La Cámara Penal resolvió ayer dos apelaciones presentadas en la causa que investiga el homicidio de Jonatan Herrara, el joven de 24 años ultimado por policías en enero de 2015, frente a su casa de barrio Tablada. Por un lado, el juez Arturo Ivaldi Artacho confirmó que cuatro de los cinco uniformados imputados continúen tras las rejas hasta que comience el juicio, que dijo deberá ser antes del año entrante. Por otro, en una resolución que despertó polémica, dio lugar a pedido del fiscal Adrián Spelta de unificar las querellas revocando un fallo de febrero.
“Es una resolución lamentable. Un retroceso de siete meses en el tiempo, cuando en una audiencia evidenciamos las distintas posiciones que tenemos las querellas”, dijo ayer a El Ciudadano Analía Abreu, una de las abogadas que representa a María Elena, la mamá de Jonatan, que desde que murió a su hijo pelea para que los policías que dispararon sean juzgados en un juicio oral y público, a diferencia de Sabrina, quien tuvo un hijo con Jonatan a quien representa en la querella y quien ya manifestó su voluntad de firmar un juicio abreviado y la libertad de uno de los acusados.
“No hemos tenido descanso desde la semana pasada”, dijo Abreu en referencia a la libertad del policía Alejandro Gálvez, al tiempo que adelantó que se apelará con un recurso de inconstitucionalidad la decisión de Ivaldi Artacho que ordena la unificación.
Entre los argumentos que manifestó el juez en la audiencia de ayer, dijo que la actuación de las querellas está dirigida a un reclamo de justicia por una muerte trágica y que para evitar inconvenientes, agilizar la causa y brindar un mejor derecho a defensa de los policías es necesaria la unificación. El magistrado esgrimió no advertir que haya intereses contrapuestos entre las querellas y pidió que se fijara fecha de audiencia para su unificación.
Jonatan fue ultimado en la puerta de su casa mientras lavaba el auto en la vereda. Del tiroteo contra un solitario ladrón que pasó por allí participaron cinco efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT). Dos de ellos, Ramiro R. y Gladis G., están imputados de homicidio calificado; los restantes por el mismo delito en grado de tentativa: Francisco R., Luis S. y Alejandro Gálvez, quien había firmado un abreviado a tres años de prisión por abuso de armas que la cámara revocó y dejó sin efecto.
