El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca dispuso que el próximo 24 de octubre se realice una nueva inspección ocular en el territorio donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel, en Villa Mascardi, Bariloche, en el marco de un desalojo de tierras.
El homicidio ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en un territorio disputado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi. El 12 de diciembre del mismo año se desarrolló la primera inspección que permitió la recolección de 31 vainas servidas pertenecientes a disparos efectuadas con munición 9 mm. de armas oficiales.
Por ese hecho cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina están siendo juzgados en la instancia oral y pública, desde el 15 de agosto pasado.
Sergio Cavia es el principal acusado por el delito de «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa», mientras que sus pares Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, están procesados como «partícipes necesarios» por el crimen.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, los tres jueces que integran el Tribunal -y que preside Alejandro Silva- resolvieron la realización de una nueva inspección ocular en el lugar.
La medida busca establecer de manera definitiva el lugar donde fue ultimado Nahuel, ya que, según entienden los abogados de las querellas, el grupo de mapuches fue perseguido por los Albatros más allá de los límites del territorio que había reclamado y ocupado la comunidad.
De la inspección participarán Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes estaban junto a Nahuel cuando recibió el disparo, y bajaron su cuerpo en una camilla improvisada.
También estará Johana Colhuan, prima del joven asesinado, quien se encontraba al lado de la víctima. Los testimonios de los tres -la semana pasada- fueron clave para reconstruir lo sucedido en el momento del homicidio.
El abogado de tres de los Albatros procesados, Marcelo Rocchetti, anticipó este martes que sus defendidos no concurrirán a la diligencia judicial. El letrado había cuestionado su realización y dijo que los cambios en la vegetación y los hechos producidos desde el homicidio -como el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, ocurrido el 4 de octubre de 2022- hacen infructuoso el intento de reconstrucción en el territorio.
Previo a la realización de la inspección resta que declaren ante el TOF doce testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal. La insistencia por la presentación de los testigos fue cuestionada por las querellas que representan a la familia de Nahuel, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la APDH Bariloche. Las calificaron como «redundantes», teniendo en cuenta lo escuchado hasta el momento en el juicio.
Este martes, en la audiencia número 15, declararon cuatro testigos. Tres de ellos estuvieron casualmente en el lugar del hecho a la hora aproximada en la que fue asesinado Nahuel: circulaban por la ruta 40 sur, con dirección El Bolsón a Bariloche, y se encontraban regresando de excursiones turísticas y de eventos en la zona del paraje El Manso.
Las tres camionetas en las que circulaban fueron detenidas por la Policía ante los sucesos a la vera de la ruta. Pablo Javier Curlo, Pablo Camargo y Alejandro César Moler Poulsen relataron que vivieron «momentos de tensión» mientras esperaban que terminen los hechos. Curlo aseguró que escuchó «disparos» que provenían desde la montaña, y que observó como dos personas bajaban un cuerpo en una camilla improvisada. Camargo y Moler dijeron no haber escuchado disparos.
Los tres, en tanto, detallaron que observaron en la ruta a personal de una fuerza de seguridad apuntando con sus armas hacia la montaña, aunque dijeron no haberlos visto disparar.
El cuarto testimonio que se escuchó en la audiencia de este martes fue el de uno de los testigos del «desarmamiento» de los efectivos del grupo Albatros, que se realizó en una estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA) ubicada a unos 500 metros del territorio de la comunidad mapuche, donde los uniformados debieron entregar sus armas y cargadores. Los dichos del testigo no aportaron información nueva al debate.
