A casi tres años de su muerte, la Justicia Federal, donde se tramita la desaparición forzada del joven bonaerense, mandó a detener 27 personas, la mayoría policías. Entre ellos figuran dos altos jefes como el titular de Asuntos Internos, Aníbal Candia, y el titular de la comisaría 7ª en el momento de la desaparición.