El pasado 28 de marzo se inició en Rosario un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El mismo contempla un aspecto especial, diferente de otros debates -como ocurre en cada uno-: tiene como víctimas a cuatro personas señaladas por otros sobrevivientes como colaboradoras de la represión.
Se trata de Ricardo Miguel “Cady” Chomicki y su ex esposa Nilda Virginia Folch, alias Polaca, y la pareja José «Pollo» Baravalle, que se suicidó en 2008 en Italia, y Graciela Porta, conocida como Porota. Sus casos, todos ellos ex militantes montoneros, los analiza el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mateo José Basaniche y Cinthia Graciela Gómez.
En marzo de 2012 el TOF N°2 había absuelto a Chomicki. En esa causa, conocida como Díaz Bessone o Feced I, fue investigado como presunto autor de 19 casos de secuestros, cinco casos de torturas y como miembro de la asociación ilícita que operó el grupo de tareas en el ex Servicio de Informaciones, ubicado Dorrego y San Lorenzo.
Quienes ingresan como víctimas a un centro de tortura, ¿pueden convertirse en victimarios? ¿Se puede exigir una ética militante, digna, heroica a alguien bajo tortura? ¿Pueden ser igualados unos y otros? ¿Todos pueden opinar sobre este tema? Según las circunstancias ¿todos podríamos hacer daño? ¿Qué motivos llevaron a estas personas víctimas, colaboradoras (¿represoras?), a no romper el silencio una vez terminada la dictadura? Cuando la crueldad y el abismo del terror son la norma, ¿qué queda de la condición humana?
Debate moral, debate jurídico o ambos
Por entonces, entre 2010 y 2012, se hizo pública la gran polémica entre los organismos de derechos humanos y la misma Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esta última y organizaciones como HIJOS tomaron una definición: quienes entran como víctimas a los centros de detención y tortura no pueden ser juzgados al par de los organizadores y ejecutores del terrorismo de Estado.
Gabriela Durruty, abogada querellante en causas de lesa humanidad e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH-, recordó el momento como un verdadero «parteaguas en las querellas».
«Con nuestro equipo, éramos Jesica Pellegrini, Daniela Asinari y Leticia Faccendini y yo, en representación de Familiares y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y un grupo muy nutrido de sobrevivientes, acusamos en aquel momento de la primera elevación de Feced a Ricardo Miguel Chomicki en consonancia con las instrucciones dadas por nuestros representados y representadas, dado que se trataba de una de las cinco personas que fueron acusadas como parte integrante de la patota desde enero de 1984, en las primeras denuncias radicadas por los sobrevivientes de forma unánime», desarrolló.
Aclaró Durruty que, por entonces, «sólo estaba sentado en el banquillo de los acusados Chomicki porque su esposa Folch estaba prófuga». Actualmente, no participa del juicio que se lleva adelante, en el que Chomicki testimonia como víctima pero la abogada contó a este medio que a los sobrevivientes de aquel centro clandestino de detención -CDD- «los afectó muy íntimamente la noticia de este juicio y que se haya resuelto su inicio en marzo», mes del aniversario del golpe militar.
Para Durruty es importante destacar «que esta persona fue absuelta en Feced I pero no porque no cometiera los delitos sino precisamente porque los cometió, a entender del tribunal, por estado de necesidad exculpante».
Así explicó: «Los jueces entendieron que no podía reprochársele sus actitudes, sus delitos, pero ni siquiera por un estado de necesidad justificante que hubiera eliminado el delito. Me parece que es en principio un dilema jurídico que se nos presenta porque Chomicki en su momento declaró como imputado y el perjurio no está penado en nuestra legislación, pero ahora está declarando como testigo y su testimonio contradice el de la abrumadora mayoría de los sobrevivientes que estuvieron detenidos en el momento en que él estaba en el Servicio de Informaciones, por tanto esto deberá resolverse al momento de la sentencia».
Por su parte, Adolfo Villate, fiscal general de la Unidad de Asistencia a las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Rosario, consideró: «Lo que nosotros evaluamos es que no corresponde en este juicio revisar lo que se dijo en aquella oportunidad, porque lo que estamos analizando en este momento son las primeras 24 o 48 horas desde que fueron secuestrados y torturados. Folch fue violada tres veces. Estamos circunscribiendo el objeto procesal del juicio a este primer momento, desde el inicio de la privación de la libertad hasta que son liberados. No corresponde entrar en lo que ellos hayan hecho con posteridad como resultado, entendemos, de esos tormentos y violaciones. No queremos volver a someterlos a ellos a un proceso por el cual ya fueron absueltos y sobreseídos».
Para Durruty no se trata de casos donde las víctimas revelan datos o fueron obligadas a salir de los CCD con los represores sino de personas que pasaron a formar parte del aparato represivo. En este sentido, plantea la necesidad de establecer matices. La pregunta que cabe y que sigue sin saldar en el campo de los derechos humanos es si una persona que sufrió los tormentos sobre su cuerpo y psiquis puede ser juzgada de la misma manera que quienes la llevaron a esta situación.
«Entrar a debatir sobre sus eventuales colaboraciones a esta altura es un juicio moral pero no puede ser un juicio jurídico», planteó Villate. Según el fiscal no hay motivos para relativizar la condición de víctimas de ninguna de estas personas cuyos casos hoy son investigados.
«Los documentos oficiales dan cuenta del secuestro y de que estuvieron detenidas. Todos los mencionan como presos que colaboraron, pero que eran presos. Ambos, Chomicki y Folch, están en el informe Sotera del Destacamento de Inteligencia 121, donde él arma la estructura militar y política de Montoneros. Es decir, ya por figurar ahí son objetivos claros de la dictadura para secuestrarlos y torturarlos. Ellos eran considerados por Sotera como cuadros de relevancia, eran un objeto muy valioso para la dictadura», desarrolló el fiscal.
Alfredo Sotera fue oficial superior del Ejército Argentino y jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario desde el 6 de diciembre de 1975 hasta el 15 de diciembre de 1976. El informe secreto que cita Villate fue de su autoría y el documento fue entregado por otro miembro del espionaje militar, Adolfo Salzman, en la causa Guerrieri.
Villate también señaló que no hay elementos que indiquen que previo a los secuestros ni Chomicki ni Folch hayan tenido vínculo con la Policía. Durante los años del terrorismo de Estado, Agustín Feced fue el jefe de Policía local y líder de una patota que persiguió, secuestró, torturó, mató y desapareció gente en el centro de la ciudad.
Testimonio
El pasado miércoles 6 de abril, Chomicki declaró en esta causa que lo tiene como víctima y en la que están sentados en el banquillo dos miembros del grupo de tareas que operó en el SI: los ex policías Julio Héctor Fermoselle y Mario Marcote. Voceros del caso indicaron que también estuvieron imputados José Rubén «Ciego» Lo Fiego y Carlos “Caramelo” Altamirano, quienes fallecieron durante la instrucción del caso.
Chomicki describió su paso por la militancia política entre 1975 y 1976, año en que cumplió 18 y fue secuestrado el 1° de diciembre en un bar en zona norte, avenida Alberdi y Juan José Paso. Narró su paso a la clandestinidad y cómo fueron las primeras horas de secuestro. «Nos suben a dos autos distintos, porque alguien nos marcó, y nos llevan a la comisaría 10, pero cuando llegamos nos sacan inmediatamente y nos suben a otros autos y nos llevan a la Jefatura -Santa Fe y Moreno- tirados en el piso con los pies en la espalda. Cuando me ingresan al Servicio, el Ciego Lofiego dijo: «Cayó el Oso». Adentro supe después que tenían hasta mi registro dental”, dijo.
Acto seguido relató la sesión de tortura con picana y cómo podía oír los gritos de su pareja, Folch, al ser violada y torturada. En este sentido, contó: «Entonces pensé en dar algo, una información y dije la dirección de un compañero. Me llevan en un auto a la casa de Generoso Ramos Peralta, un colaborador periférico que prestó su domicilio para reuniones y a mí me alojó. Lo detienen también a su hijo, pero yo nunca bajé del auto. Me dejaron atado en el piso y así salimos al Servicio. Pero cuando se dieron cuenta de que el detenido no era muy importante, me empezaron a pegar».
Contó entonces que cuando Feced conoció a Folch le recordó a su propia hija y de alguna manera se compadeció. Allí comenzó el trato diferencial con los demás presos. Sin embargo, aseguró que su condición de presos se sostenía, que les fueron asignadas tareas como limpiar la sangre de la sala de tortura y que después del 15 de febrero de 1977 pasaron a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, así empezaron a tener visitas y salidas.
Una vez liberados, contó, con Folch se fueron a vivir a Mar del Plata. Dijo que continuaron bajo amenaza de los servicios de inteligencia y que tanto en 1984 como 2004 fue detenido pero nunca llamado a declarar como testigo. Es la respuesta que da al reclamo de los sobrevivientes que reclaman que nunca aportó ninguna información que ayudara a dar con el destino final de los desaparecidos que se siguen buscando.
Comienza este lunes en Rosario el juicio de la causa Folch, sin participación de organismos de DDHH
