El fiscal Adrián Spelta presentó ayer una acusación formal contra dos uniformados de la Policía de Acción Táctica involucrados en el crimen de Jonatan Herrera, ocurrido en enero de 2015. Con este requerimiento tres de los cuatro efectivos imputados originalmente enfrentarán un juicio oral por el hecho. El dato surgió durante una audiencia donde la Fiscalía solicitó la unificación de las querellas –por un lado la madre de la víctima y por el otro la entonces pareja de Herrera en representación de su hijo menor–. En el mismo acto se trató la prórroga de la prisión preventiva para tres de los imputados. En el fervor de la discusión jurídica que tuvo puntos de contradicción interesantes, una defensora tuvo un comentario desacertado que dejó sorprendidos a los presentes por el tenor de sus palabras. Sus dichos, que tuvieron como fin desacreditar a la familia de la víctima, le valieron un pedido de apercibimiento por parte de la Fiscalía. El caso pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando el juez Gonzalo López Quintana dará a conocer su decisión sobre las cuestiones planteadas.
En la causa que investiga el crimen de Jonatan Herrera, ocurrido el 4 de enero de 2015 cuando el muchacho lavaba su automóvil y fue confundido con un ladrón que escapaba de la Policía, existen dos querellas. Una de ellas representa a la madre de la víctima y otra a su hijo menor a través de su madre. En un inicio ambos familiares fueron representados por el mismo cuerpo de abogados, pero desavenencias entre María Elena, la madre de Herrera, y los letrados llevaron a que el vínculo profesional se disolviera y la mujer buscara otros patrocinantes.
Desde los últimos meses del año pasado se barajó la posibilidad de que tres de los cuatro imputados arribaran a un juicio abreviado por abuso de armas, con una pena de 3 años de cárcel, pero ello generó la negativa de María Elena, quien propugna un juicio oral y público para los responsables. En diciembre pasado el fiscal Adrián Spelta acusó formalmente por el delito de homicidio calificado a Ramiro R., para quien solicitó una pena de prisión perpetua. Según peritajes, fue el autor de uno de los dos disparos mortales, el que le dio a la víctima en la zona hipogástrica. El otro tiro que le pudo causar la muerte fue en el cráneo y no pudo determinarse quién disparó, aunque dos de los otros tres policías acusados estaban en la línea de tiro.
Sobre estos tres policías, Alejandro G., Francisco R., y Luis S., existió una negociación entre la defensa a cargo de Sara Marcos y la Fiscalía para arribar a un abreviado aunque el convenio finalmente no se concretó para dos de ellos (Francisco R. y Luis S.), quienes ayer fueron acusados por tentativa de homicidio calificado, por lo cual el fiscal Spelta solicitó una pena de 12 años de cárcel, refirió una fuente del caso. Este dato surgió de una audiencia donde el fiscal requirió la unificación de las querellas, lo que avaló en sostener una línea de trabajo que no tiene como fin sacar a la madre de la víctima del proceso, según dijo. Ello abrió un debate técnico sobre los alcances normativos de la querella y la jurisprudencia aplicable que existe en el país sobre el tema.
Tanto las querellas –representadas por Paul Krupnik y Gustavo Feldman (por la ex esposa de Herrera) y Cintia Garcilazo y Analía Abreu (por la madre de Jonatan)– como el defensor Guillermo Alexander (representante de Ramiro R.) hablaron del derecho de los herederos forzosos a participar del proceso sin preeminencia de unos sobre otros. Sólo la defensora Sara Marcos, cuyos pupilos son Alejandro G., Francisco R., y Luis S., adhirió al pedido fiscal.
El exabrupto de la doctora
Marcos aclaró que el abreviado que negociaba para sus tres defendidos estaba en vías de formalizarse, pero el viernes pasado se enteró de que este acuerdo se había caído para dos de sus pupilos, lo que atribuyó a presiones mediáticas y políticas. “No sé por qué (la también abogada) Abreu me trata como una delincuente porque negocio un abreviado que está dentro de la ley”, afirmó. La letrada sostuvo que María Elena (la madre) vinculó la salida de su casa –la familia Herrera debió abandonar su vivienda el 24 de diciembre pasado tras recibir amenazas– a este proceso y la negociación del abreviado. A su vez agregó que la familia Herrera debió abandonar su hogar por una denuncia que se radicó en la seccional 16ª contra uno de sus integrantes por un grave delito. Ello le valió la objeción de la querella, pero la letrada redobló la apuesta y cuestionó la capacidad de María Elena para estar en el proceso, lo que derivó en una tajante intervención del juez.
A su turno, el fiscal Spelta cuestionó que la defensora ventilara una cuestión ajena al proceso donde cita a un inocente como autor de un delito y le solicitó que presentara pruebas sobre las presuntas presiones políticas que había citado. La defensora argumentó que no hablaba del fiscal y al pedirle que diera precisiones, sobre el grave señalamiento Marcos prefirió guardar silencio y Spelta pidió apercibimientos.
Luego se solicitó la prórroga de la prisión preventiva para Alejandro G. (quien probablemente terminará acordando un abreviado por abuso de armas, ya que no hay pruebas para imputarle el homicidio o la tentativa), Francisco R., y Luis S. El juez López Quintana dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes, donde dará a conocer su decisión sobre los planteos formulados durante la audiencia
