Femicidios, femicidios vinculados, travesticidios, ataques de odio, travesticidios sociales, intentos de femicidios, muertes de mujeres por vulnerabilidad social, violencia online, acoso callejero y hasta datos sobre los femicidas, son los registros que realiza el Observatorio Nacional MuMaLa, Mujeres, Disidencias, Derechos. La lista es larga y la cantidad de años que sus integrantes militan contra la violencia de género, también.
“Para febrero tenemos programado un informe sobre los femicidas, con el planteo de interpelar esta situación de las masculinidades”, dice Betiana Cabrera Fasolis, médica, docente de la UNC y coordinadora de MuMaLa Córdoba (Mujeres de la Matria Latinoamericana). Lo que cuenta Cabrera Fasolis, con miras hacia adelante, lo dice en la misma semana que el Observatorio publicó los datos que reflejan 10 años de registrar femicidios en 17 provincias del país.
Entre 2010 y 2019, en Argentina hubo 2.749 femicidios, 264 femicidios vinculados de varones y niños. También 3.295 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin su madre y un dato no menor es que, en la última década, solo el 17% de las mujeres había realizado denuncias previas.
Confiar y denunciar
“Una de las conclusiones de estos diez años de registros de femicidios, tiene que ver con la confianza en el Estado”, indica Cabrera Fasolis y las cifras respaldan: en 2010, cuando se iniciaron los registros de muertes, solo un 13% de las mujeres había realizado una denuncia por violencia de género, y diez años después, si bien hubo un incremento, solo el 17% acudió al Estado antes de morir.
Para la coordinadora de MuMaLa, el 80% de las mujeres que fueron asesinadas no pudieron advertir, “porque no sabían o no confiaron en el Estado”, no se fiaron de las resoluciones que podría darles ese Estado para poder prevenir el asesinato.
“No fueron a denunciar porque tal vez no creían en la Justicia, tal vez, no confiaban que el Estado les pudiera solucionar algo, tal vez, no tenían redes sociales de contención, tal vez, no existía ningún tipo de información o tal vez porque realmente no sabían cómo hacerlo y esto es algo para alarmarnos”, explica Cabrera Fasolis y agrega: “Sin lugar a dudas es uno de los datos más traumáticos”.
Los años en que hubo mayor cantidad de denuncias por violencia de género fueron el 2015, un 20% y 2018 con un 21%. Para el Observatorio, la lectura es que fueron años atravesados por fuertes luchas del movimiento de mujeres e identidades disidentes como los reclamos “Ni una menos” y Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se instalaron en el espacio público, político, y coparon también, los medios de comunicación.
“Hay que decir que hemos avanzado en lo que son las cifras pero todavía nos falta un montón. Nuestro compromiso de visibilizar estas situaciones surgió porque no existían cifra oficiales”, cuenta Cabrera Fasolis sobre este movimiento político que surgió a principios de este siglo, para ayudar a mujeres afectadas por las crisis, como también surgieron otras agrupaciones, medios e instituciones -como Defensoría del Pueblo- que con el tiempo también empezaron a realizar sus propios registros de femicidios.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, por su parte, lleva adelante los informes a nivel judicial, pero a diferencia de los Observatorios, no registra algunos casos de violencia de género porque hay situaciones que no llegan a las instancias judiciales, como es el caso de femicidios seguidos de suicidios, que a veces no llegan a la instancia judicial porque ya no existen delitos. “Nosotras seguimos el caso, tratamos de encontrar la pericia, la autopsia, tratamos de saber sobre la situación familiar de la víctima, porque muchas veces hay tensión entre todas estas cosas: lo que dicen los medios, lo que dice la Justicia, y lo que dicen los familiares”, explica la coordinadora.
Más muertes donde no hay acciones del Estado
En Córdoba, los registros de los últimos cuatro años, revelan que los femicidios hicieron una especie de meseta: en el año 2016 hubo 23 casos; en 2017, 24 casos; en 2018, 21; y en 2019 se registraron 19 mujeres muertas. Pese a la visibilización de los últimos tiempos y la lucha contra las violencias de género en las calles, las tasas de femicidios no bajan.
Otro dato a destacar es que la mayoría de las muertes en estos contextos, se da en el interior provincial: “Esto tiene que ver con que hay una desigual distribución de recursos y de información”, explica Cabrera Fasolis y agrega que se trata de una desigual redistribución de las redes sociales de contención y de la presencia del Estado.
“Se puede hacer la lectura simplista acerca de que el interior es más atrasado y esto no es así, tiene que ver con que falta presencia estatal. Es necesario descentralizar los espacios de asistencia, de los equipos interdisciplinarios de asistencia pero también de equipos, que trabajen con la prevención y promoción, para una vida libre de violencias porque sino siempre vamos a estar llegando tarde”.
“Necesitamos de las políticas públicas con presupuestos acordes y a fin”, dice la coordinadora en relación a los equipos interdisciplinarios que trabajan contra las violencias de género, que siguen siendo equipos totalmente flexibilizados, con monotributo, que están por debajo de la canasta básica. Y esto “es un trabajo bastante sensible, que reviste bastante constancia y ahí tenemos concretamente un déficit”. Con los recortes sufridos, y previamente la poca inversión, el años pasado cerró con el mismo presupuesto de $11,36 por cada mujer para sancionar, prevenir y tratar de erradicar la violencia de género.
En ese marco, a diez años de la sanción de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, el plan de acción pasó de 50 millones en el 2018 a tener 32 millones en el 2019. “Fue tremendo resistir un ajuste en este sector tan sensible. Llegó el 2020 y tenemos muchas expectativas con este ministerio de las Mujeres”, dice Cabrera Fasolis y cierra: “Estamos expectantes por saber cuál será el presupuesto que se le destinará porque la voluntad política es sinónimo de presupuesto, y ahí vamos a ver cómo se materializa esto”.
