El proyecto de ley de protección al dominio nacional de tierras rurales, conocido como ley de tierras, fue tratado en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación, y espera avanzar en las demás comisiones para el posterior debate en el recinto. La iniciativa que presentó el gobierno de Cristina Fernández intenta regular la venta de tierras a titulares de otras nacionalidades, en medio de un proceso de extranjerización que se viene dando de manera acelerada en los últimos años. El autor de la norma que limita en un 20 por ciento el dominio del total de tierras rurales en manos extranjeras, el abogado Aldo Casella, estuvo esta semana en Rosario para hablar sobre la problemática de la tenencia de la tierra en el país y difundir los alcances de la propuesta.
“El proyecto dice que la cantidad de tierras en dominio extranjero no puede superar el 20 por ciento. Tiene una limitación por nacionalidad, que establece que dentro de ese 20 por ciento no puede haber más de un 30 por ciento en manos de una misma nacionalidad. También plantea la limitación individual, donde nadie puede tener una titularidad superior a mil hectáreas. La norma también contempla la zona y la productividad del terreno”, explicó Casella en diálogo con El Ciudadano.
En la Argentina hay un proceso de compra de grandes extensiones de tierra por parte de extranjeros que va en subida. En efecto, el Ejecutivo impulsa el proyecto con el objetivo de “resguardar la soberanía alimentaria y de decisión en el dominio y tenencia de la tierra”, indicó el especialista en la materia, quien participó de una conferencia en la sede la Universidad Nacional de Rosario organizada por la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo) y la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación.
Ante la falta de datos sobre el reparto de tierras rurales en suelo nacional, en el proyecto de ley se prevé además realizar un relevamiento. En el último tiempo hubo adquisición de campos en el sur del país por parte de titulares extranjeros, pero también en el NEA, con epicentro en Corrientes, y también en el NOA, sobre todo en la provincia de Salta.
“Esto viene de la mano de un movimiento internacional de capitales de inversión dirigidos hacia estos recursos naturales, como las grandes extensiones de tierra, que también se da en América latina, Asia y África”, contó el profesor de Derecho Agrario en la Universidad de Corrientes.
La ley no será retroactiva, es decir, comenzará a regir desde su sanción para adelante. “Algunos centros de estudios hablan de que ya estaría cubierto ese 20 por ciento en manos extranjeras, que es el tope que marca la ley; otros dicen que estamos cercanos a ese porcentaje”, dijo Casella, para detallar: “En el país hay 170 millones de hectáreas rurales, concebidas como no urbanas más allá de su productividad. El 20 por ciento del que habla el proyecto de ley representaría alrededor de 30 millones de hectáreas. Federación Agraria calculó 15 millones en manos de extranjeros, igual falta información precisa”.
Según Casella, docente además en la Universidad Tecnológica Nacional de Reconquista, de donde es oriundo, “la ley contempla la titularidad del dominio, y puede pasar que la titularidad sea de una persona física, pero es más difícil controlar mecanismos asociativos como fondos de inversión, fideicomisos o sociedades anónimas”.
El redactor de la norma que espera tratamiento en el Congreso aclaró que la ley no se mete con la inversión, el desarrollo productivo, agroindustrial y valores agregados. “Está dirigida al dominio territorial. En la ley que protege la inversión extranjera no se considera la adquisición de tierra como una inversión, ya que se trata de resguardar este recurso natural no renovable. La iniciativa busca ser una política de Estado y mantener la soberanía en el manejo del suelo nacional”, señaló Casella a este diario.
El primer proyecto de ley para frenar la extranjerización de la tierra fue presentado por Federación Agraria. Los agrodiputados radicales Pablo Orsolini y Ulises Forte se manifestaron en general de acuerdo con la norma oficial, aunque pidieron limitar aún más ese 20 por ciento de tierra en poder de titulares internacionales. En el Congreso duermen varios proyectos más que fueron ingresados por distintas fuerzas políticas, lo que da la pauta de que la aprobación de la ley es factible, sujeta a cambios que salgan de las discusiones previas.
“Hay consenso político a la hora de reconocer la existencia del problema. Otra parte del tema es la implementación de la norma y su cuestión legal”, sostuvo Casella.
El autor de la propuesta –en la que también trabajó el constitucionalista Eduardo Barcesat– contó que a la hora de redactarla se tuvo en cuenta el derecho comparado. “El esquema de Brasil no difiere mucho del proyecto de ley argentino, ya que establece un máximo de compra por persona, un tope territorial por municipio y un máximo para nacionalidades extranjeras”, sostuvo Casella, confiado en la aprobación de la ley de tierras nacional.
