La ley que otorgó los primeros derechos civiles a las argentinas cumplirá el próximo miércoles 96 años y, aunque las mujeres lograron en casi un siglo superar la inferioridad jurídica asignada por históricos mandatos patriarcales, todavía persisten asimetrías a la hora de validar esos derechos en los conflictos de la vida diaria, con ejemplos de desigualdad extrema en el caso de minorías étnicas y de mujeres pobres.
Así coincidieron analistas consultadas por Télam al evaluar el camino emprendido el 14 de septiembre de 1926, cuando se sancionó la Ley de Equiparación de Derechos Civiles de la Mujer (11.357), una norma «incompleta» porque sólo garantizó derechos sobre su vida y sus bienes a las mujeres solteras, pero no así a las casadas, que continuaron bajo la potestad y tutela de sus maridos -en condiciones similares a las de los menores de edad- hasta 1968, cuando se reformó el Código Civil.
Con todo, casi un siglo después de esa primera norma, perduran trabas en el acceso a los derechos civiles: la falta de cumplimiento de leyes como la de Cupo, de Paridad o el lento y engorroso proceso para que se cumpla la ley Brisa con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género son muestras de eso. Pero los casos se vuelven dramáticos cuando se trata de derechos vulnerados para ciertas minorías. Por ejemplo, la imposibilidad de denunciar abusos y violaciones de las que son víctimas recurrentes las mujeres de comunidades indígenas, que incluso deben soportar el ninguneo de parte de instituciones estatales.
Si bien la Argentina está a la vanguardia en materia legislativa orientada a las mujeres y disidencias, existe todavía una «deuda» en el reconocimiento social de esas leyes de igualación de derechos en los conflictos de la vida diaria, reflexionó en diálogo con esta agencia la investigadora del Conicet y docente de Sociología Histórica de América Latina de la carrera de Sociología de la UBA, Verónica Giordano.
«La no igualdad es más aguda cuando se suman otras desigualdades étnicas o de pobreza», declaró a Télam la vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy y militante feminista, Liliana Bergesio, quien analizó que si bien «las leyes son imprescindibles», al mismo tiempo son «claramente insuficientes porque no modifican prácticas y conductas».
En febrero pasado, la comunidad Misión Kilómetro 2, ubicada en el Chaco salteño, denunció agresiones sexuales sistemáticas de «hombres criollos» en perjuicio de niñas y jóvenes indígenas, en una carta que entregaron al ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo.
«Muchas de esas relaciones no fueron consentidas y también sucedieron a una muy temprana edad, en condiciones que hoy reconocemos como claros abusos», dijeron las mujeres, que no sólo debieron asumir una maternidad no planificada ni deseada en condiciones de vulnerabilidad absoluta, sino que además fueron revictimizadas con burlas y agresiones de parte de policías y funcionarios judiciales.
Como sintetizó Giordano, «el Estado deja marcas de violencia sobre la mujer». Pero el acceso a derechos civiles también puede presentar desafíos o dificultades para mujeres de sectores sociales acomodados. Entre esos registros aparece el caso de Dolores Etchevehere, quien denunció violencia patrimonial, económica, psicológica y simbólica de parte de su madre, Leonor Marcial, y de sus hermanos Juan Diego, Arturo Sebastián y Luis Miguel Etchevehere (exministro de Agricultura del Gobierno de Mauricio Macri y expresidente de la Sociedad Rural Argentina).
Dolores Etchevehere fue desalojada en el 2020 de un campo que reclama como propio y en el que planeaba dar forma a un emprendimiento agroecológico llamado Proyecto Artigas. Sin embargo, esas hectáreas volvieron a manos de sus hermanos varones y se inscriben en una estadística nacional que revela que sólo el 16% de las tierras del país tiene registradas a mujeres como propietarias, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Un caso más reciente que alude a derechos vulnerados fue la denuncia por violencia de género realizada el año pasado por la esposa de Marcelo Guzmán, quien se desempeñaba como relator de un juez de la Corte de Tierra del Fuego y que fue separado de su cargo recién cuando se viralizó un video en el que su mujer expuso su sufrimiento.
«Muchas veces hay una valoración patriarcal de los conflictos en el ámbito de la justicia», sintetizó Giordano y ahí se encuadran las recurrentes embestidas judiciales y resistencias para la ejecución de abortos legales.
La lesión de derechos forma parte de un «sistema de opresión que se puede medir en muchas variables», en las que casi siempre está involucrada la acción u omisión de la justicia y que tiene como punto extremo el femicidio.
En el muestrario de variables puede contarse también un informe dado a conocer en el 2020 por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que mostró que sólo ocho de cada 100 pymes argentinas tienen a una mujer como propietaria mayoritaria y eso se aplica en un porcentaje de tres sobre 100 en el caso de las grandes empresas.
«Las prácticas siguen fomentando situaciones de desigualdad», aseguró la académica Bergesio, algo con lo que coincidió la socióloga Giordano, para quien la pandemia de coronavirus mostró claramente «el privilegio del varón en el ámbito doméstico» y la «invisibilización social de las tareas del cuidado», un trabajo que atraviesa a todos los sectores sociales y «no está remunerado».
Aún con progresos claros, como la sanción en el 2013 de la ley laboral para empleadas domésticas, la formalización de las tareas del cuidado es el «punto pendiente más relevante», opinó la autora del libro «Ciudadanas incapaces. La construcción de los derechos civiles de las mujeres en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el siglo XX».
Otra faceta de desamparo legal quedó evidenciada en un mapeo presentado en junio último por la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, que reveló que «casi siete de cada 10 mujeres separadas con hijos no reciben la cuota alimentaria o sólo la perciben eventualmente», en base a una encuesto sobre 6.000 mujeres de 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
El estudio dejó ver que el incumplimiento de la obligación alimentaria «es significativo, independientemente de la condición laboral de los progenitores» y «es transversal a los distintos sectores sociales».
La ley de derechos civiles de 1926 fue «la primera de un andamiaje», en el que se inicia un recorrido que hoy tiene su último hito en el cupo travesti-trans», analizó Laura Caniggia, a cargo del Departamento Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados.
«Hemos avanzado muchísimo en el siglo XX y en lo que va del XXI en derechos civiles, sociales, sindicales, políticos y sexuales para las mujeres y las disidencias, pero llevamos desventajas de siglos y demanda mucho más tiempo trasladar los cambios a la realidad cotidiana», reflexionó la educadora y legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco.
Para la militante feminista, la clave está en «abordar de manera estratégica la educación y que eso signifique transformar los derechos humanos en derechos sociales y derechos de género», en un camino «hacia la construcción de sociedades más igualitarias».
