Al sargento Orlando Martínez lo mataron en febrero de 2005 en barrio Ludueña. Iba en una patrulla con su compañero y, en un confuso episodio, los uniformados trataron de detener a dos jóvenes en bicicleta. Uno de ellos le disparó al sargento. El tiro ingresó por la axila y le causó la muerte. Los agresores fueron identificados: el mayor terminó condenado a prisión perpetua y un adolescente de la comunidad toba fue considerado responsable en el fuero de Menores, aunque permaneció prófugo hasta este año. Una condena en la provincia del Chaco por tentativa de robo lo dejó en evidencia. Se había fugado tras la presentación de un recurso de apelación que interpuso su defensa. Esta semana se fijó una audiencia en la Cámara Penal, pero fue desistida, lo que dejó firme la decisión del Juzgado de Menores N° 3. Ahora pasará a otro tribunal para determinar si corresponde la imposición de pena y, en su caso, que sanción deberá imponerle.
En el mediodía del viernes 4 de febrero de 2005, en Bielsa al 5100 casi Felipe Moré, el sargento Martínez recibió un balazo que no le tocó el chaleco que tenía puesto. Seguían junto con otro efectivo de la Patrulla Urbana a dos muchachos que iban en bicicleta. Durante la reconstrucción no se pudo determinar claramente cómo fue el episodio, ni por qué los seguían, pero Martínez terminó muerto.
Poco después Heraldo, un pibe de 16 años de la comunidad toba fue detenido. Si bien dijo que levantó a otro muchacho en la bicicleta y no efectuó el disparo fatal, para la investigación fue el tirador mientras que su compinche le facilitó el arma que nunca se encontró. En un primer momento fue detenido un joven que luego fue desvinculado, tras lo cual cayó Pablo Américo Figueroa. El pibe tenía 21 años al momento del hecho. En 2007 fue condenado por el Juzgado de Sentencia N° 5, entonces a cargo de Ernesto Genesio, a la pena de prisión perpetua.
Para el juez prestó una “ayuda indispensable” para cometer el crimen que fue calificado por la condición de funcionario policial de la víctima. Basó su decisión en los testimonios de los tres policías que presenciaron el hecho y fueron contradictorios y el reconocimiento positivo que realizaron los uniformados en rueda de personas. Heraldo V. dijo que esa no era la persona que iba con él en la bicicleta.
Heraldo
Según una nota publicada por el diario Rosario12 en octubre de 2007, Heraldo se instaló en Rosario con su familia cuando tenía 3 años, cursó estudios hasta cuarto grado y la violencia doméstica fue una constante en su familia hasta que sus padres se separaron y conoció la calle. Cayó varias veces por robo y a los 16 por el crimen de Martínez. Estuvo en el Irar, salió y volvió a caer por robo. Esta vez fue a parar a la cárcel de mayores.
En 2007 el Juzgado de Menores a cargo de Juan Leandro Artigas lo declaró responsable por el crimen del policía. Pero por una cuestión técnica esa sentencia fue anulada a partir del antecedente del caso Fraticelli –en el que se determinó que un mismo juez no puede investigar y juzgar–; entonces el caso pasó al Juzgado de Menores N° 3, que volvió a fallar en el mismo sentido. La defensa de Heraldo V. apeló la decisión que declaró al muchacho penalmente responsable del homicidio calificado de Martínez.
En ese entonces Heraldo tenía un arresto domiciliario. Pero cuando fueron a buscarlo por un trámite de rigor, en marzo de 2009, el muchacho ya no estaba. Desde entonces se mantuvo prófugo pero, en 2017, fue condenado en la provincia del Chaco por un hecho de tentativa de robo a la pena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva. Esa sanción fue detectada por el Juzgado de Menores, que tras corroborar que no se tratara de un homónimo lo requirió y se activó el trámite ante la Cámara Penal. Pero Heraldo y su defensora decidieron desistir el recurso de apelación interpuesto en 2007 y de esa forma la sentencia que lo responsabiliza quedó firme.
Ahora el caso quedará en manos de una jueza penal (quedan dos en los Tribunales de Rosario; los otros dos cargos están vacantes), quien deberá decidir sobre la situación de Heraldo V., o sea determinar si corresponde o no la aplicación de pena y, en el primer caso, fijar la sanción que le corresponderá cumplir por el crimen.
