Dos vigiladores y dos empleados policiales que hacían adicionales en el boliche Ming River House el 24 de febrero del 2020 fueron imputados por el homicidio simple con dolo eventual de Carlos «Bocacha» Orellano. Según la acusación fiscal, la víctima fue retirada del local bailable y en el interior del complejo La Fluvial lo rodearon contra la baranda a la altura del muelle III, y aprovechando su superioridad numérica y física lo golpearon y condicionaron a saltar la baranda y tirarse al río. Su cuerpo emergió dos días después en el Paraná. El juez actuante tuvo por formalizada la audiencia y dejó al cuarteto detenido preventivamente.
La inexplicable muerte de Bocacha se transformó en un constante reclamo de justicia de su familia y allegados. Este lunes se manifestaron en la puerta del Centro de Justicia Penal, donde a media mañana el fiscal Patricio Saldutti imputó a los uniformados Karina Gómez, su pareja Gabriel Nicolossi —que ya fueron imputados en diciembre pasado por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica de documento público agravada, circunstancia en el que el segundo quedó detenido preventivamente— y a los patovicas Emiliano López y Claudio Maidana por el delito de homicidio simple con dolo eventual, es decir que debieron haberse representado la posibilidad de que podían matarlo. Audiencia de la que además participaron los abogados querellantes.
Caso Bocacha: caen una policía y dos vigiladores del boliche Ming y habrá imputación por homicidio
El 23 de febrero de 2020 Bocacha fue a bailar con amigos. Durante la madrugada del 24 fue sacado por la seguridad del lugar porque supuestamente intentó pasar al sector vip, reconstruyó su familia. El cuerpo fue hallado flotando en el río a la altura del muelle III de las instalaciones de La Fluvial el 26. Luego de muchos reclamos de la familia y diversas medidas probatorias, la última un informe del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada de la UBA sobre la médula ósea de Bocacha que concluyó que el joven cayó con vida al agua, el fiscal Saldutti le imputó la muerte a cuatro personas.
La imputación
Según la teoría de la acusación, luego de sacar a Orellano del local, entre las 4.30 y las 5 la custodia mixta del local rodeó a la víctima en el interior del complejo, lo arrinconó contra la baranda a la altura del muelle III y aprovechando la superioridad numérica y física ejerció violencia: los custodios lo golpearon determinándolo a saltar la baranda y arrojarse al río.
Para el funcionario, tardaron media hora en avisar a Prefectura y al 911 y brindaron una información diferente de lo que había ocurrido. Gómez dijo a Prefectura que vio a una persona apoyada en la baranda y cuando volvió la vista ya no estaba. Para la teoría fiscal, sembraron la versión de que la víctima estaba alcoholizada, se pasó del otro lado de la baranda y se cayó sola al río sin brindar datos de la intervención que habían tenido en el hecho.
Para la fiscalía, especialmente Gómez omitió decir la verdad y luego los imputados se fueron sin prestar colaboración en las tareas de rescate y evitaron que Prefectura pudiera llevar adelante con éxito las tareas de rescate. Tras la imputación el juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva para el cuarteto por el plazo de ley, por lo que estarán detenidos preventivamente al menos dos años mientras avanza la investigación.
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Otros dos acusados
En la causa además se imputó en diciembre al entonces jefe de la comisaría 2ª de Paraguay 1123, Pablo Bagli, de 42 años, y la sumariante de ese momento, Brenda Leis, de 34. Lo hizo el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy, quien los acusó formalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A Leis por omitir cumplir en forma inmediata las órdenes de la fiscal de Homicidios Culposos Valeria Piazza Iglesias, que intervino en un primer momento, ya que la versión era de que el joven se había tirado al agua. La directiva era “recabar y secuestrar las cámaras ubicadas en la zona de La Fluvial de Rosario, respecto del hecho ocurrido en fecha 24/02/2020” y a Bagli además le achacó que, en lugar de ir al boliche y secuestrar las filmaciones de las cámaras de seguridad, llamó al encargado del local para que se las llevara a la comisaría.
