El nuevo edificio de los tribunales en Casilda, proyectado hace 15 años pero con licitación de obra recién en 2022, no tiene el consenso social de los vecinos por su ubicación: dentro del único pulmón verde de la ciudad, el Parque Sarmiento, en una zona de humedal regida por el arroyo La Candelaria que lo atraviesa. Este viernes, pese al rechazo de miles de casildenses, agrupaciones sociales y hasta instituciones, la policía cercó el predio destinado a la construcción, y las máquinas ingresaron para continuar despejando terreno con la tala de árboles casi centenarios. En paralelo, se llevaron detenidos a dos jóvenes activistas, Mara Garro y Franco Breardo, quienes participaban del acampe sobre el ingreso del predio cercado, cuando aún todos estaban durmiendo. Según se denunció a el lo golpearon y a ella la trasladaron efectivos masculinos. Después un tercer activista, Mauricio Bornarcini, fue golpeado y detenido cuando intentaba impedir un corte de árboles con motosierra.
Los acampantes marcharon sobre la Municipalidad local y continuaron con la protesta cortando una avenida.
Son alrededor de 14 mil las firmas de rechazo a la construcción, no por sí misma sino por su localización. Es que el edificio, que concentrará dependencias judiciales hoy dispersas, plantará cemento sobre el único gran espacio verde de Casilda, ya reducido por otras obras, y además área protegida por una ley provincial. Los vecinos adelantan que el funcionamiento de los juzgados y otras oficinas, con circulación de fuerzas de seguridad armadas, detenidos bajo proceso y numerosos vehículos, entre otras cosas, terminará también por anular el espacio para la infancia que es el parque.
Calles acordonadas por la policías
Desde este jueves, las calles cercanas al sitio proyectado para el nuevo edificio comenzaron a lucir con abundante presencia policial, que incluyó efectivos del Grupo de Operación Táctica (GOT). Este viernes, personal policial demoró, a primera hora de la mañana, a dos integrantes del acampe instalado frente al predio cercado del parque Sarmiento. Los asambleístas dieron sus nombres: Mara Garro y Franco Bruardo. También denunciaron violencia de los agentes contra Mauricio Bornacin.
Las obras para despejar el terreno donde se edificarán los nuevos tribunales habían sido clausuradas temporalmente ante una presentación de amparo de vecinos y flojedad de papeles de la constructora adjudicataria. Hubo reuniones con las autoridades locales e incluso en la ciudad de Santa Fe con Rafael Gutiérrez, el anterior presidente de la Corte Suprema santafesina, mandataria del proyecto. Pero el domingo pasado el máximo tribunal de la provincia rechazó definitivamente la posibilidad de una relocalización y decidió avanzar con los trabajos. La medida tensó el conflicto, cortó el diálogo y desembocó en la presencia de fuerzas de seguridad entre este jueves y viernes para que operarios y maquinarias iniciaran la remoción de «obstáculos»: árboles plantados por los propios casildenses hace más de 60 años.
Los vecinos explicaron que se les niega el acceso a información pública, como el permiso definitivo para la obra y el obligatorio estudio de impacto ambiental de cuya existencia dudan. De hecho, el edificio se levantará sobre terrenos potencialmente inundables a la vera del arroyo, según concluye un estudio realizado por ingenieros de la Universidad Nacional de Rosario.
El lote en cuestión, de 3.650 metros cuadrados, tiene acceso por bulevar Ovidio Lagos, entre Catamarca y San Luis. La obra se promociona como la más ambiciosa en la historia de Casilda. Está proyectada una superficie cubierta total de 4521 metros cuadrados en cuatro niveles más subsuelo para estacionamiento. Los trabajos incluyen una “refuncionalización” del parque Sarmiento que no está clara y que, por ahora, se traduce en reducción de sombra y verde en un espacio elegido por los casildenses para numerosas actividades de recreación, incluso escolares, deportivas e infantiles.
15 años y sin licencia social
El convenio para la obra se firmó en 2007 con la cesión del predio, propiedad del Estado provincial, al Poder Judicial. Contó con el respaldo del Ejecutivo local, comandado por el entonces intendente y hoy senador provincial Eduardo Rosconi, y la aprobación del Concejo Municipal. La iniciativa durmió tres lustros hasta que este 2022 se anunció la licitación pública 26/22, con un presupuesto de 1.300 millones de pesos y un plazo para la ejecución de la obra de 730 días a partir de la adjudicación. En paralelo, se reactivó la resistencia de miles de vecinos que pusieron sobre la mesa lo que consideran una irracional elección del sitio de emplazamiento.
El edificio fue pensado para alojar la Defensoría General, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, la Oficina de Gestión Judicial, el Fuero Penal, los Juzgados Civil 1 y 2, el de Familia, el de Menores, la Asesoría de Menores, el Juzgado de Circuito, la Fiscalía de 1º Instancia, la Cámara Gesell y un futuro Juzgado Laboral. Hoy, son instancias desperdigadas en la ciudad, muchas de ellas en locaciones alquiladas. Los vecinos no se oponen a su unificación, sí a que sea, como sostienen, a costa de avasallar el pulmón de la ciudad y con ello parte de su calidad de vida.
Juez y parte
A fines de diciembre último, la Corte Suprema de Santa Fe rechazó definitivamente el pedido de relocalización de la obra que formuló la Asamblea Ciudadana de Casilda y se le comunicó al ex presidente del cuerpo, Gutiérrez, en una reunión en la que los vecinos fueron acompañados por el intendente Andrés Golosetti y el senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi.
En su escrito, la cabeza del Poder Judicial califica como «inviable» la propuesta formulada, y además insta a la intendencia para que «a la mayor brevedad posible adopte las medidas necesarias, y restablezca el permiso de edificación respectivo que permita la continuidad de la obra». Los trabajos, con un pemiso provisorio, habían sido suspendidos por flojedad de papeles y el rechazo ciudadano.
La Corte Suprema, en el mismo escrito, negó que la obra de los nuevos tribunales carezca de un informe de impacto ambiental, pero los vecinos insistieron en que, pese a pedir ese documento que debe ser de acceso público, nunca lo obtuvieron.
Como el mandante de los trabajos es el propio máximo tribunal provincial, la Asamblea de Casilda expuso la particularidad de que el cuerpo se constituye en «juez y parte» para resolver el conflicto.
