El fiscal de Reconquista Aldo Gerosa será sancionado este jueves por la Asamblea Legislativa por su desempeño en el caso Marcelo Galaz, acusado de violar a su sobrina menor durante años.
Aldo Gerosa será suspendido de su cargo hasta que dure la investigación judicial sobre su cuestionada actuación en el caso de Marcelo Galaz (ex secretario privado del senador radical por Santa Fe Dionisio Scarpin), está acusado de violar durante seis años a su sobrina menor de edad.
Una auditoría del Ministerio Público de la Acusación realizó un dictamen muy adverso contra Gerosa por su actuación en este caso. Fueron descubiertas gravísimas irregularidades, y brinda los argumentos para que el fiscal sea “destituido en el cargo”. “Revictimizó” a la chica violada, dio un “trato indecoroso”, la “molestó” y “presionó para que firme un acuerdo abreviado” que le redujo la pena al violador de 32 años a solo 7, considerando al proceso judicial como escandaloso.
Previamente a la Asamblea Legislativa de este jueves se reunieron diputados y senadores, convocados por la vicegobernadora Alejandra Rodenas tras el dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos en el marco de la denuncia y trámite de remoción iniciado a Gerosa.
La suspensión de Gerosa fue solicitada ante la Comisión de Acuerdos por la diputada socialista Erica Hynes. La legisladora es la que lleva adelante la investigación de la actuación del fiscal de Reconquista en base al informe de la Auditoría de Control del propio Ministerio Público de la Acusación (MPA). El organismo consideró “gravísimo” el caso y lo elevó directamente al Poder Legislativo.
Gerosa está cuestionado por su actuación en el caso Galaz, quien admitió haber violado durante seis años a M, su sobrina menor de edad, no obstante el mes pasado un tribunal de Reconquista aceptó una pena abreviada a pedido de las partes y Galaz debió resarcir con dinero a la víctima, además de purgar siete años de prisión. No dejó de llamar la tención que la pena que en principio pedía la fiscalía contra el ex secretario de Scarpin era de 32 años de cárcel. Distintos datos indican que las presiones de la política están en el centro de este bochorno judicial.
El propio fiscal Gerosa reconoció en un audio que se difundió públicamente que el senador provincial Orfilio Marcón (Juntos por el Cambio) le pidió información sobre la causa contra Galaz y le reclamó que terminaran con la misma antes de comenzar la campaña electoral 2023, ya que podía perjudicar las chances de Scarpin, que se postula como precandidato a diputado provincial por el Frente de Frentes.
Galaz fue detenido el 21 de julio de 2021 en la Municipalidad de Avellaneda, donde trabajaba como secretario privado del entonces intendente Scarpin, que ese mismo año fue electo senador nacional en la fórmula de Juntos por el Cambio que compartió con Carolina Losada. Además, Galaz fue dirigente de la Juventud Radical y actuó en forma muy cercana al senador del departamento General Obligado Orfilio Marcón.
La Comisión Acuerdos de la Asamblea Legislativa declaró tiempo atrás la admisibilidad del trámite sobre el fiscal de Reconquista, que aceptó bajar la pena de Galaz a cambio de una suma de dinero para la víctima, mediante un acuerdo que fue aceptado por la Justicia, aunque ese fallo provocó una fuerte polémica.
La diputada Hynes, en esa comisión bicameral, había solicitado la suspensión preventiva de Gerosa, con disminución del 50% del sueldo por el lapso que dure el procedimiento. También pidió la prohibición de ingresar al ámbito físico de cualquier dependencia del MPA en todo el territorio provincial.
En esta causa, los diputados provinciales Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué, formularon una denuncia judicial contra Galaz, Gerosa y el fiscal regional Rubén Martínez.
Luego el caso arribó a la Legislatura porque el auditor general de Gestión del MPA, Leonardo Mai, elevó a la presidenta de Acuerdos, la socialista Lionella Cattalini, un legajo disciplinario acerca de Gerosa donde se inhibe de continuar el procedimiento disciplinario para que actúe directamente el Poder Legislativo, que se ha reservado esa facultad sobre fiscales y defensores del sistema penal.
Acusación contra el fiscal Galaz
A Galaz le imputan ser autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes a su sobrina menor de edad, reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado también en un número indeterminado de veces.
El violador comenzó con los abusos sexuales contra su sobrina en el año 2000, cuando ella era una niña de cuatro años de edad. Arrancó después del fallecimiento del abuelo de la víctima, en enero de ese año, y continuaron -en un número indeterminado de veces- durante unos seis años. Cesaron entre 2005 y 2006.
Galaz se aprovechaba de la niña cuando la madre y la abuela de la víctima cumplían horario laboral; y ambos quedaban solos en una vivienda del barrio Nuevo, de la localidad de Avellaneda, en el norte santafesino.
Los abusos cesaron cuando la menor comprendió los hechos y le advirtió a su tío violador que si volvía a tocarla le iba a contar a su mamá. Desde entonces, solo le hizo caricias ocasionales. Todo esto quedó constatado en sede judicial y fue admitido por el propio Galaz.
A Galaz también se le reprochó haberle ocasionado a su sobrina un trastorno por estrés traumático que, entre otras cosas, le impide relacionarse con personas de género masculino, la que le provoca rechazos de amor consciente, imposibilidad de relacionarse físicamente con otras personas, no tolerar un tratamiento físico como los abrazos, problemas escolares, pérdida de contacto con familiares para evitar estar con el agresor, alteración del ritmo del sueño, insomnio, pesadillas, ánimo con tendencia a la depresión y ansiedad, entre otras alteraciones.
“¿Cómo llamarte? Marcelo, tío, abusador?
En la audiencia judicial final la víctima pidió la palabra y dijo ante la presencia del imputado, su violador: “¿Cómo llamarte? Marcelo, tío, abusador, tantas personalidades de una misma persona, mi diablo personal más de dos décadas. Ruego a Dios que esta sea la última vez que te vea. Literalmente, podría estar horas y horas leyendo sentada todo el daño que me hiciste. Mucho más de lo que se pueda llegar a imaginar. O preguntarte por qué. ¿Qué te hice para que me odiaras tanto? ¿Cómo pudiste lastimarme de esta manera? Pero la realidad es que esto no nos llevaría a nada, porque no hay una respuesta que valga frente a un hecho tan atroz como un abuso».
El desgarrador testimonio continuó: «Lo que es difícil de decirte es que ya no te odio y no me arruinaste la vida. Sí, teñiste de tristeza gran parte de mi niñez, mi adolescencia y el inicio de mi vida adulta, pero hasta aquí. Basta. Hasta acá te dejo llegar. El resto de mi vida es mía, solo mía. Y el aspecto del odio, durante años, tuvo un deseo recurrente, en buscarte de sorpresa, golpearte y dejarte tirado en el piso sangrando, sufriendo. Porque eso fue exactamente lo que vos hiciste conmigo. Como un buen cobarde, me tomaste desprevenida cuando era una niña sin herramientas ni recursos para defenderme. Me destrozaste y me dejaste tirada de un charco de sangre, pero entonces algo pasó. No sé cómo ni en qué momento. Hoy está en la terapia, el paso del tiempo o Dios. Pero ya no te odio. No quiero lastimarte. Porque estoy consciente de que el hecho de que vos sufras no va a mitigar mi dolor. Comencé a sanar el día que solté el odio para concentrarme en mí. Y por eso voy a perdonarte. Hoy no. Hoy todavía no puedo. Pero voy a trabajar para estarlo porque me lo merezco. Merezco una vida en libertad y armonía. Porque el abuso no me define a mí. El abuso te define, te definió y siempre te va a definir a vos, Marcelo».
En sus últimas palabras pidió al Poder Judicial que haga una «autocrítica para que ninguna otra víctima sufra la revictimización que yo sufrí a manos del fiscal Aldo Gerosa y su equipo». Refirió a malos tratos que ya informó tanto al fiscal regional como al fiscal general de la provincia, «esperando que tomen las medidas correspondientes, porque considero que estamos en el año 2023 y hay cosas que ya no podemos tolerar». Recordó que está vigente la ley Micaela; y que «todos los integrantes del Poder Judicial deberían tener perspectiva de género».
