Tres años después del fusilamiento de David Campos y Emanuel Medina se inició el debate oral. Se sentaron en el banquillo de los acusados 19 agentes policiales. Dos de ellos imputados de doble homicidio calificado y el resto por distintos delitos que van desde encubrimiento hasta abuso de armas. Pero la jornada se vio truncada por una cuestión técnica cuando una de las acusadas se quedó sin defensor. El tribunal a cargo de María Trinidad Chiabrera, Román Lanzón y Gonzalo López Quintana ordenó un cuarto intermedio y citó al defensor: éste dijo que había dejado de asistir técnicamente a la mujer y que además debía hacerse un hisopado porque tenía algunos síntomas compatibles con covid-19. Finalmente asumió el cargo el Servicio Público de la Defensa y se dispuso la suspensión del debate hasta el próximo viernes.
David y Emanuel fueron asesinados por balas policiales la mañana del 23 de junio de 2017 cuando ambos circulaban en un auto WV Up y comenzaron a ser perseguidos por la policía motorizada. Las víctimas se asustaron y continuaron la marcha. La persecución, a la que se unieron móviles del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica, terminó en Callao al 5700, donde el auto en el que iban los jóvenes se despistó e impactó contra un árbol y fueron baleados por agentes policiales que llegaron al lugar. Ambos murieron dentro del habitáculo del coche.
Por el hecho hay dos policías, Alejandro Bustos y Leonel Mendoza, acusados por el homicidio calificado de David y Emanuel y enfrentan un pedido de pena de prisión perpetua. Los otros 17 están involucrados por la comisión de distintos delitos: Marcelo Adolfo Escalante por abuso de arma calificado, encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica agravada, para él la acusación pidió 16 años de cárcel y 32 años de inhabilitación especial.
Hugo Daniel Baroni, Fernándo Hernán Varela, Paola Lorena Cano, Leandro Javier Cardozo, Claudio Sebastián Canclini, Aldo Ricardo Benítez, María de los Angeles Ramírez, Roxana Ramírez, Jésica Lezcano, enfrentan cargos por encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica. Con solicitud de penas de 12 años de cárcel y el doble del tiempo de inhabilitación, salvo para Lescano y Ramírez, para quienes el pedido es de 7 años de prisión y el doble de inhabilitación especial.
El resto llega al debate acusado por los mismos delitos. Ellos son: Walter Marcelo Ocampo, Alexis Iván Tanneur, Alejandro Luis Bolanios, Germán Jesús Mareco, Daniela Carolina Abraham, Pablo César García y Rosa Elena D´Angelo aunque para ellos las penas pedidas son de 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación, excepto para los dos últimos, para quienes la inhabilitación que reclamada es de 10 años.
El debate
La jornada estaba dispuesta para las 10.30. Se abrió el debate y, tras la presentación de las partes y los acusados, el tribunal se enteró de que Daniela Carolina Abraham se había quedado sin defensor particular. La acusada dijo que ya no contaba con la asistencia de los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez y pidió asistencia de la defensa pública.
El problema surgió en la inviabilidad de este requerimiento en la audiencia, ya que no había constancias en la Oficina de Gestión Judicial de una renuncia previa de los abogados. Entonces el tribunal pasó a un cuarto intermedio y citó a los letrados. Pasado el mediodía se reanudó la audiencia con el abogado Varela, quien dijo que no podía asumir la defensa porque se había quebrado la confianza cliente-profesional, por lo que no era conveniente seguir adelante con la tarea, contó una fuente vinculada al caso.
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La norma procesal sostiene en su artículo 119 que en caso que el defensor renuncie al cargo estará obligado a continuar en su desempeño hasta que el imputado proponga otro o le haya sido designado de oficio. Y no podrá renunciar durante las audiencias salvo imposibilidad manifiesta e imprevisible de ejercer razonablemente la defensa. Por lo que el tribunal le dijo a Varela que tenía que continuar hasta que Abrahan contara con una defensa eficaz. Entonces el letrado dijo que tenía turno para hacerse un hisopado, ya que presentaba algunos síntomas compatibles con covid-19, contó la fuente.
Ante esta circunstancia el tribunal dispuso que asuma la asistencia la defensora pública de turno, quien solicitó un cuarto intermedio para empaparse del caso, circunstancia que no admitió oposición del resto de las partes. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando tendrán lugar los alegatos de apertura, y se extendieron las prisiones preventivas de los dos acusados que están detenidos.
Ahora resta ver cuáles son las medidas de seguridad epidemiológicas que se conocerán en las próximas horas y cómo afectarán al servicio de justicia. Todo está dispuesto para que se retome el debate el próximo viernes; habrá que ver si la pandemia lo permite. La acusación está a cargo del fiscal Adrian Spelta, representan a la querella Santiago Bereciartúa y Federico Garat y las defensas están a cargo de defensores públicos y privados. La familia es acompañada además por la Multisectorial contra la Violencia Institucional.
Arranca juicio oral y público contra 19 uniformados por el doble homicidio de David y Emanuel
