Cuatro policías serán acusados este viernes por delitos relacionados con el incumplimiento de sus funciones en la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven de 23 años cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná el pasado 26 de febrero frente al muelle III en la Fluvial.
Bocacha había salido a bailar al boliche Ming River House dos días antes de que se conociera ese trágico desenlace y a 290 días no se conocen responsables de su muerte ni avances significativos en la causa. Ahora, luego de varios reclamos por parte de sus familiares y centenares de allegados, dos de los uniformados que hicieron adicionales esa noche en la discoteca y otros dos –el entonces comisario de la seccional 2ª y una sumariante– serán acusados por dos fiscales de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público agravada en calidad de coautores.
Según adelantaron fuentes judiciales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal Patricio Saldutti –fuertemente cuestionado por la familia de Bocacha– pedirá imputar a Karina Gómez y Gabriel Nicolossi, quienes hicieron adicionales el 24 de febrero en Ming River House, por “omitir informar en esa oportunidad «la interacción» que mantuvieron ambos y el personal de seguridad del boliche” (patovicas civiles) con Bocacha, “como así también no dar aviso a la Fiscalía de forma inmediata sobre «esta situación mencionada»”. Gómez, según el legajo fiscal, fue quien dijo haber visto esa noche que un pibe que se había caído al agua.
Además, la sospecha es que ambos uniformados –en un mal desempeño de su función– “no documentaron debidamente su actuación, lo que impidió al personal de Prefectura contar con información necesaria para las primeras acciones de búsqueda y rescate” de Bocacha.
Este mismo viernes al mediodía, el fiscal de la Unidad de Violencia institucional Gonzalo Fernández Bussy acusará por incumplimiento de los deberes de funcionario público al entonces comisario de la seccional 2ª Pablo Bagli y a la sumariante Brenda Leis bajo presunción de que “no realizaron en forma inmediata las medidas de investigación libradas por la fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos Valeria Piazza Iglesias, quien intervino en una primera instancia a raíz de las denuncia por la desaparición hecha en esa dependencia.
Pocas horas antes de que encontrarán a la víctima, la tardanza del personal de la seccional 2ª en llevar a cabo medidas para dar con Bocacha ya había quedado en evidencia y la Fiscalía anunció una investigación de oficio. Entonces, se secuestró el libro de guardia de la comisaría de Paraguay 1123 y la fiscal dio intervención a la Agencia de Control (ex Asuntos Internos) y a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional.
Lo ocurrido la madrugada del lunes 24 de febrero en la Fluvial dista de estar esclarecido. Muestra de ello es que los cuatro policías son las primeras personas que serán imputadas, en libertad, a casi diez meses de la oscura muerte de Bocacha. “Se nos ríen en la cara”, dijo Edgardo Orellano, padre de Bocacha en una entrevista, quien remarca cada vez que puede que su hijo fue asesinado junto a la impunidad que lo llevó a cuestionar a la Fiscalía de Homicidios.
Justicia por Bocacha: «Se nos ríen en la cara y nos hicieron perder ocho meses»
Diatomeas
El cuerpo de Bocacha fue exhumado hace una semana con el fin de extraer una nueva muestra para hacer un peritaje de diatomeas (referido a un grupo de algas unicelulares) ya que los forenses concluyeron que la muestra que se tomó en febrero en la autopsia no resultaba fiable, según refirió el informe que emitió la Morgue de la Corte Suprema de la Nación en la ciudad de Buenos Aires donde se procesará esta nueva evidencia.
Exhuman el cuerpo de Carlos «Bocacha» Orellano para extraer una nueva muestra biológica
A finales de mayo, los abogados querellantes Salvador Vera e Irina Picard presentaron ante la Fiscalía una serie de medidas que incluyeron pedidos de toma de declaraciones y la imputación para los dos policiales que hicieron adicionales, el dueño del boliche, el jefe de seguridad y dos patovicas.
En la presentación, los querellantes hicieron un pormenorizado análisis de las declaraciones tomadas a estas personas, a los testigos de esa noche y también de las pruebas recolectadas hasta el momento y solicitaron “que el fiscal disponga las detenciones de esas personas y la imputación por el delito de homicidio agravado por la participación de dos o más personas” para la uniformada Karina Laura Gómez y su pareja el policía Gabriel Nicolossi. Y para los civiles: el dueño del local Guillermo W., el jefe del personal de seguridad, Fabián M. junto a los patovicas Emiliano L. y Graciela A. G.
Querella solicitó medidas e imputaciones para seis personas en la causa de Carlos «Bocacha» Orellano
