El Ciudadano
Vecinos y ambientalistas de la ciudad de Casilda que se oponen a que se construya la nueva sede de los Tribunales Provinciales en el Parque Municipal Sarmiento, resistieron hoy un operativo policial que intentó desalojarlos.
Vecinos y ecologistas casildenses se oponen a la decisión oficial de realizar la obra de los Tribunales Provinciales en el Parque, por considerar que ese espacio público es “pulmón verde, área protegida y humedal” de la ciudad.
Esta mañana, una veintena de uniformados intentaron desalojarlos del frente del Parque, donde los manifestantes realizaron una sentada pacífica.
“Al operativo policial que incluyó la presencia de personal y maquinarias para talar árboles, lo dispersó la propia gente, que se convocó en forma espontánea al ver a una veintena de policías con la aparente intención de reprimir”, dijo Luciana Luraschi, de la «Asamblea Casilda», a la agencia Télam.
Señaló que cuando a esa hora llegaron los primeros manifestantes “la policía no nos dejó ingresar, pero luego se replegó hacia el interior del Parque cuando observaron que crecía la concurrencia de vecinos”.
Según Luraschi, el reclamo para que no se construyan los Tribunales en el Parque Sarmiento “es legítimo” y que la Asamblea Casilda, ambientalistas y vecinos cuentan además “con numerosos argumentos legales y legitimidad social”.
“A esta altura ya tenemos unas 14.500 firmas y el aval de instituciones y organizaciones sociales de renombre”, reveló la ambientalista casildense.
Y agregó: “Es más, la semana pasada salió un comunicado del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, en el que hacen mención a las irregularidades vinculadas con la licitación de la obra y su documentación”.
La integrante de la Asamblea Casilda, señaló además que pese a las protestas de la ciudadanía por la obra de los Tribunales “las autoridades locales no se presentan en el Parque ni dan explicaciones”.
“El intendente local ni siquiera contestó la nota que se le envió la semana pasada para que sostenga la clausura de la obra en el Parque. En todo caso, la respuesta fue levantar la clausura”, indicó Luraschi.
Dijo que el Municipio local “intenta endilgarnos la supuesta multa que tendría que pagar (por la clausura de la obra), pero la responsabilidad es política porque se trata de un espacio público, y en todo caso, es el municipio el que tiene que responder”, añadió.
“De ninguna manera estamos en contra de que se construyan los Tribunales, sino que pedimos su reubicación y la no remoción del arbolado del Parque”, aclaró la ambientalista.
Tras apuntar que se desconoce qué autoridad judicial ordenó el operativo policial de hoy, Luraschi dijo finalmente: “no entendemos cuál es la lectura política que están haciendo de esta situación y hasta dónde pretenden llegar”.
Vecinos de Casilda reafirman su rechazo a un edificio de tribunales en el pulmón verde local
Obra deseada en lugar indeseado
Es la posición que sostienen vecinos de Casilda que se organizaron en una Asamblea Ciudadana. Resisten que la construcción de un edifico de Tribunales que concentrará dependencias hoy dispersas sea justo en el Parque Sarmiento.
Insisten en que se trata del único pulmón verde de la ciudad, definido como humedal por la ley provincial de áreas protegidas, además de un terreno bajo riesgo hídrico según un estudio de la UNR.
Plantar cemento allí, argumentan, resta en lugar de sumar para la calidad de vida de los casildenses. Hay un largo derrotero de este conflicto socioambiental cuyo último capítulo judicial se cumplió a fines de diciembre, cuando una audiencia de partes sirvió como corolario de una presentación de amparo en la que cada quien expresó su postura.
La obra más ambiciosa de la historia de Casilda
El lote en cuestión, de 3.650 metros cuadrados, tiene acceso por bulevar Ovidio Lagos, entre Catamarca y San Luis. La obra se promociona como la más ambiciosa en la historia de Casilda. Está proyectada una superficie cubierta total de 4.521 metros cuadrados en cuatro niveles más subsuelo para estacionamiento. Los trabajos incluyen una “refuncionalización” del parque Sarmiento que no está clara, sobre un espacio elegido por los casildenses para numerosas actividades de recreación, incluso escolares, deportivas e infantiles.
El convenio para la obra se firmó en 2007 con la cesión del predio, propiedad del Estado provincial, al Poder Judicial. Contó con el respaldo del Ejecutivo local, comandado por el entonces intendente y hoy senador provincial Eduardo Rosconi, y la aprobación del Concejo Municipal.
La iniciativa durmió tres lustros hasta que este 2022 se anunció la licitación pública 26/22, con un presupuesto de 1.300 millones de pesos y un plazo para la ejecución de la obra de 730 días a partir de la adjudicación. En paralelo, se reactivó la resistencia de miles de vecinos que pusieron sobre la mesa lo que consideran una irracional elección del sitio de emplazamiento.
El edificio fue pensado para alojar la Defensoría General, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, la Oficina de Gestión Judicial, el Fuero Penal, los Juzgados Civil 1 y 2, el de Familia, el de Menores, la Asesoría de Menores, el Juzgado de Circuito, la Fiscalía de 1º Instancia, la Cámara Gesell y un futuro Juzgado Laboral.
Hoy son instancias desperdigadas en la ciudad, muchas de ellas en locaciones alquiladas. Los vecinos no se oponen a su unificación, sí a que sea, como sostienen, a costa de avasallar el pulmón de la ciudad y con ello parte de su calidad de vida.
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