El auditor general de Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leando Mai, ingresó un informe a la Legislatura provincial tras un sumario contra la tarea desempeñada por el fiscal Aldo Gerosa en la investigación a Marcelo Galaz, acusado de violar a su sobrina durante 6 años. En 83 páginas del escrito, el auditor detalla 6 conductas disvaliosas que ameritan el análisis de la Legislatura en el marco del artículo 62 bis de la ley 13.013 que establece mecanismos de sanción y remoción de fiscales por mal desempeño.
Mai investigó al fiscal por irregularidades en su conducta, denunciadas por la víctima y por agrupaciones feministas que la acompañaron, y elevó un informe a la Legislatura para abrir un proceso y aplicar una sanción que va desde la suspensión hasta la destitución.
Según precisó el diputado Fabián Palo Oliver, el auditor le reprocha al fiscal Gerosa que no corresponde otorgar al imputado el beneficio de la prisión domiciliaria; la revictimización de la denunciante; y el acuerdo abreviado en Reconquista sin cumplir los requisitos establecidos, ya que carecía de la firma de conformidad de la víctima. También le cuestiona al fiscal un pedido inicial de condena de prisión por 32 años, que luego en un acuerdo abreviado redujo a 22 años y que finalmente acordó en 7.
“Es la forma de reparar a la víctima. Que se revea la investigación en un acuerdo que aún no está homologado y que el Estado garantice el resarcimiento de un hecho tan aberrante”, dijo Oliver a Lt8 en relación al informe.
A su vez, cuestionan la posible influencia del senador radical Orfilio Marcón, perteneciente al mismo espacio político que Scarpín, para quien trabajaba el acusado. Según señalaron, Marcón visitó los tribunales de Reconquista un día antes del inicio del juicio oral que fue suspendido. También le cuestionaron a Gerosa haber ido a la casa de la víctima con el modelo de acuerdo para hacérselo firmar. “Había mucho interés en que la víctima firme el acuerdo”, señaló Oliver quien había presentado un pedido de informe a la cámara de Diputados provincial para investigar las actuaciones fiscales.
“Gerosa y Marcón reconocen que mantuvieron una conversación, en la que Gerosa le debe haber pedido que interceda para ayudarlo en el concurso como juez y Marcón seguramente le pide a cambio que trate de beneficiar al acusado porque las actuaciones de Gerosa indican que no puede justificar un cambio de actitud de bajar de 32 a 7 años el pedido de condena”, agregó Oliver y consideró evaluar la responsabilidad del fiscal regional Rubén Martínez tras avalar el acuerdo.
Actuaciones cuestionadas
Oliver había presentado un proyecto para que la Cámara de Diputados provincial pida al Ministerio Público Fiscal (MPA) información respecto de las actuaciones del fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, y de sus subordinados, los fiscales Aldo Gerosa y Juan Marichal. Oliver consideró “las denuncias de la víctima acerca de la revictimización recibida, de las recriminaciones y el trato denigrante por parte del fiscal Gerosa; el sorpresivo cambio de carátula que implicó bajar un pedido de condena de 32 años de prisión a uno de 7, producto del acuerdo en juicio abreviado, con intervención del fiscal Marichal previa anuencia del fiscal general”.
También pidió explicaciones sobre la presencia de Marcón en Tribunales de Reconquista, previo a la suspensión del juicio oral que benefició a Galaz. “Es inmoral el intercambio de información entre Gerosa y el senador Marcón, a los fines de conocer el avance de su situación en un concurso judicial, a cambio de que Marcón pregunte si había posibilidades de realizar un acuerdo por juicio abreviado”, agregó.
El caso
A fines de abril, el ex secretario privado de Dionisio Scarpin, Marcelo Galaz, confesó ante un tribunal de Reconquista haber abusado sexualmente de su sobrina entre los 4 y los 10 años. Fue condenado a una pena de siete años de prisión en un juicio abreviado.
Condenaron a siete años de cárcel a ex secretario del senador Scarpin por violar a su sobrina menor
El ex funcionario de la localidad de Avellaneda, y colaborador del senador nacional por Juntos por el Cambio, deberá pagar una indemnización de 6 millones de pesos a la víctima, de los cuales ya pagó la mitad y le queda el saldo que deberá abonar el 29 de mayo.
Galaz fue condenado por los hechos de “abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en número indeterminado de veces, con acceso carnal reiterado”. Su víctima era su sobrina menor de edad, de la que abuso durante más de 6 años.
La investigación del hecho fue realizada por el fiscal Aldo Gerosa, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, quien al presentar la acusación hacia Galaz había adelantado un pedido de pena de 32 años de prisión.
La condena fue acordada por el abogado defensor, Ricardo Degoumois, y por quien asesora a la víctima, el abogado Gabriel Baucero, con participación del fiscal Juan Marichal y presentada ante el juez penal Santiago Banegas, en los tribunales de Reconquista.
Sin embargo, a principios de mayo, Banegas se negó a homologar el acuerdo bajo el argumento de que carecía de “libertad” para fallar en virtud de las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial, Marcelo Barraguirre, que había adelantado que haría una investigación sobre el caso luego de conocerse un audio con la voz del fiscal Gerosa, refiriendo que el senador Marcón le pidió que terminaran con el caso antes de comenzar la campaña electoral, ya que el acusado había sido secretario privado de Scarpín cuando era intendente de Avellaneda.
Reconquista: juez se negó a homologar el acuerdo entre abusador y víctima por dichos del procurador
Vulneraciones
La Mesa Por mí, Por Todas y Todes Avellaneda denunció «las reiteradas vulneraciones y malos tratos que la justicia regional tuvo y tiene para con la víctima» y aseguró que Gerosa le dijo que «le soltaría la mano» porque no quería complicaciones a su posible nombramiento como juez.
La organización que acompañó a la víctima denunció las actuaciones de Gerosa y de la psicóloga de la unidad, quienes según la víctima y su madre no les garantizaron “un debido asesoramiento y acompañamiento, ocultando información, ejerciendo mal trato verbal y amenazas, vulnerando sus derechos».
