La participación de civiles para encubrir el homicidio de Franco Casco fue denunciada desde un comienzo por los abogados de la familia del muchacho que tenía 20 años cuando apareció flotando en el río Paraná tres semanas después de ser detenido en la seccional 7°, el último lugar donde lo vieron con vida. La causa está caratulada como desaparición forzada seguida de muerte y la lleva adelante la Justicia Federal, que hasta el momento procesó a 18 policías que irán a juicio oral y público. Así lo confirmó la Cámara de Apelaciones que con su aval dio lugar a que la Fiscalía renueve un viejo pedido: que sean indagados dos odontólogos y un vecino por encubrimiento y falso testimonio. El juez Carlos Vera Barros los citó para este miércoles.
Tanto la Querella como la Fiscalía señalaron una grave irregularidad institucional sobre el informe odontológico fechado el 30 de octubre de 2014, el mismo día que sacaron a Franco del agua. Ese informe de tres fojas que lleva la firma de los docentes de la Cátedra de Odontología Legal de la UNR Elisandro G. y Aníbal P. fue incorporado a la causa casi tres años después, en julio de 2017, con el argumento de que estaba “traspapelado”. Según esa pericia, –que figura como realizada a las 11.30 horas siendo que el acta del levantamiento del cadáver está firmada dos horas después, a las 13.30– al joven le faltaban dos piezas dentales cuyo desprendimiento no fue traumático sino debido a su mala salud dental.
Para el fiscal federal Guillermo Lega esa irregularidad “invalida en efecto la veracidad de dicho informe y a criterio de esta instrucción, se encuentra conformado el estado de sospecha por falso testimonio”.
En la misma línea se expresó Salvador Vera, querellante por el hijo y la hermana de Franco, quien recordó los argumentos de los jueces de Cámara que confirmaron el procesamiento de 18 policías. “Sorprende mucho y es muy subjetivo que ese informe odontológico apareciera tres años después, luego de la declaración del médico forense que tenía a su cargo la autopsia de Casco y que declaró que el Instituto Médico Legal (IML) no contaba con odontólogos forenses. También parece subjetivo que esa pericia no fue ordenada por ningún fiscal del Ministerio Público de la Acusación, ni por ninguna autoridad competente y tampoco fue notificada a ninguna de las partes intervinientes, situación que genera un contexto de muchísimas dudas respecto de la veracidad del informe”, dijo Vera. “Desde la Querella consideramos que el informe es infundado, carece de soporte documental respaldatorio y refiere a la pérdida de dos piezas dentarias cuando el dictamen de los forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dan cuenta de la perdida de tres piezas dentarias en vida y de forma traumática”. Para Vera, ese informe se condice con las declaraciones de los 14 detenidos que declararon que la noche del 6 de octubre de 2014 Franco fue sometido a vejaciones y tormentos físicos dentro de la seccional 7°.
También está previsto que este miércoles se le tome declaración indagatoria a Daniel C., el vecino de barrio Luis Agote que según la acusación fue quien sirvió de coartada a la Policía para justificar la detención ilegal de Casco. Se estima que el juez Vera Barros lo acusará por encubrimiento y falso testimonio.
Vera recordó que Daniel C. se contradice en cada una de sus declaraciones. “Las diversas testimoniales lo ponen en una situación de gran déficit y falta de consistencia en su declaración. La cámara trascribe parte literal de su testimonio en la sede de la fiscalía federal cuando dice que en el momento que denuncia no tenía los anteojos y no veían casi nada, sin poder reconocer si la persona era mayor o menor, varón o mujer. Sin embargo en otra declaración describe con precisión cómo estaba vestido Casco y supuestos cruces de miradas”, detalló Vera, quien recordó que según ese vecino, Franco fue detenido el mediodía del 7 de octubre y no la noche del 6. Además de las contradicciones, el abogado querellante dijo que los registros telefónicos del hombre no coinciden con sus dichos.
Desde el equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, querellantes en la causa, recordaron este martes en un comunicado que el pedido de indagatoria de los tres civiles lo solicitaron hace un año “considerando que la participación de civiles es una cara de esta investigación que necesita esclarecimiento y justicia”.
Las indagatorias están previstas desde las 9.30 de este miércoles, y luego, el juez tendrá un plazo de 10 días para dictar o no su procesamiento.
Hasta el momento son 18 los policías que irán a juicio por desaparición forzada seguida de muerte, ya que 12 fueron desvinculados y uno recibió falta de mérito. Diez uniformados brindaban servicios en la seccional 7ª, incluido el jefe de esa dependencia, y están acusados de someter a torturas hasta su muerte a Casco, junto a otro policía sindicado como el chofer del comisario. Sobre los 11 pesa un delito que prevé perpetua. También están procesados dos agentes de Asuntos Internos por encubrimiento.
Franco tenía 20 años, era papá y trabajaba de albañil en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Había pasado unos días en Rosario visitando unos tíos hasta la noche del 6 de octubre de 2014, cuando desapareció al ir a tomar el tren para volver a su casa. Tras una semana de incertidumbre su familia se enteró que esa noche había sido detenido en la comisaría 7ª, el último lugar donde lo vieron con vida. Su cadáver apareció flotando frente al Parque España 22 días después de su desaparición, el mismo día que una masiva movilización exigía a la Policía que brinde datos.
