La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica–Cambiemos) pidió a la justicia que cite a declaración indagatoria a la procuradora Alejandra Gils Carbó por considerar que fue «partícipe necesaria de maniobras de encubrimiento agravado» a favor del empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero, y de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A través de un escrito que presentó este martes ante el juez Martínez de Giorgi, Carrió argumentó que durante el gobierno kirchnerista «la jefa de los fiscales utilizó los fiscales ad hoc por ella designados para garantizar la impunidad de Báez y sus verdaderos jefes, los funcionarios políticos más poderosos de ese entonces».
Para la diputada, la Procuración General sacó del requerimiento fiscal a Báez con el propósito de desvincularlo de la causa iniciada por el reporte de operaciones sospechosas, remitido por la Unidad de Información Financiera.
«Resulta evidente que la Procuradora ha sido partícipe necesaria de maniobras de encubrimiento agravado respecto de al menos Lázaro Báez y de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, a saber, la ex Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner», sostuvo la diputada.
Carrió apuntó contra Carlos Gonella, quien se desempeñó al frente de la Procelac, y Omar Orsi, quien actuó como fiscal ad hoc a cargo del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de ese organismo.
Gonella y Orsi están procesados por el delito de prevaricato porque el año pasado desistieron de imputar y aportar elementos de prueba reunidos en la Procelac contra Báez, cuando fue denunciado por lavado de dinero.
«Los hechos de estos días demuestran que a quien los funcionarios de la Procuración sacaron del requerimiento fiscal –Lázaro Báez– es hoy el principal investigado en la causa de la que lo quisieron librar», insistió Carrió en su escrito.
