparición forzada de personas y oficiar al gobernador Antonio Bonfatti, al jefe de la UR II o a Asuntos Internos para que hagan actuaciones administrativas para esclarecer la probable comisión de faltas por parte del personal de la comisaría 7ª o cualquier uniformado que intervino en la detención y, en caso de que surjan responsabilidades penales, se dé intervención a la Justicia.
Ganón: “Ejemplar”
Ejemplar. Así calificó la resolución de Bernardelli el defensor Ganón, para quien el fallo va en consonancia con lo resuelto por la Corte nacional. Añadió: “Quedó demostrado durante la audiencia el papelón y la tendencia al encubrimiento del fiscal Apanowicz”. También cuestionó al juez federal Marcelo Bailaque, quien rechazó el planteo en dicha jurisdicción.
“Revela un desconocimiento absoluto de la validez del derecho internacional sobre derechos humanos y va en contra de la propia legislación argentina: confunde los tantos”, disparó y agregó que ese fallo está apelado. La Fiscalía Regional esperará conocer los fundamentos para pronunciarse.
