Autoridades del Concejo Municipal, de las dos cámaras inmobiliarias locales y organizaciones de consumidores acordaron ayer avanzar con medidas de corto plazo para facilitar el acceso a avales propietarios y evitar abusos en los contratos de alquiler, todo en el marco de las dificultades que a diario padecen los inquilinos a la hora de salir a rentar un inmueble. Uno de los hechos más salientes expuestos tras el cónclave está vinculado al Banco Municipal de Rosario. Esa entidad anunció en 2011 un servicio de garantías para quienes no pueden conseguir un respaldo propietario. Sin embargo, casi nadie lo toma, con lo que la iniciativa fracasó.
El encuentro entre los representantes de esos sectores transcurrió en el Palacio Vasallo. Allí estuvieron el titular de Cadeiros (Cámaras de Inmobiliarias de Rosario), Carlos Rovitti; su par de Ceir (Corporación de Empresas Inmobiliarias de Rosario), Marcelo Gustaffson; Ariel D’Orazio, integrante de la Oficina Municipal del Consumidor; el titular del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), Juan Marcos Aviano; voceros de la ONG Igualdad Argentina y estudiantes del interior nucleados en una organización que brega por soluciones a la problemática de los alquileres. El anfitrión fue el presidente del Concejo, Miguel Zamarini.
Lo más saliente que dejó el cónclave fue el acuerdo para solicitar una reunión “urgente” con las autoridades del Banco Municipal para reimpulsar un viejo proyecto del Ejecutivo.
Miguel Lifschitz, quien por entonces era intendente de la ciudad, anunció en abril de 2011 el lanzamiento por parte de esa entidad de un servicio de garantías de alquileres.
La iniciativa busca evitar al inquilino (bancarizado o no) la complicada tarea de obtener esa documentación por medio de terceros.
El máximo de alquiler para gozar del beneficio se fijó en aquel momento en los 3 mil pesos mensuales. La garantía cubre el contrato de locación (alquiler mensual, expensas, impuesto inmobiliario, TGI y factura de Aguas Santafesinas), la renta mensual no debe superar el 30 por ciento del ingreso familiar y el plazo máximo de los contratos es de 2 años.
Lo cierto es que a tres años y medio del anuncio, casi nadie tomó el servicio. El fracaso fue admitido por fuentes del propio Banco Municipal, quienes se excusaron igual de entregar cifras concretas, ya que no las tenían presenten al momento del contacto de este medio.
Para Rovitti, la intervención de esa entidad sólo es “factible” si se corrigen algunos aspectos de la propuesta. “A pesar de que no tuvo éxito, el sistema de garantías del Banco aún sigue disponible. La información que tenemos es que se han hecho muy pocos contratos. El gran inconveniente es que el servicio no contempla los daños que se le pueden hacer a la propiedad. Por eso en general los dueños de inmuebles no la aceptan. Lo que queremos en esta mesa de trabajo que se ha conformado es que el Municipal revea esa condición”, explicó el titular de Cadeiros.
En tanto, Zamarini indicó que si se extendieran esas garantías se daría un “paso fundamental”. “Con el aporte del Banco se evita uno de los principales inconvenientes que existe a la hora de alquilar un departamento, especialmente para aquellos que lo hacen por primera vez y no les resulta fácil conseguir avales”, explicó.
Más proyectos
Tras eso, el titular del Palacio Vasallo adelantó que, antes de fin de año, se redactará un modelo de contrato consensuado entre las cámaras inmobiliarias, la Oficina de Defensa al Consumidor y el propio Concejo Municipal. El escrito no será de cumplimiento obligatorio, pero se dará a conocer públicamente y la idea es que sea utilizado por inmobiliarias, locadores y aun exigido por aquellos inquilinos que lo deseen.
“Se trata de un contrato estándar donde buscamos que queden claras las cláusulas y evitar estafas o complicaciones en relación a cobros que no corresponden, a qué responsabilidades le caben puntualmente al locador y cuáles al locatario”, apuntó el titular del cuerpo legislativo.
Ayer también se pusieron sobre la mesa otros proyectos, como el de aplicar una sobretasa a viviendas deshabitadas –de los ediles Carlos Cossia y María Eugenia Schmuck–, el de crear un sistema de ahorro público para la casa propia (también de la concejala radical), y otra serie de iniciativas de autoría del radical Martín Rosúa: todas se pondrán bajo evaluación de las partes.
Viviendas familiares
En la reunión que se desarrolló ayer en el Concejo, Marcos Aviano, titular del Cesyac, propuso que se exceptúe del pago del sellado provincial a los inquilinos que no sean propietarios y utilicen el inmueble como vivienda de uso familiar, cuestión que deberá tomar la Legislatura provincial. Aviano también señaló que «como todos los noviembre de cada año” la ONG volvió a consultar en su relevamiento inmobiliario los precios de los alquileres. Y el ajuste con respecto a 2013 promedia el 26 por ciento, tomando casas y departamentos del centro y los barrios. El dirigente recordó que en varias oportunidades desde el Cesyac promovieron junto a la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, el establecimiento de un esquema de «Alquieres Cuidados» a nivel nacional “o un acuerdo local que haga rondar los ajustes no más allá de un 20 por ciento para viviendas familiares”.
Las ideas de Rubeo
En el marco de una campaña, el presidente de la Cámara de Diputados santafesina, Luis Rubeo, presentó esta semana un paquete de proyectos de ley vinculados a la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. “Nos parece oportuno que la gente conozca la ley nacional de Usuarios y Consumidores, como así también que tenga a mano un listado de los organismos a los que puede acudir tanto en Rosario como en Santa Fe. Esta guía será de distribución masiva mediante un trabajo militante a lo largo y ancho de Santa Fe, como ya hicimos con la Carta Magna provincial”, sostuvo el dirigente en conferencia de prensa.
Una de las propuestas, según explicó, busca “terminar con las prácticas abusivas” por parte de empresas públicas y privadas. Esa idea ya cuenta con media sanción. Aquí se prevé que la espera en cualquier entidad no supere los 30 minutos, buscando regular la atención al público, y “darle fin a las interminables colas que padecen los vecinos”, aseveró el legislador. Y añadió: “En este aspecto los santafesinos estamos desamparados, pero la sanción de esta ley permitirá comenzar a penalizar a aquellos que no cumplan”.
Incorporar contenidos vinculados con los derechos de usuarios y consumidores a los planes de estudio es otra de las iniciativas que impulsa el legislador. “La educación es la herramienta que iguala y todos sabemos que aquello que los niños incorporan a temprana edad es muy difícil que lo olviden”, explicó.
Rubeo también planteó la idea de crear la “Secretaría de Estado de Defensa del Consumidor”. “Además de elevar el rango dentro de la organización administrativa, permitirá dar mayor visibilidad al tema, tener un órgano de aplicación de la ley y llevar adelante una cobertura territorial mucho más extensa”, explicó.
Finalmente, el último de los proyectos está relacionado con “la posibilidad de que municipios y comunas puedan establecer convenios con la Dirección General de Comercio Interior y Servicios, para cubrir lo que territorialmente esta dependencia estatal no cubre por falta de infraestructura”.
