En una sesión conjunta, la Legislatura provincial suspendió este jueves por 60 días y al jefe de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional Rosario Adrián Spelta. Según votaron diputados y senadores, le corresponde sanción por una “falta grave”: haber acordado con la defensa del luego asesinado Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, quien había cumplido condena por el atentado contra el entonces gobernador Antonio Bonfatti, un arresto domiciliario en el marco de un caso de triple tentativa de homicidio. De acuerdo con la decisión incumplió así la normativa que regula el tipo de beneficio al que accedió el detenido, quien resultó ejecutado el 25 de octubre de 2019 en una lujosa casona de barrio La Florida. Allí cumplía la prisión domiciliaria y estaba junto a otras dos personas cuando sus asesinos cometieron el fatal ataque.
Mataron a Ema Pimpi, con prisión domiciliaria y condenado por ataque a Bonfatti
El funcionario judicial terminó por esta cuestión, atizada en su momento por algunos medios, como pato de la boda de un acuerdo entre partes que avalaron dos jueces cuya acción no fue amonestada, en el marco de un renovado y agravado enfrentamiento entre legisladores y funcionarios judicialesl Los primeros utilizaron el mecanismo de sanciones disciplinarias que, por ejemplo, en el caso del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, terminó en la destitución de su puesto como titular del Organismo de Investigaciones.
Tras la nueva estocada, la Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación volvió a hacer público su rechazo a la ley 13.807: “Afecta la autonomía funcional del MPA y la división de poderes, desplaza al juez natural, exime al legislador de dar fundamento de su voto, peca de vaguedad y debilita aquello que hoy día se debe fortalecer”.
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La investigación y posterior sanción contra el fiscal Adrián Spelta, que recibió 58 votos a favor y dos abstenciones, comenzó cuando asesinaron a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, condenado por el atentado contra el entonces gobernador Bonfatti en 2013, e implicado en el intento de un triple homicidio en el marco de un caso de disputa de territorio para narcomenudeo. Lo que llamó la atención es que Ema Pimpi se encontraba en una casa de La Florida cuando fue asesinado en 2019 porque contaba con prisión domiciliaria, acordada entre el fiscal y el defensor de Ema Pimpi, Fausto Yrure.
A partir de esa situación, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura decidió por unanimidad, pedirles a las Cámaras una sanción de 90 días de suspensión para el fiscal por haberle otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria a Ema Pimpi. Claro que esa domiciliaria fue avalada por el juez Hernán Postma, a quien se le había abierto proceso en el tribunal de enjuiciamiento, trámite que luego fue desestimado.
En marzo de 2018 Ema Pimpi fue detenido en Fray Luis Beltrán. Lo habían denunciado por un ataque a balazos a una casa donde se encontraban tres jóvenes, quienes resultaron heridos gravemente. Esta balacera ocurrió el 27 de junio de 2017 en Gallardo y Cavia, cerca de un búnker de drogas del barrio Parque Casas. También detuvieron por el mismo hecho a Lucas Sandoval, hermano de Ema Pimpi.
Confirmaron la condena a 11 años de cárcel a Lucas Sandoval, hermano de Ema Pimpi
Para el fiscal Spelta ambos habían participado del ataque, e imputó a Emanuel por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego y portación de arma de guerra. La jueza de primera instancia Paula Álvarez le dictó la prisión preventiva efectiva por 45 días. Lucas, en tanto, ya había sido imputado por el mismo hecho un mes antes, el 4 de febrero de ese año.
En mayo de 2018 se celebró una audiencia para prorrogar la prisión preventiva de Ema Pimpi. Al cumplirse ese plazo, en junio, y al revisar la situación cautelar, Spelta y el abogado de Emanuel acordaron la detención domiciliaria, que fue avalada por el juez Hernán Postma.
Spelta señaló que había aceptado la prisión domiciliaria que dispuso Postma porque la prueba que vinculaba a los hermanos Sandoval debía ser reforzada. A mediados de agosto de 2018 se produjo un antecedente en torno de la causa, cuando Lucas Sandoval rompió la tobillera electrónica y se fugó. Luego fue recapturado el 25 de septiembre.
Declaran inconstitucional la ley que faculta a los legisladores para sancionar al fiscal Spelta
A partir del crimen de Ema Pimpi, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura decidió por unanimidad pedirles a las Cámaras una sanción de 90 días de suspensión para el fiscal, quien recurrió a los tribunales laborales rosarinos y, en septiembre del año pasado, obtuvo un fallo favorable de la Sala II de la Cámara Laboral, que aseguró que la norma era inconstitucional y que el Poder Legislativo invadía con esa ley las facultades propias del Poder Judicial. Pero desde la Fiscalía de Estado presentaron un recurso de queja ante la Corte, que se expidió avalando a la Legislatura como órgano que puede sancionar a los fiscales.
En el debate previo a la votación del pleno de legisladores, en una sesión que presidió el titular provisional del Senado, Rubén Pirola, el senador Lisandro Enrico recordó los pormenores del caso que instruyó la Comisión Bicameral de Acuerdos luego de que la auditora del MPA María Cecilia Vranicich elevara la pesquisa administrativa. De acuerdo con el legislador de la UCR, Spelta incumplió la ley 13.746, que ya estaba vigente al momento del acuerdo con Yrure y que hacía más rígidos los requisitos para las prisiones domiciliarias.
“Es un fiscal reconocido, pero en esta causa se equivocó. Que este caso sirva para que los fiscales y los jueces apliquen procedimientos legales. No es el ánimo perseguir a ningún fiscal”, se atajó Enrico, ya que el régimen sancionatorio es cuestionado por integrantes de otros Poderes del Estado, y también por la Asociación de Fiscales, que semanas atrás emitió un duro comunicado contra diversos actores institucionales de la provincia tras conocerse una denuncia del senador Armando Traferri contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra por “persecución judicial”.
Duro descargo de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA tras la denuncia de Traferri
El diputado Carlos del Frade, del bloque Frente Social y Popular-Ciudad Futura, señaló antes de la votación que hay que rediscutir ese régimen disciplinario: “Hay voces de la vida política e institucional que hablan de persecución institucional a fiscales. Necesitamos debatir el alcance de la ley para que no haya sospechas y se garantice la transparencia”, advirtió el legislador.
Por su parte, el abogado penalista Gustavo Feldman llamó “decisión sin sustento jurídico” a la suspensión. “Nunca un accionar dentro de la ley puede dar lugar a una sanción. Spelta actuó dentro de la ley y no desobedeció ninguna resolución. Y advirtió que Sandoval fue asesinado “18 meses después” de la concesión de la domiciliaria y que en el ínterin “nadie dijo nada”. Y aclaró: “No se trató de una prisión domiciliaria. Fue una medida de coerción personal alternativa a la prisión preventiva, consagrada en el artículo 219 del Código Procesal Penal, acogida e instrumentada por dos jueces; decisión ésta que nunca fue nulificada ni recurrida”.
Para el letrado, quien abrió un hilo en Twitter sobre la sanción, “la ponderación «política» que se hace en estos enjuiciamientos no es una patente de corso para violar la Constitución y la ley”. Y completó: “Sancionar a alguien por una decisión antipática pero legal viola el principio de legalidad de raíz constitucional”.
El dictamen de la Comisión de Acuerdos fue votado ampliamente a favor: los 15 senadores presentes de los 19 que componen la Cámara alta, y 43 de los 45 diputados que asistieron a la sesión conjunta; los otros dos se abstuvieron. En la Cámara baja hay 50 bancas.
