El juez federal Carlos Vera Barros que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco indagó este miércoles a dos docentes de la Cátedra de Odontología Legal y Forense de la Universidad Nacional de Rosario por falso testimonio y encubrimiento a raíz de un informe realizado en el cuerpo del muchacho que está fechado dos horas antes de que su cadáver sea levantado del agua y que fue incorporado a la causa casi tres años después porque estaba traspapelado. La medida había sido solicitada por la querella y la Fiscalía luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara el procesamiento de 18 policías que irán a juicio oral. En su declaración, ambos profesionales admitieron un error en la fecha del informe y aclararon que al realizarlo desconocían que se trataba del cuerpo de Casco ya que hicieron su práctica sobre un cadáver no identificado (NN).
Elisandro G. y Aníbal P., integrantes del Departamento de Identificación Cadavérica de Odontología Legal y Forense fueron indagados ayer por el juez federal N°3 Vera Barros por los delitos de encubrimiento y falso testimonio por las irregularidades en una pericia. En la misma, los odontólogos sostienen que las dos piezas dentarias que le faltaban a Casco se le desprendieron por su mala salud bucal y no de forma traumática. El abogado defensor de ambos profesionales, José Alcacer, dijo a El Ciudadano que los peritos sostuvieron su informe durante la indagatoria.
En relación a la fecha, que figura el 30 de octubre a las 11.40 siendo que el cuerpo fue levantado ese mismo día a las 13.30, Alcacer dijo que los dos profesionales asumieron haber cometido “un error material” al errar en el día y aclararon que la práctica la realizaron en el horario establecido pero el 31 de octubre, es decir, al día siguiente. El abogado dijo que esos dichos fueron respaldados con fotos tomadas con un celular que entregaron a la Justicia: “Aportamos constancias notariales con los datos extraídos de las fotos del iPhone el 31 de octubre a las 11.40”.
En relación a la incorporación de esa pericia en el expediente, que tuvo lugar casi tres años después y luego de un allanamiento al Instituto Médico Legal (IML), Alcacer explicó que el informe odontológico que realizaron sus clientes fue entregado el 5 de noviembre de 2014. Pero que cuando en 2017 les pidieron la pericia sobre el cuerpo de Casco dijeron que no la habían hecho, porque no lo sabían, ya que al momento de hacerla el cuerpo era NN. Según Alcacer lo notaron al revisar sus archivos donde se dieron cuenta que sí habían actuado en la causa de Casco y le entregaron el duplicado de ese informe al IML, sin alterar la fecha del 30 de octubre de 2014, pese a que estaba mal. Por último aclaró que los odontólogos fueron convocados a realizar la pericia por medio de un convenio ad honorem que tienen con el IML.
También ayer el juez Vera Barros tomó indagatoria a Daniel C., el vecino de barrio Luis Agote que según la acusación fue quien sirvió de coartada a la Policía para justificar la detención ilegal de Casco. El hombre contó con una defensora pública y su descargo no trascendió.
El cadáver de Franco apareció flotando en el río Paraná, a la altura del parque España, el jueves 30 de octubre de 2014, cuando llevaba tres semanas desaparecido y varias movilizaciones en reclamo de su aparición. La última tuvo lugar ese mismo día cuando una multitud encabezada por sus padres, organizaciones sociales y de derechos humanos se apostaron frente a la comisaría 7° para exigir su aparición con vida, ya que desde su detención en esa comisaría nadie lo volvió a ver.
Según la teoría acusatoria, que entre otras pruebas se basa en los testimonios de 14 personas que estaban presas la noche del 6 de octubre, Franco fue privado de la libertad ilegalmente y sometido a tormentos físicos y torturas dentro de un cuarto transitorio de la seccional 7° donde murió.
Una vez que la causa pasó al fuero federal como desaparición forzada de persona y muerte fueron indagados 31 policías santafesinos, de los cuales 18 irán a juicio oral.
