Franco Casco era un pibe pobre, de 20 años, que el fin de semana del 5 de octubre de 2014 llegó a Rosario desde Florencio Varela a visitar a su familia de Empalme Graneros. El 7 de octubre perdió el tren que lo llevaba de vuelta a su casa y no se supo nada más de él hasta el 30 de octubre, cuando cerca del Parque de España encontraron un cuerpo comido por los peces flotando en el río, pero con el nombre de su hijo de 3 años grabado en el brazo. Como en todos los casos en los que las fuerzas de seguridad están involucradas, durante el tiempo en el que estuvo desaparecido había anuncios de que había sido visto con vida en diferentes lugares. Pero lo real es que nadie lo buscó. Las masivas marchas pidiendo su aparición con vida, las interpelaciones a la Justicia provincial que no lo buscaba, comenzaron a activar el sistema que no funciona de la misma manera cuando se trata de alguien que vive fuera de los bulevares. Elsa y Ramón Casco dejaron su Florencio Varela natal y se subieron al interminable tren que por unos pocos pesos los traía a Rosario. Fue Ramón quien lo buscó en la terminal, quien obtuvo los datos de que el joven había estado detenido en la comisaría 7ª. Cuando apareció el cuerpo, las versiones judiciales aseguraron que no presentaba signos de violencia. Una larga lista de irregularidades e indiferencia no dejan dudas de que Franco murió porque era joven y pobre. No lo buscaron. No allanaron la comisaría donde estuvo preso, no incautaron el libro de guardia, ni siquiera apartaron a los policías de la investigación. A tres años de una batalla judicial por conseguir justicia, la Justicia Federal, donde se tramita la desaparición forzada del joven, mandó a detener 27 personas, la mayoría policías. Entre ellos figuran dos altos jefes como el titular de Asuntos Internos, Aníbal Candia, a quien ya se le tomó declaración, y el titular de la comisaría 7ª en el momento de la desaparición. Todos quedaron alojados en la sede de Gendarmería, ya que la Justicia Federal excluyó a la Policía de Santa Fe de todos los operativos.
Cuando la desaparición forzada de Santiago Maldonado golpea fuerte en el corazón de muchos argentinos, la detención de los policías que mataron o encubrieron a los homicidas de Casco hace soplar un aire fresco sobre la justicia. Sin embargo, parece que en los casos en los que los que matan están uniformados, se seguirá el mismo manual para encubrir y distraer, no importa la fuerza que actúe. Y en el caso de Rosario, el río es la gran alfombra debajo de la cual se oculta la muerte. Como en la dictadura lo fueron los vuelos de la muerte. Sin embargo este lunes comenzó a transitarse el camino de la justicia.
“No tengo dudas que a Franco Casco lo mataron y lo tiraron al río”, dijo ayer el fiscal Marcelo Digiovani, que había solicitado la detención de 21 policías con distintos grados de participación en el homicidio del joven. A este pedido se sumó el de la querella que amplió a 31 el número de policías sospechados. También incluyó en el reclamo al médico forense Raúl Rodríguez que realizó la autopsia y a dos peritos odontológicos que figuran entre los detenidos.
Fuentes de la investigación aseguraron que el primero en declarar fue Candia, aunque sospechan que seguirá detenido, y en los próximos días continuarán las indagatorias.
La semana pasada, la Multisectorial contra la Violencia Institucional realizó una conferencia de prensa en la puerta de los Tribunales Federales. Allí realizaron varios anuncios. Uno de ellos, quizás el más grave, es que la familia desconocía si el cuerpo que enterró es el mismo que encontró en el río, después de estar más de 20 días desaparecido. Dos exámenes de ADN que se hicieron entre el cuerpo exhumado y los familiares dieron negativo. Por eso la querella de su padre, Ramón Casco, pidió nuevos estudios y responsabilizó al Instituto Médico Legal. Solicitó además que indaguen por encubrimiento agravado al forense Raúl Rodríguez, a dos odontólogos y a la médica policial. Todos ellos están detenidos. El pedido de indagatoria se extiende a 31 policías entre personal de la comisaría 7ª y de Asuntos Internos, para quienes también pidieron la privación de libertad. La Fiscalía, en tanto, pidió la indagatoria para 21 integrantes de la Policía de Santa Fe, sin pedido de prisión. El juez Carlos Vera Barros hizo lugar a los pedidos y este lunes por la mañana comenzaron las detenciones.
“Estoy un poco más contento por la presentación de la indagatoria, más allá del terrible crimen. Espero que se haga justicia y que esto no le vuelva a pasar a ningún chico porque la pérdida de un hijo es terrible”, dijo a El Ciudadano Ramón Casco, el padre de Franco.
Los policías detenidos son 26 agentes policiales de la comisaría 7ª, que estuvieron de guardia los dos días que Franco estuvo detenido, y tres agentes jerárquicos de la división de Asuntos Internos a quienes se acusó por privación ilegítima de la libertad. La querella pidió la prisión preventiva porque consideró que hay peligro de entorpecimiento judicial y de fuga. Y el juez le dio la razón.
El pedido de indagatoria cayó también sobre otros dos oficiales de Asuntos Internos, pero esta vez por encubrimiento agravado. Se los cuestiona por presionar y amenazar a los cerca de 40 internos que vieron a Franco y dieron testimonio de lo que ocurrió esa noche.
Tanto la querella como la Fiscalía coincidieron en lo que pasó en octubre de 2014. Dijeron que a Franco se lo detuvo el lunes 6 a la noche, cuando lo golpearon hasta matarlo para luego desaparecerlo en el río. Más de 20 días después el cuerpo se encontró en el Paraná con sogas de amarre que sacaron antes de presentarlo. La querella evaluará, en una segunda etapa, la responsabilidad de los agentes de Prefectura.
“Entendemos que el Ministerio de Seguridad de la provincia debería cambiar su actitud y cautelar a las personas que ellos saben que participaron de la desaparición forzada. Esperamos que el doctor Carlos Vera Barros pueda avanzar en el sentido de las tres querellas, y que indague y detenga a estas personas”, dijo el abogado de Casco, Salvador Vera, quien se mostró conforme con el trabajo de la Fiscalía Federal Nº1.
El cuerpo
A casi tres años de la muerte, la familia no sabe si el cuerpo enterrado en el cementerio de la localidad bonaerense de Florencio Varela pertenece a Franco. Dos exámenes de ADN dijeron lo contrario.
El primer resultado negativo llegó a principios de enero de este año. Lo hizo el Instituto Médico Legal con muestras de sangre de los padres de Franco y del cuerpo exhumado.
Para el segundo estudio se usó una muestra del hijo de Franco. También dio negativo. La querella no sabe si el cuerpo enterrado no es el de Franco o si se alteró el protocolo de preservación de las muestras. Pedirá nuevos análisis al Equipo Argentino de Antropología Forense, pero esta vez con las muestras extraídas del cuerpo rescatado al que la familia identificó.
Peritaje
La querella cuestionó el accionar del Instituto Médico Legal y atribuyó fallas en la pericia forense. Según explicó Vera la autopsia arrojó que al cuerpo de Franco le faltaban tres dientes. Desde el Instituto Médico Legal dijeron que los perdió después de muerto y que ellos no contaban con peritos odontológicos. Un nuevo peritaje de la sede federal aportó otra versión: los dientes los perdió en vida y en forma traumática.
En julio la querella consiguió un allanamiento en la sede local del Instituto Médico Legal. No encontraron ninguna pericia odontológica. Una semana después, el forense mostró un informe que decía que a Franco le faltaban sólo dos dientes. La querella lo consideró falso y acusará al forense (ex médico policial) Raúl Rodríguez, a dos odontólogos del Instituto Médico Legal y a la legista de la Policía de encubrimiento agravado. Para ellos también pidió la indagatoria.
